El Plan Cóndor: la operación de terror de Estado en el Cono Sur que no debemos olvidar

Iniciada formalmente en noviembre de 1975, esta alianza represiva involucró a los regímenes autoritarios de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, con apoyo logístico y financiero de Estados Unidos. Su objetivo era perseguir, capturar y eliminar a opositores políticos –principalmente militantes de izquierda, peronistas, sindicalistas, estudiantes, periodistas y guerrilleros– más allá de las fronteras nacionales, mediante operaciones de inteligencia conjunta, secuestros, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos selectivos.

La coordinación represiva del Plan Cóndor dejó un saldo trágico de decenas de miles de víctimas: según documentos desclasificados y los “Archivos del Terror” descubiertos en Paraguay, se estima que alrededor de 50.000 personas fueron asesinadas, 30.000 desaparecidas y 400.000 encarceladas en el marco de esta campaña regional de exterminio.

Orígenes y mentores de la conspiración represiva

El Plan Cóndor no surgió de la nada, sino que fue la culminación de una estrategia regional gestada al calor de la Guerra Fría y la doctrina anticomunista de Seguridad Nacional promovida en las fuerzas armadas latinoamericanas. Sus principales arquitectos fueron los propios dictadores del Cono Sur –entre ellos el general Augusto Pinochet (Chile), el general Jorge Rafael Videla (Argentina), el general Hugo Banzer (Bolivia), el general Alfredo Stroessner (Paraguay), el general Ernesto Geisel (Brasil) y el presidente Juan María Bordaberry (Uruguay), entre otros–, guiados y alentados por aliados en Washington. De hecho, la injerencia estadounidense fue clave: archivos desclasificados de la CIA revelan que en 1975 el jefe de la policía secreta chilena DINA, coronel Manuel Contreras, fue invitado durante 15 días al cuartel general de la CIA en Langley, tras lo cual aparece mencionado como el “creador” de la Operación Cóndor.

El periodista Christopher Hitchens llegó a apuntar al entonces secretario de Estado Henry Kissinger como uno de los ideólogos que dieron luz verde a esta coordinación represiva. En efecto, Kissinger avaló explícitamente la “guerra sucia” de la junta militar argentina en 1976, transmitiendo a los generales que Estados Unidos era su aliado en la lucha contra el “subversivismo”.

Fue Pinochet y su servicio de inteligencia (DINA) quienes tomaron la iniciativa organizativa: el 25 de noviembre de 1975 –día del 60° cumpleaños de Pinochet– Contreras convocó en Santiago de Chile a altos mandos de inteligencia de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia para una reunión secreta. Según el acta confidencial, la misión era “establecer algo similar a la Interpol, pero dedicado a la subversión”. Durante tres días de deliberaciones en la Academia de Guerra de Chile, los delegados acordaron formar un “sistema de colaboración” internacional para “identificar, localizar, rastrear, capturar y liquidar” a los opositores izquierdistas de sus regímenes en cualquier lugar donde se escondieran. Al clausurar la conferencia, el 28 de noviembre de 1975, un oficial uruguayo propuso bautizar la nueva organización con el nombre del ave nacional de Chile, el cóndor andino –idea que fue aprobada por unanimidad. Así nació formalmente el “Sistema Cóndor”, consolidando una alianza clandestina que hasta entonces se venía gestando mediante pactos bilaterales informales o “acuerdos de caballeros”.

Contreras, descrito por un informante como “el hombre que originó todo el concepto del Cóndor y fue el catalizador para su puesta en marcha”, invitó personalmente a sus homólogos de la región al cónclave inaugural de Santiago. Chile también albergó la segunda reunión de la red, el 31 de mayo de 1976, donde se creó una estructura especializada para asesinatos internacionales, con nombre en clave “Teseo”, destinada a eliminar enemigos en terceros países fuera de Sudamérica.

