Procesaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero y le impusieron un embargo millonario

El Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli, dispuso el procesamiento del exdiputado nacional José Luis Espert por el delito de presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Como parte de la resolución cautelar, el magistrado trabó un embargo sobre sus bienes por la suma de $1.000 millones y le fijó la prohibición para salir del país.

La causa judicial se centra en la acreditación de un giro bancario por USD 200.000 percibido en el año 2020. Las actuaciones señalan que dicho importe provino del entorno económico de Federico “Fred” Machado, un empresario argentino detenido y extraditado a los Estados Unidos bajo acusaciones de narcotráfico y operaciones financieras ilícitas.

Asimismo, el magistrado resolvió el procesamiento del contador de Espert, Mariano Alejandro Cosentino, considerado partícipe necesario del delito de lavado de activos, sobre quien se dictó un embargo preventivo de $700 millones.

El origen de los fondos y los argumentos de la defensa

La investigación conducida por el fiscal Rodolfo Domínguez sostiene la hipótesis de que la operación financiera correspondió a una simulación de servicios orientada a la introducción de fondos de origen ilícito en el circuito legal.

Ante las acusaciones, la defensa del exdiputado presentó un escrito de 141 páginas solicitando su sobreseimiento. En dicha presentación, Espert argumentó que la transferencia correspondió a los honorarios fijados en un contrato de asesoría brindado a una firma comercial, el cual contó con certificación notarial y la correspondiente apostilla oficial.

A través de sus canales de comunicación públicos, el dirigente defendió la trazabilidad de los fondos señalando que la transferencia fue realizada de banco a banco hacia una cuenta a su nombre, argumentando que no existieron maniobras tendientes al ocultamiento de la identidad del beneficiario.

Confirmación judicial tras el rechazo de nulidades

La medida dictada por el juez Mirabelli se concretó luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín desestimara dos recursos presentados por la defensa del imputado que buscaban frenar el avance del expediente.

El tribunal de alzada rechazó una solicitud de nulidad sobre las medidas de prueba recolectadas por la fiscalía e interrumpió el pedido de recusación formulado contra el fiscal Domínguez, ratificando la validez del procedimiento llevado a cabo en la etapa de instrucción.