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El Ministerio de Economía, que encabeza Sergio Massa, ratifica que las concesiones de las represas volverán a manos del Estado, luego de 30 años bajo gestión privada. Así quedó expresado en el proyecto de ley de presupuesto, que fue enviado al Congreso.
Además, detalla que habrá una nueva empresa estatal para administrar las hidroeléctricas. Continúan los cruces entre el Palacio de Hacienda y los gobiernos provinciales, que reclaman un manejo tripartito y el pago de un canon.
Cuando en 1993 se otorgaron las concesiones de las represas al sector privado por un plazo de 30 años, probablemente nadie imaginó que el vencimiento de ese extenso plazo caería en medio del proceso electoral con mayor incertidumbre del siglo XXI. Es que el 11 de agosto comenzaron a vencer las concesiones: fueron tres en esa fecha, hay otra que vence el 29 de diciembre, y son 22 en total, que tienen distintos plazos en 2024.
Ante este contexto, en junio de este año, la secretaria de Energía, Flavia Royón, dejó por escrito una nota de instrucción destinada a Agustín Gerez, presidente de Energía Argentina (ex Enarsa), en la que le solicitaba que se hiciera cargo de las represas.
El escrito pedía: “Adopte las medidas necesarias para encontrarse en condiciones de asumir transitoriamente la actividad de generación de energía eléctrica, ante la proximidad del vencimiento de las concesiones".
De hecho, ya desde 2022, el Gobierno creó lo que llamó Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados (Etahc) para elaborar un informe que detalle el estado de situación de cada concesión, lo que refiere a aspectos técnicos, económicos, jurídicos y ambientales. Además de la Secretaría de Energía, estuvieron a cargo Enarsa y la estatal Impsa.
Sin embargo, en julio de este año, apenas un mes después del pedido de Royón a Gerez, quedó establecido otro destino para las hidroeléctricas: a través de una resolución en el Boletín Oficial, Economía decidió extender las concesiones por “otros 60 días corridos, prorrogables por 60 días corridos, sin perjuicio de la facultad de la Secretaría de ampliarlo hasta el plazo máximo fijado en los contratos”.
La extensión inicial por 60 días implica que el complejo hidroeléctrico sigue en manos de las mismas concesiones privadas hasta el 10 de octubre, apenas 12 días antes de las elecciones generales. Y si finalmente se decidiera extenderlas por otros 60 días más, el nuevo plazo sería el 9 de diciembre, un día antes del cambio de gobierno.
En esa última resolución, Royón dispuso que Enarsa actuara como veedora durante ese período, y convocó a las provincias de Río Negro y Neuquén a que “propongan un representante para colaborar, conjuntamente con el Ministerio de Economía, durante el proceso”.
Finalmente, la última información sobre el futuro de las represas quedó por escrito en el proyecto de ley del presupuesto, que ingresó como establece la normativa el 15 de septiembre, aunque fuentes oficiales anticipan que será tratado en el Congreso después de las elecciones.
El artículo 78 de la ley de presupuesto establece: “A la finalización de las concesiones hidroeléctricas de jurisdicción nacional, la administración, operación y explotación de cada uno de los aprovechamientos hidroeléctricos otorgados oportunamente en concesión será asumida por ENERGÍAS HIDROELÉCTRICAS S.A.U., dependiente de ENERGÍA ARGENTINA S.A. (EASA) con el objetivo de asegurar la plena operatividad de las centrales, la continuidad de los servicios y el correcto funcionamiento de las instalaciones, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades por las obligaciones asumidas por los actuales concesionarios”.
Por lo que no solo ratifica la vuelta de las concesiones al Estado, sino que establece la creación de una nueva empresa llamada Energías Hidroeléctricas S.A.U, que depende de Enarsa, que “podrá comercializar la energía eléctrica producida por éstas”, y la “realización de actividades complementarias que resulten necesarias tales como estudios, proyectos, construcciones, renovaciones y ampliaciones de los bienes revertidos al Estado Nacional”.
Las concesiones que vencen este año son Alicurá, de AES Alicurá S.A.; El Chocón y Arroyito, de ENEL Generación; Planicie y Banderita, de Orazul Energy; y Piedra del Águila, de Central Puerto. Esta última es la única que finaliza en diciembre, las otras en agosto. Sin embargo, estas represas son las primeras cinco de un total de 22 complejos hidroeléctricos que vencerán.
De todos modos, por los plazos en los que calzaron estos vencimientos, en Economía admiten que el futuro de las concesiones “depende de la política”, es decir, de lo que pase en las próximas elecciones.
Hay distintas miradas entre los gobiernos provinciales, y también en las coaliciones que compiten en octubre. Esta semana, llegó al país el principal asesor energético de Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza. Se trata del consultor Eduardo Rodríguez Chirillo, que vive en España, a quien las empresas energéticas están ávidas de escuchar.