Desde el principio, la colaboración estadounidense fue tangible: no solo brindó respaldo político, entrenamiento e inteligencia, sino también recursos técnicos. Por ejemplo, la CIA proveyó a Cóndor computadoras para montar una base de datos compartida con información sobre miles de sospechosos políticos, así como un sistema de comunicaciones cifrado conocido como “Condortel”, cuya estación central operaba desde una instalación norteamericana en la Zona del Canal de Panamá. En otras palabras, Washington facilitó la infraestructura para que las policías secretas del Cono Sur actuaran como un consorcio represivo transnacional.

Cómo se implementó la Operación Cóndor

Una vez sellada la alianza, el Plan Cóndor funcionó como una red de represión transnacional altamente coordinada. Las agencias de inteligencia de las dictaduras participantes –DINA en Chile, SIDE en Argentina, DINARP en Paraguay, Departamento de Orden Político en Uruguay, etc.– establecieron canales permanentes de comunicación e intercambio de información sobre exiliados, militantes y opositores. En 1976, con la llegada al poder de la junta de Videla en Argentina, Buenos Aires se convirtió en el centro operativo más activo de Cóndor: se trasladó allí la división de mando y control de la red (denominada en clave “Condoreje”) y desde la capital argentina operó un equipo especial de agentes provenientes de varios países. Este escuadrón internacional –adscrito a la subdirección Teseo– montó base en Buenos Aires para planificar y ejecutar misiones de “muerte” más allá del Cono Sur.

Cada país miembro aportaba recursos humanos, materiales y logísticos para las operaciones conjuntas. Por ejemplo, era común que agentes de una dictadura ingresaran clandestinamente a otro país vecino para secuestrar a refugiados políticos y trasladarlos de regreso a su país de origen –o a un tercer país– donde serían interrogados bajo tortura o eliminados. También compartían bancos de datos de sospechosos e incluso emitían documentos de identidad falsos para que los comandos represivos pudieran circular con distintas nacionalidades. Un cable diplomático estadounidense de 1978 confirmó que los jefes de inteligencia sudamericanos “se mantenían en contacto unos con otros a través de una instalación de EE.UU. en la Zona del Canal de Panamá… empleada para coordinar información de inteligencia”. Así, información, prisioneros y equipos de agentes fluían de un país a otro bajo la sombrilla de Cóndor, diluyendo fronteras a la hora de aplastar la disidencia.

La estructura operativa de Cóndor contemplaba varias fases. Primero, la creación de una base centralizada de inteligencia sobre personas y organizaciones consideradas “subversivas”. En una segunda fase, se lanzaron operativos coordinados dentro de Sudamérica: por ejemplo, fuerzas conjuntas de países vecinos actuaban en Argentina –el país con más exiliados de la región– para capturar allí a militantes uruguayos, chilenos o bolivianos refugiados.

La fase final (denominada “Cóndor III”) extendió la represión fuera de la región, enviando escuadrones de la muerte a Europa y otros continentes para perseguir a opositores exiliados. Esta última fase, extremadamente secreta, incluía planes para asesinar incluso en Francia, Portugal, Estados Unidos o México, y fue la más delicada porque sus acciones terroristas internacionales resultaban difíciles de encubrir. De hecho, algunos atentados cometidos en territorio extranjero generaron escándalos que expusieron parcialmente la existencia de esta conspiración, provocando cierta reticencia en sectores de Estados Unidos y otros países occidentales que hasta entonces habían tolerado (o apoyado) la represión mientras se mantuviera puertas adentro de Sudamérica.

El período de mayor actividad de Cóndor se dio entre 1976 y 1978, cuando las dictaduras del Cono Sur actuaban en bloque y con máxima violencia. En esos años se ejecutaron cientos de operaciones transfronterizas. Sin embargo, hacia fines de la década los vínculos se debilitaron debido a cambios políticos y rivalidades internas: por ejemplo, en 1978 Argentina y Chile estuvieron al borde de un enfrentamiento bélico por el conflicto del Canal de Beagle, lo que enfrió temporalmente la cooperación entre ambos ejércitos. A inicios de los años 80, muchas de las dictaduras comenzaron a enfrentar crisis internas y presión internacional por sus violaciones a los derechos humanos, reduciendo gradualmente las operaciones conjuntas. No existe un “acta de defunción” formal del Plan Cóndor, pero la evidencia documental indica que dejó de funcionar activamente hacia 1980-1982, coincidiendo con la caída o transición de varios regímenes militares a gobiernos democráticos.

