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El Decreto 534/2025, firmado por el presidente Javier Milei, puso fin a tres leyes que habían sido votadas por el Congreso y que apuntaban a recomponer ingresos de los sectores más postergados: jubilados, personas con discapacidad y trabajadores sin aportes formales. El Gobierno justificó la medida en nombre del equilibrio fiscal, pero el trasfondo revela otra cosa: la fidelidad total al cronograma de pagos del Fondo Monetario Internacional, incluso cuando eso implique cortar beneficios esenciales a millones de argentinos.
Un veto que recorta derechos
El Congreso había aprobado estos proyectos con amplia mayoría simple. Sin embargo, el Ejecutivo no sólo los vetó, sino que además cuestionó la validez del procedimiento parlamentario, como si el Congreso no tuviera facultades para legislar sobre la vida de millones de personas.
El ajuste no es neutro
El discurso del “no hay plata” se repite como mantra, pero la selección de quién paga los costos del ajuste nunca es azarosa. En este caso, el Gobierno eligió recortar a quienes menos capacidad de defensa tienen: jubilados que cobran por debajo de la línea de pobreza, personas con discapacidad que dependen de prestadores que hoy trabajan con aranceles desactualizados, y adultos mayores informales que quedarían excluidos del sistema previsional si se elimina la moratoria.
Según cifras oficiales, el costo fiscal total de estas tres leyes rondaba entre el 1,3 % y el 1,5 % del PBI. En términos absolutos, se trata de una cifra importante, pero sensiblemente menor al esfuerzo que el Estado argentino está realizando para cumplir con otra obligación: el pago de la deuda con el FMI.
La deuda que sí se honra
La deuda con el Fondo no es abstracta. Tiene nombres y fechas. Fue tomada en 2018 por el gobierno de Mauricio Macri -hoy ocasional aliado político de Milei- por USD 44.000 millones, con un objetivo que jamás se cumplió: estabilizar la economía. En cambio, gran parte de esos fondos fueron fugados del sistema financiero en pocas semanas, como luego admitieron incluso auditores del propio FMI.
A esa deuda, el gobierno de Milei le sumó un nuevo acuerdo en abril de 2025, con compromisos de pago que incluyen intereses y amortizaciones equivalentes al 2,5 % al 3,2 % del PBI anual. Es decir: el Estado argentino gasta más en honrar una deuda ilegítima y mal gestionada que en garantizar un ingreso digno a sus jubilados o en sostener servicios básicos de discapacidad. El orden de prioridades es claro.
La trampa del Congreso
El veto pone ahora la responsabilidad sobre el Congreso, que necesitaría dos tercios de los votos en ambas cámaras para insistir con las leyes. Una meta difícil de alcanzar en el actual escenario político. Mientras tanto, el Gobierno sostiene su relato de austeridad sin tocar las exenciones impositivas de sectores concentrados, ni revisar las transferencias millonarias al sistema financiero.
¿Sostenibilidad o insensibilidad?
Desde el oficialismo se insiste en que no hay margen fiscal para ampliar el gasto. Pero la sostenibilidad no puede medirse sólo en balances contables. También debe medirse en términos sociales: ¿cuánto tiempo puede sostenerse un país que desatiende a sus mayores, que desfinancia a los prestadores de salud y que expulsa del sistema a quienes no lograron un empleo formal?
El veto a estas leyes no es simplemente una medida administrativa: es una definición política. No hay plata, pero sí hay dólares para el Fondo. No hay bonos, pero sí motosierra para los más débiles. No hay moratoria, pero sí espacio para ajustes que garantizan superávits a costa del tejido social.
