NeuquenNewsUna denuncia contra un juez puede reunir testimonios, atravesar comisiones y llegar al plenario del Consejo de la Magistratura sin que nadie resuelva si los hechos ocurrieron. Si pasan tres años, la causa caduca. No es una hipótesis: en la investigación “¿Justicia intocable?”, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) identificó 469 denuncias cerradas de ese modo entre 1999 y agosto de 2026. La cifra expone una falla concreta del control judicial: el tiempo puede terminar haciendo el trabajo que la institución no hizo.
El relevamiento, elaborado a partir de información del propio Consejo, registra 5.170 denuncias contra magistrados nacionales y federales. De las 4.910 concluidas, 43 derivaron en sanciones —multas o apercibimientos— y 21 en remociones. Son 64 resultados de ese tipo, equivalentes al 1,3% de las denuncias cerradas. ACIJ contabilizó además 3.700 desestimaciones y 633 casos cuyo motivo de cierre no puede establecerse con los datos publicados por el organismo. Hay otras 260 denuncias que, según el criterio de clasificación de la investigación, siguen en trámite. ACIJ
El 1,3% exige una lectura cuidadosa: cuenta denuncias, no jueces denunciados, y no demuestra que el 98,7% restante tuviera fundamento. Una acusación puede ser falsa, improcedente o insuficiente. Pero tampoco se puede presentar semejante tasa de sanciones como prueba de una magistratura casi perfecta cuando cientos de expedientes caducan y de otros cientos ni siquiera se informa públicamente por qué terminaron. Esa es, precisamente, la pregunta incómoda que plantea ACIJ: cuánto de este resultado responde a denuncias infundadas y cuánto a un sistema incapaz —o renuente— a investigar a quienes juzgan a los demás.
El caso del juez comercial Diego Hernán Papa muestra cómo funciona ese engranaje. Dirigentes de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional lo denunciaron en 2023 por presunto maltrato y acoso laboral. El Consejo recibió 58 declaraciones testimoniales y los descargos del magistrado. Se votaron propuestas para multarlo, desestimar la denuncia o aplicarle un apercibimiento, pero ninguna reunió la mayoría necesaria. Después de 1.121 días, el expediente fue archivado por caducidad. La denuncia no terminó con una sanción ni con una decisión que despejara los hechos: terminó porque se acabó el plazo. Papa tuvo oportunidad de defenderse; quienes denunciaron tampoco obtuvieron una resolución de fondo.
La investigación encuentra otra barrera antes de llegar al desenlace de cada causa: saber qué se hizo durante el trámite. La ley establece que los expedientes del Consejo son públicos, en especial los referidos a denuncias contra magistrados. Sin embargo, ACIJ relata que solicitó copias digitales de 69 expedientes, principalmente próximos a caducar, y que tras meses de gestiones no logró acceder íntegramente al material requerido. En algunos casos recibió denuncias y resoluciones de cierre; en otros se le ofreció consultar actuaciones de manera presencial, sin posibilidad de obtener copias. Esa restricción impide reconstruir qué pruebas se produjeron, cuáles se omitieron y quién fue responsable de las demoras.
El reglamento agrega una dificultad: quien presenta una denuncia no se convierte en parte del procedimiento. Puede poner en conocimiento del Consejo hechos que considera graves, pero no adquiere por ello la posibilidad de impulsar el expediente como parte interesada. ACIJ recogió testimonios de denunciantes que describen obstáculos para conocer las medidas de prueba y el avance de las causas. A la vez, el destino inicial de cada presentación depende de su asignación a la Comisión de Disciplina o a la de Acusación, una decisión cuyos criterios la organización considera demasiado abiertos. La primera puede proponer multas y apercibimientos; la segunda interviene ante hechos que podrían llevar a un juicio de remoción.
La independencia judicial necesita una protección fuerte: ningún gobierno debería poder expulsar a un juez por una sentencia que le disgusta. Pero esa garantía pierde legitimidad cuando el organismo encargado de examinar posibles faltas deja vencer expedientes, no permite seguirlos con claridad y publica datos que no explican cómo concluyeron centenares de casos. Pedir investigaciones serias no equivale a reclamar sanciones automáticas. Equivale a exigir decisiones fundadas, accesibles y tomadas a tiempo.
La investigación de ACIJ no prueba que cada denuncia archivada esconda a un magistrado culpable. Sí prueba que el sistema deja demasiadas preguntas sin respuesta. Y para una institución que exige a la sociedad confiar en sus fallos, no poder explicar qué hizo con las denuncias contra sus propios integrantes es un problema de poder, de transparencia y de justicia.
Fuente: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