Acciones del Plan Cóndor: terrorismo de Estado internacional

A continuación se enumeran algunas de las principales acciones y modus operandi llevados a cabo bajo el Plan Cóndor, ilustrando el alcance de esta alianza criminal:

Asesinatos políticos en el exterior: La coordinación Cóndor posibilitó la eliminación de figuras opositoras emblemáticas fuera de sus países. Un caso paradigmático fue el atentado con coche-bomba que mató en Washington D.C. al ex canciller chileno Orlando Letelier el 21 de septiembre de 1976. Agentes de la DINA chilena –con apoyo de mercenarios cubano-estadounidenses– detonaron la bomba que acabó con la vida de Letelier y de su asistente Ronni Moffitt, en pleno corazón de la capital estadounidense. Este acto terrorista internacional, claramente parte de Cóndor según la propia CIA, provocó condena mundial. Otro ejemplo anterior fue el asesinato del general chileno Carlos Prats (exiliado en Buenos Aires) mediante una bomba colocada por agentes de Pinochet en 1974, así como el atentado fallido contra el líder demócrata-cristiano Bernardo Leighton en Roma en 1975, donde colaboraron neofascistas italianos reclutados por la DINA. Estos crímenes evidencian cómo Cóndor exportó el terrorismo de Estado más allá de Latinoamérica, atacando a disidentes en Estados Unidos y Europa sin reparos.

Secuestros y desapariciones transfronterizas: La operación conjunta se tradujo en innumerables operativos de secuestro de refugiados políticos que habían huido a países vecinos. Por ejemplo, en Buenos Aires –epicentro de refugiados del Cono Sur– actuaban comandos mixtos argentino-uruguayos que en 1976 secuestraron y asesinaron a destacados políticos uruguayos exiliados: los ex legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, cuyos cuerpos aparecieron baleados en la capital argentina. Del mismo modo, decenas de militantes de izquierda chilena, uruguaya, paraguaya y boliviana fueron capturados en Argentina durante 1976-77, mantenidos en cárceles clandestinas (como el centro Automotores Orletti en Buenos Aires, que ofició de base de Cóndor) y luego trasladados ilegalmente a sus países de origen para ser desaparecidos. Automotores Orletti, por ejemplo, funcionó como “taller” del Cóndor donde operativos extranjeros (incluyendo agentes del régimen uruguayo y hasta anticastristas cubanos como Luis Posada Carriles) torturaban a detenidos de distintas nacionalidades. En una operación conjunta en 1980, agentes de seguridad de Perú colaboraron con militares argentinos para secuestrar en Lima a un grupo de militantes montoneros argentinos exiliados, quienes luego desaparecieron. Estos casos reflejan un patrón sistemático: nadie que fuera considerado “subversivo” estaba a salvo, aunque cruzara la frontera, pues las policías secretas actuaban de manera integrada para perseguirlos.

Tortura sistemática y centros clandestinos compartidos: La tortura fue una herramienta central del Plan Cóndor, empleada no solo en cada país sino también de forma coordinada. Las víctimas eran a menudo intercambiadas entre regímenes: por ejemplo, un detenido chileno podía ser interrogado bajo tortura por oficiales argentinos, o viceversa, dependiendo de dónde se lo capturara. Existieron centros clandestinos de detención que alojaron prisioneros de diversos países en operaciones combinadas. En Automotores Orletti (Argentina), conocido como “el taller asesino del Cóndor”, estuvieron cautivos no solo argentinos sino también uruguayos, chilenos, paraguayos y hasta dos jóvenes diplomáticos cubanos secuestrados en Buenos Aires en 1976, quienes terminaron asesinados por agentes de la red Cóndor. En Villa Grimaldi (Chile) o en el Departamento de Investigaciones de Paraguay hubo también presencia de interrogadores de países vecinos cuando el caso lo requería. La coordinación permitía estandarizar métodos de tortura, con intercambios de “expertos” en técnicas represivas. De hecho, algunos militares brasileños y chilenos entrenaron a colegas argentinos en métodos de tortura psicológica y física. Esta estandarización del horror aseguraba que la “información” extraída bajo tormentos en un país alimentara las operaciones represivas en otro.

