#DeudaExterna

El Decreto 1177/2026 abre una línea de financiamiento por hasta US$800 millones y autoriza un primer préstamo de US$300 millones para modernización del empleo público y transformación digital. En un país cuyo stock de deuda bruta ya ronda los US$485.000 millones y donde la pobreza volvió a subir al 32,3%, la pregunta inevitable es más simple que el lenguaje del decreto: ¿para qué hace falta seguir endeudándose?

La producción energética y minera crece, pero las familias se endeudan para comer, las pymes pierden empleo y el ajuste debilita la ciencia y los servicios públicos. El mayor riesgo para la continuidad del Gobierno puede estar en las consecuencias de su propia política.

Desde el final del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la Argentina atravesó un fuerte ciclo de endeudamiento externo, una reestructuración con acreedores privados, sucesivos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y una creciente dependencia del financiamiento doméstico. Los números muestran diferencias importantes entre las administraciones de Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei. Pero detrás de las cifras aparece un interrogante más profundo: cuánto de esa deuda permitió aumentar la capacidad productiva del país y cuánto terminó financiando desequilibrios, vencimientos y escasez de divisas.

La Argentina presenta dos caras muy dispares, el gobierno nacional agita números con sus voceros que indican una bonanza que no se nota en la mesa de los ciudadanos. La inflación y la retracción del poder adquisitivo pega duro en la mesa de las familias. Ya se está renunciando a una comida diaria y el reciente contexto internacional no alienta expectativas de mejoras. La Argentina va hacia una lógica de pobres y ricos, con una clase media en extinción.