Con un paro total y un acampe que ya lleva más de una semana, trabajadores de AESA, subsidiaria de YPF, resisten los despidos de 43 compañeros y denuncian una propuesta empresarial que exige una rebaja salarial de más del 42% para reincorporarlos. El caso pone en evidencia las contradicciones del ajuste impulsado por el gobierno nacional y la pasividad del Estado provincial frente a un conflicto que no deja de escalar.
ENERGÍA30/07/2025
NeuquenNews
Una chispa en medio del ajuste. El conflicto en AESA (Astra Evangelista S.A.), empresa subsidiaria de YPF con sede en Canning, se convirtió en los últimos días en un nuevo punto caliente del mapa laboral argentino. A comienzos de julio, la empresa despidió a 43 trabajadores, y aunque una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo permitió una reincorporación temporal, al vencerse el plazo legal, los trabajadores fueron nuevamente desafectados.
Desde entonces, la respuesta fue contundente: paro total de actividades en la planta y un acampe por tiempo indeterminado en la puerta del establecimiento. Los trabajadores, organizados en su mayoría bajo la representación de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), decidieron sostener la medida hasta que se reviertan los despidos y se garantice el respeto a sus condiciones laborales.
“Nos quieren doblegar con el bolsillo”
La empresa justificó los despidos argumentando una “reducción de proyectos” y el reordenamiento de su estructura interna, en sintonía con el proceso de ajuste general impulsado por el gobierno nacional. Sin embargo, los trabajadores denuncian una contradicción flagrante: mientras AESA recorta personal, su controlante YPF reporta ganancias millonarias y mantiene un ritmo sostenido de expansión, especialmente en Vaca Muerta, uno de los principales motores de la matriz energética del país.
Pero el conflicto no termina ahí. Según denunció Alfredo Martínez, delegado sindical con más de una década de experiencia en la planta, la empresa condicionó cualquier posible reincorporación a aceptar una rebaja salarial del 42,5%. “Nos piden que volvamos, pero ganando menos de la mitad. Es un intento de romper la organización, de dividirnos. Nos quieren doblegar con el bolsillo”, explicó en declaraciones reproducidas por distintos medios gremiales.
El delegado subrayó además que la medida no afecta únicamente a los 43 despedidos, sino que precariza y tensiona al conjunto del personal. “Están esperando ver cuántos ceden, cuántos rompen. Si pasa acá, pasa en todos lados”, advirtió. Las declaraciones del sindicalista advierten también sobre un posible futuro en los trabajadores de Vaca Muerta.
Acampe, resistencia y silencio oficial
Desde hace más de una semana, los trabajadores sostienen el acampe en la puerta de la planta de Canning, realizando asambleas diarias, ollas populares, y actividades de visibilización. El paro es total: no hay producción en la planta desde que se reanudaron los despidos.
“Estamos haciendo el aguante como todos los días. Nadie quiere estar acá, pero no tenemos otra opción. No vamos a aceptar que nos ajusten a nosotros mientras otros se llenan los bolsillos”, expresó otro trabajador durante una asamblea.
Lo llamativo es que, pese a la magnitud del conflicto y a la solicitud formal de intervención, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires no designó un veedor ni emitió pronunciamientos públicos sobre el tema. Para los trabajadores, esa inacción estatal profundiza el desequilibrio en la negociación, ya que permite a la empresa avanzar con una política de hechos consumados.
¿Una punta del iceberg?
Desde la UOM, gremio con fuerte presencia en la zona sur del conurbano, advierten que este conflicto es parte de una tendencia más amplia: reducción de planteles, presión para bajar salarios, y uso sistemático del miedo a los despidos como herramienta de disciplinamiento.
“El ajuste no es una teoría. Se ejecuta en lugares como AESA, donde las condiciones laborales que se conquistaron en años se quieren tirar por la borda de un plumazo. Es una muestra clara de hacia dónde apunta el modelo que promueve el gobierno de Milei”, señalaron desde la seccional local del gremio.
A esto se suma el dato político: AESA es una empresa estratégica del entramado energético estatal, clave para la fabricación de estructuras, tanques y componentes para Vaca Muerta. Los despidos masivos y el recorte salarial planteado en este contexto, expresan el alineamiento del empresariado estatal con una lógica de ajuste, que también se aplica en áreas como educación, ciencia y obra pública.
Perspectivas y desafíos
Por ahora, la situación se mantiene tensa. El acampe continúa firme, la empresa no da señales de retroceder, y el Estado se mantiene al margen. No hay nueva audiencia prevista, y los trabajadores ya evalúan intensificar las acciones de protesta y convocar a otros sectores en conflicto para coordinar medidas conjuntas.
“Nosotros no estamos acá por gusto. Estamos peleando por algo justo. No pedimos privilegios, pedimos volver a trabajar con dignidad. Y no vamos a aceptar condiciones impuestas que nos dejan por debajo de la línea de pobreza”, afirmaron en una nueva asamblea esta semana.
El caso AESA, con sus 43 despidos, el acampe sostenido y la presión por salarios de hambre, se convierte en una postal cruda del nuevo mapa laboral argentino: un escenario donde incluso empresas del Estado aplican las recetas del mercado, y donde los derechos se negocian a la baja, si no hay resistencia que los sostenga.
La postal es conocida y repetida. Aumentan los despidos, crece el malestar en las bases, los sindicatos amenazan con un paro, y el Estado interviene de apuro. El escenario es el corazón productivo del país: Vaca Muerta. Y el conflicto, lejos de ser menor, revela las fisuras de un modelo que promete récords y futuro, mientras deja en el camino miles de trabajadores.
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