El fin de las concesiones hidroeléctricas

La secretaria de Energía Flavia Royón ha comunicado oficialmente a Enarsa que se prepare para hacerse cargo de la operación de las presas y centrales hidroeléctricas del Comahue cuyas concesiones vencen este año. En concreto, el 11 de agosto. 

Dos días antes de las PASO terminan los contratos de El Chocón (1220 MW) y Arroyito (120 MW), Cerros Colorados (450 MW) y Alicurá (1000 MW) y el 29 de diciembre Piedra del Águila (1440 MW) ya en la próxima gestión de Gobierno.

Enarsa no es un operador hidroeléctrico, ni nunca lo ha sido. En la gestión de Cambiemos, Ebisa y Enarsa se unieron en una empresa (Ieasa), que en la actual gestión se volvió a denominar Enarsa. 

La Ebisa era Emprendimientos Binacionales Sociedad Anónima y originalmente se creó para desarrollar el proyecto hidroeléctrico binacional con Brasil de Garabí sobre el río Uruguay. 

Este proyecto está paralizado desde hace tiempo y la estructura se ha utilizado para la intermediación, en realidad innecesaria, entre los entes de Yacyretá y de Salto Grande y la Secretaría de Energía.

 Luego le fue encomendado la dirección de la obra de las presas sobre el río Santa Cruz, con un desempeño muy pobre hasta ahora ya que en 10 años de obra aún no se llegó a un avance del 25% en Condor Cliff y un poco mayor en La Barrancosa, además de haber tenido distintos problemas de deslizamientos que demuestran un mal desarrollo del proyecto y la obra.

 En las 7 semanas que restan para el 11 de agosto, Enarsa no puede armar seriamente una empresa nueva que opere 4 presas y centrales hidroeléctricas. Entonces, ¿cuáles son las opciones posibles?

Una parecería ser contratar a los actuales concesionarios o alguno de otras centrales hidroeléctricas y la otra es intentar tomar el personal actual de cada concesionario para operar con los mismos recursos humanos. No se entiende muy bien si el objetivo es contratar a los actuales concesionarios u otros similares, cuando los contratos actuales de concesión prevén hasta un año de prórroga automática o si, en cambio, la idea es operar directamente tomando personal que desee pasar a Enarsa, tampoco los plazos son viables.

 ¿Cuál parecería ser el objetivo de esta estrategia? Tomar la actual renta de los concesionarios para Enarsa y, por consecuencia, para el Estado Nacional. 

 Sin embargo, los antecedentes de Enarsa, que el año pasado tuvo un déficit de US$ 5.000 millones, parece indicar que esa supuesta renta, que requiere una muy buena administración, puede evaporarse rápidamente. 

Las provincias de Neuquén y Río Negro también tienen interés por la renta generada, pero debe considerarse que al menos plantean utilizarlo para nuevas obras hidroeléctricas en sus provincias. 

 Por otra parte, se da entender de ambas fuentes la necesidad de aumentar la tarifa a los generadores hidroeléctricos para aumentar esa renta, lo cual implica un mayor costo para los usuarios.

Los contratos de concesión tienen 30 años y todos los conocedores del tema sabíamos del vencimiento este año. Sin embargo, el Presidente y el ministro de Economía parece que se acordaron cuando faltaban 3 meses y están evaluando recién qué hacen.

Ahora bien, evaluar una central hidroeléctrica solo como un negocio de venta de energía que da renta sería un grave error. Las centrales van de la mano con grandes presas, y no solo producen energía, sino también son una fuente de agua potable en las épocas de estío, alimentan las redes de riego más importantes del país -las del Alto Valle del Río Negro- y son una defensa contra las inundaciones de una región donde viven más de un millón de habitantes. 

 Manejar una presa y una central implica cuidar fundamentalmente la seguridad de la población aguas abajo. Actualmente hay un trabajo muy serio realizado por los concesionarios y controlado por el Estado a través de Orsep. 

eleconomista