Desaparición forzada y robo de bebés: El Plan Cóndor fue esencialmente una maquinaria de desaparición forzada a escala regional. Miles de detenidos fueron ejecutados en secreto y sus cuerpos hechos desaparecer –arrojados al mar o enterrados en fosas comunes– para borrar evidencia. Entre los crímenes coordinados figuró también la apropiación de menores: hijos de detenidos-desaparecidos que nacían en cautiverio o niños pequeños secuestrados con sus padres fueron entregados ilegalmente en adopción a familias del régimen. Por ejemplo, en el marco de Cóndor, al menos 200 niños nacidos de prisioneras políticas fueron robados en Argentina, Uruguay y Chile, privando a las familias de dos generaciones a la vez. Un caso representativo es el de Mariana Zaffaroni: hija de una pareja de militantes uruguayos detenidos bajo Cóndor en Buenos Aires (1976), fue apropiada por un agente de inteligencia argentino y criada con identidad falsa hasta que en 1998 se logró su restitución a la familia legítima. Estas prácticas de terrorismo de Estado dejaron secuelas que perduran décadas después, con abuelas aún buscando a sus nietos apropiados.

Campañas de desinformación y encubrimiento: Las dictaduras del Cóndor no solo coordinaban la represión física, sino también la guerra psicológica y propagandística para encubrir sus crímenes. En 1975, poco antes de formalizarse Cóndor, Chile y Argentina montaron la llamada Operación Colombo: un montaje comunicacional para ocultar la desaparición de 119 opositores chilenos, publicando en medios extranjeros falsas noticias que atribuían sus muertes a supuestos ajustes de cuentas entre guerrilleros. Esta campaña de desinformación internacional, orquestada en conjunto, buscó minar la credibilidad de las denuncias de familiares sobre desaparecidos. De igual modo, los regímenes intercambiaban listas negras y difundían información falsa para justificar asesinatos presentándolos como “enfrentamientos” o para estigmatizar a exiliados en el exterior como terroristas peligrosos. La complicidad mediática de algunos periódicos fue parte de la estrategia Cóndor para sembrar confusión y negar sistemáticamente las violaciones a los derechos humanos. No obstante, con el tiempo la verdad afloró: hallazgos como los Archivos del Terror en 1992 revelaron con documentos internos la magnitud de la asociación ilícita que unió a estas dictaduras para desaparecer personas.
Consecuencias y legado del Plan Cóndor

Las acciones del Plan Cóndor dejaron cicatrices profundas en el tejido social y político de Sudamérica, así como importantes repercusiones internacionales. Entre las principales consecuencias y legados de esta campaña de terror de Estado, cabe destacar:

Magnitud de las violaciones a los derechos humanos: El saldo humanitario del Plan Cóndor se cuenta en decenas de miles de vidas truncadas y comunidades enteras diezmadas. Se calcula que, combinando todos los países involucrados, entre 60.000 y 80.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas por motivos políticos durante aquellos años, y cientos de miles sufrieron prisión y tortura. Esta represión sistemática ha sido calificada jurídicamente como crímenes de lesa humanidad, por su carácter generalizado y planificado desde el Estado. La sociedad civil quedó marcada por el miedo, el silencio y el exilio masivo: miles de ciudadanos debieron huir al extranjero para salvar sus vidas, generando una diáspora de exiliados políticos latinoamericanos en Europa, México, Venezuela y otros destinos. En paralelo, en el interior de los países las familias de desaparecidos vivieron años de angustia e incertidumbre sin noticias de sus seres queridos, y hasta el día de hoy numerosas víctimas continúan desaparecidas, sin que se conozca el destino final de sus cuerpos.

