Destruir la ciencia es rematar un patrimonio que pagó el pueblo argentino

Hay bienes que pueden venderse, recuperarse o reemplazarse. Una máquina puede comprarse nuevamente. Un edificio puede reconstruirse. Una cuenta presupuestaria puede ampliarse cuando cambian las prioridades de un gobierno. El conocimiento científico no funciona de esa manera.

Un sistema científico es el resultado de décadas de inversión, formación, experiencias acumuladas, errores, aprendizajes y vínculos entre generaciones. No está guardado solamente en los archivos de una institución ni en los equipos de un laboratorio. Está depositado en las personas, en los grupos de investigación, en los técnicos especializados y en las comunidades científicas que aprenden a trabajar juntas durante años.

Por eso, cuando un investigador se marcha, cuando un técnico se jubila y no es reemplazado o cuando un equipo se desintegra porque sus integrantes ya no pueden sostenerse con sus salarios, el país no pierde solamente un puesto de trabajo. Pierde patrimonio.

Y se trata de un patrimonio que no pertenecía al gobierno de turno. Fue construido con dinero público, aportado por varias generaciones de argentinos.

No es un gasto: es capital acumulado

La educación de un científico comienza en la escuela pública, continúa en las universidades nacionales y puede prolongarse durante diez, quince o veinte años entre carreras, doctorados, becas, especializaciones y proyectos de investigación. Todo ese proceso tiene un costo.

Lo pagan los trabajadores a través de sus impuestos. Lo pagan quienes compran alimentos y abonan el IVA. Lo pagan las pequeñas empresas, los comerciantes y los productores. Lo pagaron también generaciones anteriores que decidieron que una parte de la riqueza nacional debía destinarse a construir universidades, laboratorios, institutos y organismos tecnológicos.

Cuando ese científico, después de años de formación pública, debe emigrar porque el Estado argentino deja de financiar su tarea, el conocimiento no desaparece. Cambia de bandera.

El país receptor obtiene un profesional altamente calificado sin haber pagado la mayor parte de su formación. Una universidad extranjera, un laboratorio internacional o una corporación privada se apropia de una capacidad financiada por la sociedad argentina.

Argentina paga la formación. Otros países reciben el beneficio. Eso es una transferencia patrimonial. Una de las más silenciosas y menos contabilizadas de nuestra historia.

No aparece como una privatización porque no hay escritura, comprador ni remate público. Pero el resultado es semejante: un activo que pertenecía a la sociedad argentina termina al servicio de otros intereses.

Una advertencia que ya no puede ignorarse

Más de 2.600 integrantes de la comunidad científica internacional y al menos 24 premios Nobel firmaron una nueva carta en la que reclamaron al Gobierno de Javier Milei que detenga el desmantelamiento del sistema científico argentino y preserve las capacidades desarrolladas durante décadas. La cantidad de premios Nobel varió entre 24 y 25 en las publicaciones porque la convocatoria continuaba incorporando adhesiones. No es la primera vez que ocurre.

En marzo de 2024, 68 premios Nobel ya habían advertido que debilitar la ciencia argentina significaría comprometer su independencia económica y dejar al país en una situación de vulnerabilidad. Aquella declaración sostenía que una nación que depende exclusivamente de las tecnologías producidas por otros pierde capacidad para decidir su propio destino. Dos años después, los datos demuestran que la advertencia no fue escuchada.

De acuerdo con el último análisis del Grupo EPC-CIICTI, la inversión de la Administración Pública Nacional en ciencia y tecnología se proyecta para 2026 en alrededor del 0,151% del Producto Bruto Interno, el nivel más bajo de una serie histórica que comienza en 1972. El presupuesto del sector se ubicaría, en términos reales, un 46,5% por debajo de 2023.

El CONICET, el INTI, el INTA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y la Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación no son nombres abstractos dentro de un organigrama estatal. Son instituciones en las que el país concentró conocimientos estratégicos que el mercado, por sí solo, nunca habría desarrollado.

Una decisión política, no una fatalidad económica

El Gobierno intenta presentar el desfinanciamiento como una consecuencia inevitable de la búsqueda del equilibrio fiscal. Sin embargo, el deterioro de la ciencia no es un accidente contable. Es una decisión política.

La Ley 27.614 había establecido un sendero gradual para incrementar la inversión nacional en ciencia y tecnología. Fijaba una meta del 0,52% del PBI para 2026 y del 1% para 2032. También disponía que los recursos no podían ser inferiores, en términos nominales, a los del año anterior.

