NeuquenNews
La política latinoamericana ha desarrollado una especial habilidad para esconder la lucha por el poder bajo la apariencia de legalidad. Lo sabe Lula en Brasil, lo supo Evo Morales en Bolivia, y ahora Rafael Correa vuelve a recordarlo desde Bélgica, donde reside. Esta semana, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador confirmó la nulidad del informe de Contraloría que lo acusaba de un monumental sobreendeudamiento entre 2012 y 2016. ¿La razón? Violaciones al debido proceso y falta de sustento legal.
La sentencia da por terminada una causa que durante años fue repetida como mantra por medios afines al poder de turno y utilizada para erosionar la figura del exmandatario. En 2018, el contralor subrogante Pablo Celi —hoy investigado por corrupción— ordenó una auditoría especial que concluyó que la deuda pública había sido subestimada. El informe se volvió arma arrojadiza. Su contenido llenó titulares, informes parlamentarios y discursos de candidatos. La Justicia, sin embargo, acaba de decir otra cosa.
El juicio de los tecnócratas
No estamos hablando de una exoneración moral, ni de una absolución general de la gestión de Correa. Hablamos de un proceso judicial en el que la Contraloría fue incapaz de demostrar, con reglas claras, que el gobierno de Correa había falseado los datos de deuda. El informe DASE-0045-2018 no solo omitió garantías procesales básicas, sino que se construyó al margen del marco jurídico previsto para estos casos.
La propia Corte Nacional consideró que el recurso de casación de la Contraloría era inadmisible. Traducido: no había forma de sostener la acusación, ni siquiera en el plano técnico. Es el final de una narrativa que fue útil mientras duró, pero que ahora se desmorona.
Una victoria en el terreno de la narrativa
Rafael Correa, como era de esperarse, celebró. “¿Quién devuelve ahora los años de abogados y difamación?”, escribió. Pero el problema es más amplio: ¿cuántos informes, auditorías o denuncias han sido creados, no para esclarecer nada, sino para marcar la cancha del debate público?
El lawfare no necesita pruebas, necesita titulares. Y Correa fue uno de sus objetivos preferidos. Su figura divide a Ecuador entre quienes lo ven como el gran reformista de la década pasada y quienes lo consideran el origen de todos los males. Pero lo cierto es que la justicia le acaba de conceder una razón concreta: la de haber sido víctima de un uso político de los órganos de control.
¿Qué queda en pie?
Queda en pie la causa "Sobornos", por la cual fue condenado —in absentia— a ocho años de prisión. Queda también el deterioro institucional del Ecuador, que desde la salida de Correa ha transitado gobiernos frágiles, escándalos de corrupción, asesinatos políticos y una justicia cada vez más cuestionada.
Pero también queda una pregunta de fondo: ¿cómo se repara el daño cuando las instituciones son utilizadas como herramienta de persecución? ¿Cómo se reconstruye la confianza pública cuando los informes de los órganos de control no resisten el más mínimo examen judicial?
La política ecuatoriana, y por extensión la latinoamericana, no necesita más fiscales con ambiciones presidenciales, ni auditores con vocación de verdugo. Necesita instituciones sólidas, capaces de decir lo mismo hoy que dentro de cinco años.
Correa ganó un juicio, sí. Pero el precio de esa victoria es altísimo: siete años de estigmatización, persecución y exilio. Y un país que, en el fondo, sigue sin encontrar un rumbo claro.
