NeuquenNewsA menos de 72 horas del debate en el Senado, el Gobierno nacional volvió a introducir cambios en la reforma de la Ley de Tierras con el objetivo de reunir los votos necesarios para conseguir la media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La nueva propuesta surge en medio de negociaciones con gobernadores y bloques aliados, luego de que el oficialismo no lograra aprobar la iniciativa en cuatro intentos anteriores.
El principal cambio afecta uno de los puntos más sensibles del proyecto. La intención inicial era eliminar cualquier límite para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Ahora, la nueva versión fija un tope del 25% del territorio nacional, por encima del 15% establecido por la ley vigente desde 2011.
Según los borradores que circulan en el Congreso, el Gobierno dejó atrás la idea de liberalizar totalmente la venta de tierras rurales, aunque mantiene una flexibilización respecto de la normativa actual.
La propuesta establece que hasta una cuarta parte del territorio nacional podría quedar en manos extranjeras, siempre que las operaciones cuenten con una doble autorización: la aprobación de la provincia donde se encuentra el inmueble y la habilitación del Estado nacional.
Además, se mantiene la prohibición para que Estados extranjeros adquieran tierras rurales y se prevén controles específicos para empresas con participación estatal extranjera.
El oficialismo todavía no tiene asegurados los 37 votos necesarios para aprobar el proyecto. La Libertad Avanza parte de una base de 21 senadores propios, a los que espera sumar el respaldo del PRO y de sectores dialoguistas. Sin embargo, varios legisladores mantienen reparos y aguardan conocer el texto definitivo antes de definir su postura.
La presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, brindará este martes una conferencia de prensa para presentar las modificaciones que serán llevadas al recinto.
La Ley de Tierras vigente fue sancionada en 2011 y fijó un límite del 15% para la propiedad extranjera sobre tierras rurales. También estableció restricciones para la venta de campos ubicados junto a espejos de agua, zonas de frontera y superficies consideradas estratégicas.
El proyecto impulsado por el Gobierno nacional modifica varios de esos criterios y busca otorgar mayor participación a las provincias en la autorización de las operaciones, permitiéndoles además fijar sus propios porcentajes máximos de tierras en manos extranjeras.
Con las nuevas concesiones, la discusión ya no gira sobre la eliminación total de los límites, sino sobre hasta dónde puede ampliarse el acceso de capitales extranjeros a un recurso considerado estratégico para las provincias.