Desarticulación de la oposición y atraso democrático: En lo político, Cóndor logró en el corto plazo desmantelar a sangre y fuego a gran parte de la oposición organizada en el Cono Sur. Partidos políticos, sindicatos, movimientos estudiantiles y guerrillas de izquierda fueron diezmados; sus líderes, encarcelados, asesinados o empujados al exilio. Esta “pacificación” forzada consolidó por varios años el poder de las dictaduras militares, que impusieron proyectos económicos neoliberales y modelos sociales autoritarios sin resistencia interna significativa. A largo plazo, el costo fue una enorme regresión democrática y pérdida de capital humano: se eliminó a toda una generación de dirigentes sociales e intelectuales progresistas, retrasando las luchas por la justicia social y la democracia. La censura y el terror clausuraron el debate público, destruyendo la confianza en las instituciones. Recién con el retorno a la democracia –iniciado en 1983 en Argentina y seguido por los demás países durante los 80– pudo la sociedad comenzar a reconstruir sus tejidos políticos, aunque bajo el peso de la herencia traumática que dejó la dictadura.

Impunidad inicial y lucha por la justicia: Tras la restauración democrática, muchos de los responsables de los crímenes de Cóndor evadieron la justicia durante décadas gracias a leyes de amnistía, pactos de silencio y falta de voluntad política. Sin embargo, la tenaz lucha de los organismos de derechos humanos y familiares de víctimas mantuvo viva la exigencia de verdad y justicia. Organizaciones como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina, familiares de detenidos desaparecidos en Chile, Uruguay y otros países, impulsaron investigaciones y mantuvieron viva la memoria de los crímenes. Con el tiempo, y especialmente a partir de los años 2000, se reabrieron causas judiciales contra ex represores.

Se han logrado históricos juicios: en Argentina, el Juicio al Plan Cóndor culminó en 2016 con varias condenas para antiguos jerarcas (incluyendo al ex dictador Reynaldo Bignone) por asociación ilícita para secuestros y desapariciones transnacionales. En Italia, tribunales condenaron en ausencia a varios militares sudamericanos por el asesinato de ciudadanos italianos en el marco de Cóndor. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también sentó jurisprudencia responsabilizando a Estados por estos delitos coordinados. Si bien la justicia llegó tarde y aún incompleta, estos procesos establecieron la verdad histórica de la Operación Cóndor en sede judicial, reconociéndola como un plan sistemático de exterminio.

Memoria y conciencia histórica: Un legado trascendental de la época de Cóndor es la consolidación en nuestras sociedades de una fuerte conciencia en favor de la memoria, la verdad y la no repetición. Con el retorno de la democracia, emergió la necesidad de recordar para aprender del horror vivido. En Argentina, por ejemplo, se conformó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) que en 1984 publicó el informe “Nunca Más”, documentando los crímenes de la dictadura. Similarmente, en Chile, la Comisión Rettig y luego la Comisión Valech sacaron a la luz miles de casos de violaciones a derechos humanos. Se han establecido días de conmemoración (cada 24 de marzo es el Día de la Memoria en Argentina) y sitios de memoria en antiguos centros de detención, para educar a las nuevas generaciones. Hoy existen museos de la memoria, parques y archivos abiertos al público en varios países. Todo este esfuerzo de memoria histórica ha tenido un efecto pedagógico: las mayorías sociales en el Cono Sur han abrazado el consenso del “Nunca Más”, entendiendo que la democracia y el respeto a los derechos humanos son bienes supremos que no pueden volver a ser avasallados por ningún régimen autoritario.

