#DeudaExterna

En 1982, la dictadura militar tomó una de las decisiones económicas más gravosas de la historia argentina: estatizó miles de millones de dólares de deuda privada. Lo que había sido contraído por grandes grupos económicos pasó a ser responsabilidad de todos los argentinos. Décadas después, los beneficios y perjuicios de aquella maniobra siguen marcando la economía y la política del país.

En los últimos diez años, la deuda argentina se multiplicó hasta niveles que condicionan el presente y comprometen el futuro. Entre promesas de inversión, refinanciaciones eternas y ajustes que nunca cierran, la deuda dejó de ser un instrumento financiero para convertirse en un grillete político y social.

El presidente Javier Milei vetó tres leyes votadas por el Congreso que beneficiaban a jubilados, personas con discapacidad y trabajadores informales. Con el argumento del déficit cero, se priorizan los pagos al FMI por una deuda multimillonaria contraída —y fugada— por su propio espacio político.

Este nuevo respaldo internacional llega en un momento clave para el Ejecutivo de Javier Milei, a menos de tres meses de las elecciones legislativas del 16 de octubre, donde se juega la consolidación parlamentaria de su proyecto político.

Una alarmante realidad emerge de un reciente informe de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD): aproximadamente 3300 millones de personas viven en países donde el peso de los intereses de la deuda supera la inversión en pilares fundamentales para el desarrollo humano como la salud y la educación.

El diputado nacional Osvaldo Llancafilo respaldó la intervención legislativa en el acuerdo con el FMI, pero advirtió que el análisis del contenido técnico corresponde al Poder Ejecutivo. Mientras tanto, el Gobierno enfrenta resistencia en el Congreso y el organismo financiero aclaró que la aprobación parlamentaria no es un requisito excluyente.