NeuquenNewsPara analizar el Poder Judicial de Neuquén hoy, el punto de partida es el quiebre político de 2023. Rolando Figueroa llegó a la gobernación con el 35,6% de los votos, poniendo fin a más de seis décadas de hegemonía del MPN. Lo hizo como ex hombre del propio partido: que prácticamente fue expulsado de la interna y construyó una coalición transversal —Comunidad— con figuras del peronismo, el radicalismo, el PRO y dirigentes disidentes del propio MPN.
Este dato es esencial para entender la dinámica actual con el Poder Judicial: Figueroa no es MPN, pero hereda un TSJ cuyos cinco vocales fueron designados bajo los gobiernos anteriores del partido que él derrotó. La dinámica de captura política del tribunal no desapareció con el cambio de gobierno: simplemente cambió de ecuación.
La pregunta sobre si el Poder Judicial es caro o barato comienza aquí: ¿quién paga la factura?
El presupuesto 2025 asciende a $260.197 millones de pesos (Ley 3483, promulgada en noviembre de 2024). De ese total, el 93% —es decir, $241.697 millones— se destina al pago de salarios de magistrados, funcionarios y empleados. El resto, apenas $18.500 millones, cubre todo lo demás: infraestructura, tecnología, bienes de consumo, servicios.
El financiamiento tiene tres patas:
La dependencia del Tesoro no es nueva, pero se aceleró. En los últimos años, el aporte del gobierno cubrió en promedio el 30% de los gastos. En 2023, bajo la última gestión del MPN, esa proporción trepó al 50% proyectado. En 2025 y 2026, supera el 53%.
El mecanismo de auxilio también evolucionó. En 2023, el gobernador saliente Omar Gutiérrez creó por ley el Fondo de Estabilización de Presupuestos del Neuquén (FEPN), integrado originalmente con el 3% de la coparticipación federal (mitad aportada por el Ejecutivo, mitad por el Legislativo). En julio de 2025, Figueroa emitió un decreto, destinando los fondos acumulados del FEPN al Poder Judicial para cubrir su desequilibrio financiero. Los fundamentos del decreto lo admiten sin rodeos: "el Poder Judicial ha requerido asistencia financiera del Poder Ejecutivo durante el Ejercicio 2024, y hasta la fecha". El TSJ confirmó que los fondos irán a "gastos de funcionamiento". No hubo explicación oficial sobre por qué cambió el mecanismo de financiamiento.
El resultado de esta ecuación es que la Ley de Autarquía, sancionada hace más de tres décadas para blindar la independencia del Poder Judicial, se convirtió en letra muerta. El 18% de la coparticipación que le garantiza la ley nunca fue actualizado al ritmo del crecimiento del gasto judicial.
Neuquén es una de las jurisdicciones con mayor gasto judicial por habitante del país, ubicándose detrás de Tierra del Fuego y Santa Cruz —las dos provincias patagónicas de baja población y alto gasto estatal por estructura—. Comparativamente, Río Negro, con perfil socioeconómico similar y frontera geográfica directa, gasta menos de la mitad por habitante en su poder judicial.
En términos del presupuesto provincial, Neuquén destina el 6,52% al Poder Judicial. Mendoza le asigna el 5,02% y Santa Fe apenas el 3,40%. La brecha no se explica por mayor complejidad jurisdiccional ni por mejores indicadores de acceso a la justicia: se explica principalmente por la estructura salarial.
La paradoja de fondo es que Neuquén es —según el IARAF— la provincia con mayor capacidad de ingresos per cápita del país cuando se suman recaudación propia y regalías hidrocarburíferas, desplazando incluso a la Ciudad de Buenos Aires. Es la provincia más rica en ingresos propios de Argentina, y sin embargo tiene un Poder Judicial que no puede autofinanciarse y que mendiga complementos al Tesoro año tras año.
La distribución del gasto interno revela otra contradicción. La planta está fijada en 2.518 cargos (sin creación de nuevos puestos en el presupuesto 2025). Los empleados de base representan más de la mitad del plantel, pero acaparan una fracción menor de la masa salarial: los magistrados y funcionarios superiores concentran la porción más abultada del gasto en personal.
El gobernador Figueroa intentó poner un límite a este desacople. En la negociación salarial de 2025, impuso una condición explícita: las sumas fijas extraordinarias del acuerdo —ayuda escolar de $200.000 y un bono de capacitación de $250.000— no serían percibidas por las categorías MF1 a MF5 (vocales del TSJ, jueces de cámara, fiscales jefes, defensores de circunscripción, jueces de primera instancia, fiscales y defensores) ni por los auxiliares profesionales AJ1 y AJ2. La señal política fue directa: el gobernador no quiere que los salarios de los jueces sigan desacoplándose del resto de la administración pública.
Es una intervención políticamente atendible, pero estructuralmente insuficiente mientras el 93% del presupuesto siga siendo intocable en su composición.
