Tribunal federal ordena al Gobierno aplicar de inmediato la Ley de Emergencia en Discapacidad

Un tribunal federal argentino ordenó al Gobierno nacional aplicar de manera inmediata la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793), al declarar inválido el artículo central del Decreto 681/2025, mediante el cual el presidente Javier Milei había suspendido su ejecución pese a haberla promulgado formalmente.

El fallo fue dictado este viernes por el juez federal Adrián González Charvay, a cargo del Juzgado Federal de Campana, quien consideró que el Poder Ejecutivo excedió sus atribuciones constitucionales al condicionar la aplicación de una ley sancionada por el Congreso, y más aún por insistencia parlamentaria tras un veto presidencial.

La norma, aprobada por el Congreso en julio de este año, declara la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta fines de 2027 y establece una serie de medidas destinadas a garantizar la continuidad de las prestaciones, la actualización de aranceles para prestadores, estándares mínimos de calidad y la participación efectiva de las personas con discapacidad en las políticas públicas que las involucran.

Si bien el Ejecutivo promulgó la ley, lo hizo junto con el Decreto 681/2025, cuyo artículo 2° suspendía su implementación hasta tanto se definieran fuentes de financiamiento específicas. Esa decisión fue cuestionada judicialmente a través de un amparo colectivo impulsado por familiares de personas con discapacidad y organizaciones del sector, que denunciaron el agravamiento de la crisis en el sistema de prestaciones.

En su resolución, el juez González Charvay sostuvo que una ley vigente no puede quedar supeditada a decisiones administrativas posteriores, y que la suspensión dispuesta por decreto vulneraba derechos fundamentales, en especial el acceso a la salud, la educación y la inclusión social de un sector históricamente vulnerable.

El magistrado ordenó al Estado nacional dar cumplimiento inmediato a la ley en todo el territorio argentino, sin perjuicio de las discusiones presupuestarias que puedan darse en el ámbito legislativo.

La respuesta del Gobierno

Desde el Poder Ejecutivo confirmaron que apelarán el fallo ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. Fuentes oficiales señalaron que el Gobierno no cuenta con los fondos necesarios para cumplir con la ley en las condiciones establecidas y advirtieron que la sentencia judicial interfiere en las atribuciones del Ejecutivo en materia fiscal y presupuestaria.

“No tenemos los fondos para hacerlo. Nos encantaría cumplir, pero carecemos de las asignaciones para poder hacerlo”, indicaron fuentes gubernamentales en declaraciones periodísticas.

Repercusiones

Organizaciones de personas con discapacidad, prestadores y familiares celebraron el fallo y lo consideraron un paso clave para frenar el deterioro del sistema, marcado por atrasos en los pagos, aranceles desactualizados y dificultades crecientes para sostener los servicios básicos.

La decisión judicial reabre así un debate de fondo entre derechos reconocidos por ley y restricciones fiscales, en un contexto de fuerte ajuste del gasto público y creciente judicialización de las políticas sociales.

La decisión judicial se inscribe en un escenario de creciente conflictividad entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, y de fuerte judicialización de las políticas públicas desde el inicio del gobierno de Javier Milei. En un marco de ajuste fiscal profundo, varias leyes sancionadas por el Parlamento han quedado parcial o totalmente sin aplicación efectiva, generando reclamos sociales y presentaciones judiciales. El fallo sobre discapacidad expone con nitidez ese choque: una ley vigente, respaldada por mayoría legislativa, frente a un Ejecutivo que prioriza el equilibrio fiscal incluso ante derechos sociales sensibles.

Contexto fiscal y prioridades de gasto

El fallo judicial se conoce además en un contexto de fuerte debate público sobre las prioridades del gasto estatal. En abril de 2024, el Gobierno argentino concretó la compra de 24 aviones de combate F-16 usados, fabricados en la década de 1980, a Dinamarca, en una operación aprobada y respaldada por los Estados Unidos y no operativos en la zona de Malvinas. El acuerdo, que incluye aeronaves, repuestos, armamento, entrenamiento y soporte logístico, tiene un costo estimado superior a los 300 millones de dólares, según cifras oficiales difundidas por el Ministerio de Defensa. La operación —presentada como estratégica para recomponer la capacidad aérea— contrasta con el argumento esgrimido por el Ejecutivo en la causa por discapacidad, donde se alegó falta de recursos presupuestarios para cumplir una ley destinada a garantizar prestaciones básicas a personas en situación de vulnerabilidad.