Primero, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el cierre de la causa contra Mauricio Macri, Luis Caputo y Federico Sturzenegger por el préstamo de 57.100 millones de dólares acordado con el Fondo Monetario Internacional en 2018. La investigación buscaba establecer si hubo irregularidades en la contratación y utilización de esos recursos, y si el endeudamiento había servido para financiar la fuga de capitales.
Pero hay una cuestión fundamental que no debería pasar inadvertida. El artículo 75 de nuestra Constitución Nacional establece, en sus incisos 4 y 7, que corresponde al Congreso contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y arreglar el pago de la deuda interna y externa.
Sin embargo, aquel préstamo de dimensiones extraordinarias no fue sometido a la aprobación del Congreso. El gobierno de Macri se amparó en una excepción contemplada en el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera, que permitía al Poder Ejecutivo contratar créditos con organismos internacionales sin autorización legislativa específica.
Esa interpretación fue cuestionada por considerar que una ley ordinaria no podía vaciar de contenido una atribución constitucional del Congreso. Tanto es así que en 2021 se sancionó la Ley 27.612, que estableció expresamente que todos los acuerdos de financiamiento con el FMI debían contar con aprobación parlamentaria.
La discusión constitucional, entonces, no era menor. ¿Puede una disposición de una ley ordinaria permitir que el Ejecutivo contraiga una deuda de semejante magnitud sin el control del Congreso, cuando la Constitución reserva a este último las atribuciones fundamentales sobre el endeudamiento público?
Pese a los cuestionamientos sobre el procedimiento de contratación, la intervención de los organismos de control y el destino de los fondos, la investigación penal quedó archivada. El fiscal Raúl Pleé desistió de sostener el recurso presentado contra el cierre de la causa y Casación confirmó la decisión.
Segundo, la Justicia sobreseyó a Javier Milei, a su hermana Karina y a los demás involucrados en el caso de la criptomoneda $LIBRA. El juez Marcelo Martínez de Giorgi consideró que los hechos investigados no configuraban delitos. Sin embargo, la decisión llegó sin haber tomado declaraciones indagatorias y con medidas de prueba pendientes, incluidos aspectos de la trazabilidad de los fondos y comunicaciones vinculadas con la operación.
Y mientras se cerraban estos dos expedientes, comenzó un nuevo juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo por las causas Hotesur y Los Sauces. Se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita vinculadas con operaciones hoteleras e inmobiliarias. Ambos habían sido sobreseídos en 2021, pero aquella decisión fue revocada y las causas avanzaron hasta llegar a juicio.
Por supuesto, son expedientes distintos, con pruebas y circunstancias procesales diferentes. Y nadie debería quedar exento de una investigación por haber sido presidente, como tampoco debería ser condenado por su pertenencia política.
Pero el contraste resulta demasiado importante como para ignorarlo. En una causa vinculada con el mayor acuerdo crediticio de la historia argentina con el FMI, se termina la investigación. En otra que involucra al presidente en ejercicio, se dispone el sobreseimiento sin indagatorias y con interrogantes pendientes. Y en una tercera, que involucra a la principal figura del kirchnerismo, se revierte un sobreseimiento anterior y se abre un juicio oral.
Esto no demuestra por sí solo que exista una persecución judicial, pero sí plantea una pregunta que una democracia no debería eludir: ¿se aplican los mismos estándares para investigar, valorar las pruebas y decidir cuándo una causa debe cerrarse y cuándo debe continuar?
Porque el problema no es que se investigue a Cristina Kirchner. Debe investigarse cualquier posible delito. El problema aparece cuando la ciudadanía percibe que el rigor judicial puede variar según el poder político, económico o institucional de los involucrados.
Y hay algo más: una resolución que descarta responsabilidades penales no elimina las responsabilidades políticas. El endeudamiento de 2018 sigue teniendo consecuencias para la Argentina, así como las pérdidas de los inversores en $LIBRA no desaparecen porque se haya cerrado una causa.
La Justicia no solamente debe ser independiente. También debe demostrar, con sus decisiones y procedimientos, que la ley se aplica con la misma vara para todos.
Porque cuando esa confianza se pierde, lo que queda bajo sospecha no es solamente una sentencia, sino la credibilidad del propio sistema judicial.