El problema más silencioso y más grave del Poder Judicial neuquino es la brecha entre capacidad instalada y demanda creciente. La expansión de Vaca Muerta generó un tsunami de nuevos conflictos: laborales, ambientales, territoriales, civiles y penales. Las circunscripciones del interior —especialmente en la zona del Añelo— reciben causas a un ritmo que los juzgados no están equipados para absorber.
El Tribunal Superior reconoció este desfasaje con la creación de nuevas circunscripciones judiciales. La reforma propuesta elimina las cinco circunscripciones históricas y las reemplaza por siete regiones, incluyendo dos nuevas: Limay y Vaca Muerta. Sin embargo, la circunscripción Limay enfrenta un problema concreto que los documentos institucionales reconocen: no existe transporte que conecte a las localidades que la componen. Se crea una nueva estructura judicial sobre un territorio sin infraestructura de conectividad. Es reorganización formal sin sustento logístico real.
El logro más concreto del período Figueroa en materia judicial es la promulgación del nuevo Código Procesal Civil Adversarial (Ley 3551), el 29 de diciembre de 2025. Neuquén se convierte en la primera provincia del país en adoptar este modelo para procesos civiles y comerciales, con entrada en vigencia el 1° de agosto de 2026. El nuevo sistema incorpora oralidad efectiva, plazos abreviados, audiencias presenciales y mecanismos de arbitraje.
Es una reforma procesalmente relevante, que en teoría debería reducir tiempos y democratizar el acceso a la justicia. El gobernador valoró públicamente el trabajo del recientemente asumido presidente del TSJ, Gustavo Mazieres, durante el acto de promulgación —señal de una relación de trabajo funcional, no de tensión abierta.
Pero el código tiene un talón de Aquiles presupuestario: implementar un sistema adversarial oral requiere más jueces, más salas de audiencias, más personal de apoyo y más tecnología. Todo eso cuesta. Y el presupuesto 2026 —con el 92% ya comprometido en salarios y sin creación de nuevos cargos— no muestra dónde estará el financiamiento de esa infraestructura. El riesgo real es que el código más moderno del país funcione sobre una estructura judicial del siglo pasado.
El contraste entre los casos de Gloria Ruiz y Jorge Salas es el termómetro más preciso de cómo funciona la selectividad judicial en Neuquén. Ruiz fue la primera en caer. La ruptura con el gobernador Figueroa se produjo cuando su hermano Pablo fue acusado de desvío de fondos de la Legislatura. Lo que siguió fue fulminante: la Legislatura la suspendió, la investigó por inhabilidad moral y la destituyó. En octubre de 2025, la fiscalía le formuló cargos formales por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta agravada, con embargos sobre cuentas, vivienda y vehículo. La maquinaria judicial tardó menos de doce meses en convertir a la ex vicegobernadora en imputada con medidas cautelares. El detalle que la cronología no perdona: la imputación llegó nueve días antes de las elecciones legislativas de octubre de 2025, en las que Ruiz competía contra el espacio de Figueroa.
El caso Salas narra exactamente la historia inversa. Salas fue director de Hábitat y Urbanismo del gabinete de Figueroa mientras presidía la Cooperativa 127 Hectáreas, que acumula denuncias penales y demandas civiles. La cooperativa llegó a tener 10.000 socios activos; al menos la mitad pagó cuotas por viviendas que no existen ni existirán. Cuando las denuncias estallaron en febrero de 2025, Salas renunció al cargo de director de Hábitat y Urbanismo que ocupaba en el gabinete agradeciendo públicamente al gobernador. Lo que siguió en sede judicial fue de una laxitud llamativa: el juez le dio a la fiscalía cuatro meses prorrogables para terminar la investigación preliminar, mientras el propio Salas negociaba una mediación con el gobierno provincial sentado en la misma mesa. Los damnificados lo dijeron sin eufemismos: la celeridad demostrada en otras causas "contrasta" con el silencio ante la suya.
Dos causas, dos velocidades, una explicación: el sistema judicial neuquino no solo procesa hechos, procesa posiciones políticas.
El Poder Judicial de Neuquén es, simultáneamente, uno de los más costosos del país en términos per cápita y uno de los más dependientes del Ejecutivo para funcionar. Esa dependencia no es solo financiera: es estructural y política. Quien firma el decreto que cubre el déficit tiene, inevitablemente, un poder de presión sobre el tribunal que ninguna ley de autarquía puede neutralizar.
La pregunta que el sistema político neuquino no se ha formulado en voz alta es simple: ¿qué obtiene la ciudadanía a cambio de ese gasto? Un sistema que consume el 6,52% del presupuesto provincial, que requiere auxilio extraordinario del Tesoro todos los años, que tiene su planta congelada mientras la demanda crece al ritmo de Vaca Muerta, y que acaba de estrenar un código moderno sin los recursos para implementarlo, no está dando el servicio que su costo justifica.