Nunca Más: La importancia de que las nuevas generaciones conozcan esta historia

A medio siglo de aquellos sucesos, el Plan Cóndor sigue siendo un símbolo estremecedor de hasta dónde puede llegar el autoritarismo cuando se amalgama con ideologías de extrema derecha y contrainsurgencia. En estos tiempos en que resurgen en el mundo –y también en Argentina– corrientes negacionistas o “derechas nostálgicas” que relativizan los crímenes de las dictaduras, resulta imprescindible que los jóvenes conozcan de qué hablamos al referirnos a fascismo, represión y ausencia de democracia. La evidencia histórica es abrumadora e indesmentible: las atrocidades coordinadas cometidas bajo Cóndor nunca podrán negarse, encubrirse ni justificarse. Pretender minimizar aquel terror estatal es no solo una ofensa a las víctimas, sino un peligroso paso hacia su potencial repetición.

Es fundamental transmitir a las nuevas generaciones cómo vivía la sociedad bajo esas dictaduras fascistas: el clima de miedo permanente, la supresión total de las libertades civiles, el estado omnipotente decidiendo sobre la vida y la muerte de las personas. Como relata una sobreviviente de la represión en Argentina, la madrugada del 24 de marzo de 1976 (cuando se instaló la Junta Militar) “se perdieron todas las garantías... Se disolvió el Congreso, se cerraron los sindicatos, los partidos políticos... esa madrugada comenzaron los secuestros. Entraron a las casas y se llevaron a hombres, mujeres y niños a los centros clandestinos de detención”. En pocas horas el país pasó de una frágil democracia a un régimen de terror, sin Constitución ni justicia independiente, donde nadie podía expresar ideas opositoras so pena de convertirse en “desaparecido”.

Esa es la oscuridad a la que lleva el fascismo: un estado policiaco sin límites, que se arroga el derecho de aniquilar al que piensa diferente.

Por ello, conocer la historia del Plan Cóndor y de las dictaduras del Cono Sur no es un mero ejercicio académico, sino un deber cívico y ético. La memoria histórica actúa como un freno social frente a los cantos de sirena autoritarios. Recordar el Nunca Más –el compromiso colectivo de que nunca más permitiremos un régimen de terrorismo de Estado– es vital para fortalecer la democracia en el presente. Las generaciones que no vivieron esos años oscuros deben entender que detrás de slogans de “mano dura” o de nostalgias por “orden y seguridad” absoluta, puede esconderse el germen de la violencia de Estado y la pérdida de las libertades fundamentales.

En la Argentina actual, donde algunas voces de extrema derecha reivindican abiertamente la dictadura o proponen “soluciones” autoritarias a los problemas, la enseñanza de lo ocurrido con el Plan Cóndor adquiere renovada importancia. Saber que en nombre de la seguridad nacional se cometieron secuestros de bebés, se torturó a adolescentes, se asesinó a periodistas y se eliminó la independencia judicial, ayuda a desenmascarar el verdadero rostro del fascismo criollo. Como sociedad, debemos mantenernos vigilantes: el avance de ideologías intolerantes y violentas solo puede prosperar si el olvido gana terreno. Al contrario, una ciudadanía informada y consciente de su pasado difícilmente entregará su libertad a quienes promueven el odio y la represión.

El Plan Cóndor representa uno de los capítulos más trágicos y oprobiosos de nuestra historia reciente, pero su estudio nos deja también una enseñanza esperanzadora: incluso tras el horror, los pueblos del Cono Sur supieron reconstruir la democracia y luchar por la justicia. Honremos esa lucha contando la verdad a las nuevas generaciones. Solo preservando la memoria de lo ocurrido –nombrando a las víctimas, juzgando a los culpables, difundiendo los documentos que probaron la conspiración– podremos inmunizar a la sociedad contra los fantasmas del autoritarismo. En tiempos de confusión y discursos extremistas, recordar el Plan Cóndor es recordar por qué la democracia, con todos sus desafíos, siempre será infinitamente preferible a la pesadilla dictatorial que nuestros abuelos y padres padecieron. Nunca más cóndores sobrevolando nuestra libertad.

Fuentes: Peter Kornbluh, El País; Archivo Nacional de Asunción (Archivos del Terror); CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales; Wikipedia (Operación Cóndor); Agencia ANSA / ABC Color[5]; Gobierno de Mendoza (Día de la Memoria).