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“Fuimos en búsqueda de una solución habitacional y nunca llegó”. Con esa frase, Víctor Guerrero sintetiza la frustración de centenas —y, según distintas estimaciones, potencialmente miles— de familias que se anotaron y aportaron dinero en la cooperativa Las 127 Hectáreas, en el sector de La Sirena, en Neuquén capital. En una entrevista a un medio local, Guerrero señaló que la organización presidida por Jorge Omar Salas arrastra años de reclamos que hoy se expresan en denuncias formales y un proceso de mediación penal que, según su relato, se extendió “de manera absurda” y sin resultados concretos.
El testimonio de Guerrero reitera un hecho conocido. A comienzos de 2025, una asamblea de socios confirmó el inicio de acciones penales y civiles por lo que consideran una estafa e incumplimientos vinculados a la entrega de lotes y viviendas. En esa cobertura se mencionó que los damnificados podrían ascender a unas 3.000 familias, con casos de espera de más de una década, y se detallaron irregularidades como promesas de entrega en plazos que no se cumplieron y cambios en las condiciones o ubicación de los terrenos.
En la entrevista, Guerrero afirma que muchas familias superaron aportes de varios millones de pesos —“más de 10 millones” en algunos casos— y que aún hoy no existe información clara y pública sobre la cantidad real de asociados, lo que alimenta la desconfianza y la sensación de desamparo. También sostiene que se pidió a referentes políticos, incluida la entonces diputada nacional y hoy senadora Nadia Márquez, que se impulsen auditorías sobre el uso de fondos nacionales en el entramado cooperativo, en línea con controles que se mencionan a nivel nacional sobre organizaciones que recibieron recursos públicos como las universidades y otros organismos.
Mediaciones, causas y un conflicto que se “partió” en varios frentes
Durante 2025 el caso escaló en la agenda pública neuquina: el proceso de mediación —con participación de denunciantes, autoridades de la cooperativa y funcionarios provinciales— se frustró en una instancia por “ausencia de propuestas concretas”, y luego se reabrió con la posibilidad de evaluar alternativas de resarcimiento (lotes con servicios y parte de las viviendas construidas en el predio). En ese marco, se informó que el conflicto ya se tradujo en causas civiles y penales y que el avance judicial puede quedar condicionado mientras la mediación esté en marcha, debido a la suspensión de plazos procesales que rige durante ese tipo de instancias en el fuero penal.
En paralelo, el reclamo incluyó pedidos de intervención de la cooperativa, presentaciones administrativas y advertencias de los afectados sobre la necesidad de una respuesta estatal más visible. En informes periodísticos se indicó que la cooperativa está investigada en sede penal y civil, con medidas como audiencias, embargos y allanamientos, y que incluso el tema fue debatido en el plano político provincial.
El rol del Poder Judicial y los funcionarios intervinientes
En la causa interviene la Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público Fiscal de Neuquén. Las primeras medidas de investigación, allanamientos y actuaciones iniciales estuvieron impulsadas por el fiscal Juan Manuel Narváez, bajo la estructura del MPF, con intervención institucional del fiscal jefe Pablo Vignaroli.
El control judicial de las medidas fue ejercido desde el fuero de garantías: en distintas instancias del expediente aparecen vinculados los jueces Luciano Hermosilla, quien autorizó diligencias como allanamientos, y Gustavo Ravizzoli, quien intervino en audiencias vinculadas al estado de la investigación y los plazos procesales.
En la etapa de resolución alternativa del conflicto, el expediente fue canalizado a través del área de Mediación y Conciliación del MPF, bajo la órbita institucional de la subdirectora Cecilia Basterrechea, desde donde se promovieron las instancias de diálogo entre las partes.
Para los damnificados, este esquema —investigación penal abierta, derivación a mediación, suspensión de plazos y ausencia de definiciones judiciales concretas— configura un escenario de dilación estructural que mantiene el conflicto sin resolución efectiva, aun con denuncias formales y causas en trámite.
El antecedente político: la renuncia de Salas y la investigación pública
El nombre de Jorge Salas tomó mayor notoriedad cuando trascendió que renunció a un cargo en el gobierno provincial tras la difusión de denuncias por presunta estafa vinculadas a la cooperativa Las 127 Hectáreas. En declaraciones públicas recogidas por medios, Salas negó interpretaciones adversas y atribuyó parte del conflicto a una disputa política, mientras el caso seguía sumando capítulos en tribunales y en la calle.
Además, otras publicaciones describieron que la investigación puso la lupa en mecanismos de cobros y movimientos internos, incluyendo transferencias y herramientas digitales, en un expediente que todavía —según esas crónicas— buscaba consolidar responsabilidades y determinar el alcance real del perjuicio económico.
“Dos grupos”: los que denunciaron y los que aún esperan
Uno de los puntos más sensibles del relato de Guerrero es la fractura interna entre quienes ya denunciaron y quienes aún siguen esperando una solución dentro del esquema cooperativo. “Es más fácil engañarse que reconocer que fuiste engañado”, sostiene, al describir el clima social en torno al caso.
Esa tensión —entre expectativas, promesas y desesperación— explica por qué el conflicto no solo es judicial: también es comunitario, político y social, en una provincia donde el acceso a la vivienda sigue siendo una herida abierta y donde cientos de familias continúan atrapadas en un proceso sin resolución concreta.