El Presupuesto 2026 derogó expresamente los artículos que contenían esas metas y garantías. No se trató, por lo tanto, de la imposibilidad circunstancial de cumplir con una ley. Se eliminó la obligación legal de financiar progresivamente el sistema científico. La diferencia es sustancial.

Un gobierno puede argumentar que no cuenta con recursos suficientes para alcanzar una meta. Pero cuando modifica la legislación para borrar esa meta, revela que el problema no es solamente presupuestario. Lo que se abandona es una política de Estado. Lo mismo ocurre con la reorganización de organismos estratégicos.

El Decreto 655/2026 sostiene que la Comisión Nacional de Energía Atómica tenía una estructura “sobredimensionada” de 645 unidades organizativas y ordena una reducción considerable de gerencias, departamentos y divisiones. El decreto se inscribe en un proceso de retracción presupuestaria, pérdida de personal y debilitamiento institucional.

Toda administración puede revisar estructuras y eliminar funciones duplicadas. Pero una cosa es reorganizar para fortalecer y otra muy distinta es reducir hasta perder capacidades que después deberán comprarse en el extranjero.

Lo que están destruyendo

Argentina no parte de cero. Es uno de los pocos países de América Latina que desarrolló capacidades propias en energía nuclear, tecnología satelital, radares, biotecnología, medicina, agricultura, ingeniería y producción de radioisótopos.

Los satélites SAOCOM fueron construidos con la participación de la CONAE, la CNEA, VENG, INVAP y otras instituciones del sistema científico y tecnológico nacional. Sus radares permiten generar información sobre humedad del suelo, inundaciones, agricultura y emergencias ambientales.

La vacuna ARVAC Cecilia Grierson fue desarrollada íntegramente en Argentina mediante la articulación del CONICET, la Universidad Nacional de San Martín y un laboratorio privado nacional. Fue la primera vacuna argentina contra la COVID-19 aprobada por la ANMAT.

La Argentina también diseñó y construyó reactores nucleares de investigación, exportó tecnología nuclear y desarrolló proyectos como el RA-10, pensado para producir radioisótopos destinados al diagnóstico y tratamiento de enfermedades y para ampliar la capacidad nacional de investigación aplicada. Nada de esto apareció por generación espontánea.

Detrás de cada satélite, reactor, vacuna o radar hubo décadas de inversión pública. Hubo universidades gratuitas, becas, institutos, laboratorios, técnicos, investigadores y trabajadores del Estado. Hubo continuidad entre proyectos iniciados por diferentes gobiernos. Hubo una decisión nacional de ingresar en áreas tecnológicas que los países centrales no suelen transferir generosamente. Ese es el patrimonio que hoy se pone en riesgo.

No se destruye solamente lo que existe. También se clausura lo que podría haberse desarrollado a partir de esa base.

El conocimiento también es soberanía

Durante mucho tiempo se nos enseñó a pensar la soberanía únicamente en términos territoriales.

Pero un país no es soberano solamente porque conserva formalmente sus fronteras. También necesita capacidad para producir medicamentos, controlar sus comunicaciones, conocer su territorio, proteger sus recursos naturales, desarrollar energía, garantizar su defensa y decidir qué tecnologías utilizar.

Una nación puede mantener su bandera, su himno y sus instituciones, pero depender del extranjero para producir vacunas, operar satélites, controlar radares, desarrollar semillas, fabricar componentes industriales o administrar sus recursos energéticos.

Esa nación conservará la apariencia de la soberanía, pero habrá perdido una parte sustancial de su capacidad de decisión. La dependencia tecnológica es una forma moderna de subordinación.

Quien controla la tecnología determina los costos, las condiciones de acceso, los plazos, las actualizaciones y los límites de su utilización. Puede venderla, negarla o retirarla. Puede imponer cláusulas, patentes y restricciones. Puede incluso recopilar información estratégica sobre el país que la utiliza.

La ciencia pública no elimina completamente esa dependencia, pero permite reducirla. Le da al Estado capacidad para comprender la tecnología que compra, adaptarla a sus necesidades, controlarla y, eventualmente, reemplazarla.

Sin científicos propios, el país ni siquiera puede evaluar con autonomía aquello que le ofrecen desde afuera.

Vaca Muerta y la paradoja de la dependencia

Neuquén debería observar este proceso con especial preocupación. Vaca Muerta puede transformar a la Argentina en un gran exportador mundial de petróleo y gas. Pero ese salto productivo no garantiza por sí mismo la soberanía energética.

