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Una investigación de ACIJ reconstruyó 5.170 denuncias contra jueces y juezas nacionales y federales desde 1999. De las 4.910 cerradas, apenas 64 terminaron en sanción o remoción. Otras 469 caducaron por el paso del tiempo y, en 633 casos, los datos públicos ni siquiera permiten conocer el motivo del cierre.

Un relevamiento de ACIJ e INECIP detectó saltos de hasta 84 puestos en concursos, cuestionó el uso de ternas para 20 candidaturas y señaló vínculos políticos o familiares que exigen explicaciones. La organización llevó parte de sus objeciones a la Justicia. Mientras tanto, el Senado ya había aprobado la mayoría de los pliegos al cierre del informe.

El acuerdo permitirá avanzar en acciones conjuntas de formación, investigación y perfeccionamiento, y se enmarca en la puesta en marcha de la Escuela de la Magistratura, con especial atención a facilitar el acceso a la capacitación de aspirantes de toda la provincia.

Con una causa por presunta estafa que sigue sin avances visibles, con allanamientos realizados hace casi un año y con miles de familias aún sin respuestas, la Cooperativa Las 127 Hectáreas La Sirena llamó a Asamblea General Ordinaria para el 3 de abril. La postal es preocupante: se votan cargos, se discuten balances y se simula institucionalidad mientras los damnificados siguen esperando que alguien, en serio, active el expediente.

Una comisión especial garantiza la continuidad del servicio judicial en la provincia, con foco en la atención de la población más vulnerable y en la resolución de casos urgentes.

Trabajadores del Poder Judicial realizarán este lunes un retiro y plenario provincial convocado por el sindicato SEJUN. La actividad se da en medio del conflicto salarial con el Tribunal Superior de Justicia, luego de que el gremio rechazara la última oferta y profundizara las medidas de fuerza.

El Poder Judicial de Neuquén gasta el 6,52% del presupuesto provincial, tiene el tercer costo por habitante del país y destina el 93% de su presupuesto a salarios. A cambio, opera con planta congelada, circunscripciones sin conectividad y un código procesal moderno sin recursos para implementarlo. El diagnóstico es simple: cobra caro y entrega poco.