Podemos tener el recurso debajo de nuestro territorio y depender de empresas extranjeras para perforarlo. Podemos exportar millones de barriles y comprar en el exterior los equipos, el software, los materiales y los servicios de ingeniería.

Podemos generar miles de millones de dólares y no controlar las patentes ni el conocimiento que hace posible esa producción. Podemos convertirnos en potencia energética y continuar siendo una colonia tecnológica.

La explotación no convencional necesita geólogos, ingenieros, químicos, físicos, especialistas en materiales, técnicos en metrología, investigadores ambientales y profesionales capaces de estudiar el agua, el suelo, las emisiones y los efectos acumulativos de la actividad.

También necesita un Estado con conocimiento suficiente para controlar a las empresas. Porque no hay regulación posible cuando el regulado sabe mucho más que el organismo que debe regularlo.

Sin ciencia pública, la provincia queda obligada a confiar en los informes, las mediciones y los modelos elaborados por las mismas compañías que explotan el recurso. El debilitamiento científico no solamente afecta la innovación. También reduce la capacidad de fiscalización ambiental, laboral e industrial.

Una privatización sin compradores visibles

El Gobierno afirma que pretende transferir funciones al sector privado. Pero el conocimiento estratégico no se privatiza de manera neutral. Las empresas investigan aquello que puede convertirse en negocio. No tienen la obligación de estudiar problemas que afectan a la sociedad si no existe una rentabilidad asociada.

Una compañía petrolera puede invertir en técnicas para perforar más rápido. Difícilmente destine la misma cantidad de recursos a estudiar durante décadas los efectos acumulativos sobre el territorio si ese conocimiento puede limitar su propia actividad.

Un laboratorio puede desarrollar un medicamento rentable. No necesariamente investigará una enfermedad poco frecuente que afecta a una población pequeña y de bajos ingresos. El mercado produce conocimiento, pero lo orienta según la ganancia. El Estado debe producir también aquello que la sociedad necesita aunque no prometa una rentabilidad inmediata.

Cuando se abandona esa responsabilidad, no se libera a la ciencia. Se la subordina a los intereses de quienes pueden pagarla.

El daño puede ser irreversible

Los presupuestos pueden recomponerse. Los equipos humanos, no siempre. Una línea de investigación interrumpida puede perder años de trabajo. Un laboratorio cerrado puede dispersar a sus especialistas. Un científico que construye una nueva vida en otro país probablemente no regrese porque un futuro gobierno anuncie una ampliación presupuestaria.

La ciencia necesita estabilidad, continuidad y previsibilidad. No puede funcionar sometida a los cambios de humor de cada administración ni depender de que sus trabajadores acepten salarios insuficientes en nombre de una vocación patriótica.

Ningún país serio les pide a sus científicos que subsidien con su pobreza personal las políticas públicas que el Estado decidió abandonar.

Presentar el ajuste como una batalla contra los privilegios es una operación discursiva. Los investigadores, becarios y técnicos que pierden poder adquisitivo no conforman una casta. Son trabajadores especializados cuya formación fue financiada por el conjunto de la sociedad. Expulsarlos no castiga a una élite. Empobrece a la Nación.

Lo que el pueblo pagó debe pertenecerle al pueblo

La ciencia argentina no es propiedad de un partido político, de una universidad, de un organismo ni de los propios científicos. Es patrimonio del pueblo que la financió.

El productor que pagó impuestos ayudó a construir los satélites. El trabajador que abonó el IVA contribuyó a formar a los investigadores. El jubilado que sostuvo durante décadas al Estado argentino participó, aunque nunca haya ingresado a un laboratorio, de la creación de las capacidades nucleares, médicas y tecnológicas del país.

Destruir ese sistema significa apropiarse de un esfuerzo colectivo y privar a las próximas generaciones de sus resultados.

Significa tomar una riqueza construida durante décadas y convertirla en ahorro fiscal de corto plazo.

Significa formar científicos para que los aprovechen otros países.

Significa renunciar a producir tecnología para después comprarla.

Significa entregar soberanía sin necesidad de arriar la bandera.

Un país que destruye su ciencia no se vuelve más eficiente. Se vuelve más ignorante, más vulnerable y más dependiente.

Podrá continuar exportando granos, minerales, petróleo y gas. Podrá exhibir superávits y récords productivos. Pero cada vez tendrá menos capacidad para decidir qué hacer con sus recursos y cómo transformar esa riqueza en bienestar para su población.

El desmantelamiento científico no es solamente un error económico.

Es una pérdida patrimonial.

Es una entrega tecnológica.

Y es, por sobre todas las cosas, una forma de renunciar al futuro.