NeuquenNewsEl año arrancó con una señal de alarma difícil de ignorar: la Canasta Básica Alimentaria (CBA) saltó 5,8% en enero de 2026 y, en la comparación interanual, subió 37,6%, superando con amplitud al IPC general del período, que registró 2,9%.
El dato es más grave de lo que parece: la CBA superó el aumento salarial registrado del 28,8% en todo 2025, lo que implica que los hogares más vulnerables necesitan más dinero solo para no caer en la indigencia de lo que ganaron en un año de trabajo.
El motor de esa escalada fue la carne y las verduras. En el Gran Buenos Aires, la suba de alimentos fue del 5,5% mensual en enero, donde las verduras treparon casi 28% y las carnes y sus derivados anotaron un crecimiento del 4,4%. En febrero la situación no se calmó: el pollo entero subió 10,2%, la paleta 8,1%, la papa 8,1%, las hamburguesas congeladas 7,4%, la carne picada común 7,1% y el asado 5,7%.
La carne, históricamente el termómetro del bolsillo argentino, se convirtió en un lujo para sectores medios y bajos. Cortes como nalga, asado o cuadril superaron el 16.000% de incremento en la última década, un número que ilustra la erosión estructural del poder adquisitivo más allá de la coyuntura.
Los datos duros de los aumentos en alimentos y de contexto económico preocupan
Los datos sobre hábitos alimentarios son contundentes y preocupantes. El 52% de los hogares suspendió al menos una comida diaria y la carne vacuna se convirtió en un producto cada vez más inaccesible. Antes del quiebre se pasó de primeras marcas a segundas y terceras; luego comenzó un cambio más profundo: se dejó de consumir carne, lácteos, frutas y verduras, y aumentó el consumo de harinas, fideos, arroz y pan.
El impacto llega incluso a quienes tienen trabajo. Solo el 16,5% de los asalariados se mantiene al margen de cualquier forma de restricción alimentaria en su horario de trabajo. El 83,5% de la fuerza laboral ve deteriorado su consumo, con un 27,3% que resigna cantidad o calidad y un 56,2% que enfrenta ambas carencias a la vez. Un cuarto de los trabajadores directamente no almuerza.
La consecuencia más visible en la economía doméstica es el endeudamiento para gastos corrientes. El 56,4% de los hogares argentinos pagó comida, servicios, alquileres y tarjetas con plata prestada en los últimos seis meses. En enero de 2026, 2.663.953 personas entraron en mora con atraso de tres meses o más, y casi 9 de cada 10 de quienes tomaron deuda ya presentan dificultades para pagarla.
Los servicios públicos sumaron presión desde el 1° de enero. Las boletas de electricidad y gas presentaron una suba del 2,5% desde enero, mientras que el servicio de agua potable en el área metropolitana tuvo un alza del 4% mensual, proyectada a acumularse en un 17% entre enero y abril de 2026. Esos incrementos iniciales eran apenas el comienzo: en marzo de 2026, una familia tipo del AMBA necesitó $213.557 mensuales para afrontar los gastos de luz, gas, agua y transporte, un aumento del 11,4% respecto a febrero. La electricidad llegó a $49.462 mensuales para usuarios de ingresos medios, el gas natural a $28.025 y el agua a $35.045.
La comparación interanual es la que verdaderamente impacta: la canasta de servicios públicos del AMBA aumentó un 445% frente a marzo de 2025, muy por encima de la inflación general del período, reflejando el proceso de recomposición tarifaria y quita de subsidios que se profundizó en el último año. Desde diciembre de 2023, la canasta de servicios acumuló un aumento cercano al 600%, muy por encima de la inflación del período.
El mercado laboral exhibe una paradoja que los economistas comenzaron a señalar con alarma. La tasa de desocupación llegó al 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, un incremento de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior, con 1,64 millones de personas sin trabajo. Un informe del Banco Provincia advirtió que el año pasado fue el primero donde creció el PBI pero aumentó el desempleo. El crecimiento estuvo concentrado en sectores poco intensivos en mano de obra —energía, minería, finanzas— que no generan empleo en cantidad suficiente para absorber la oferta laboral creciente.
El caso de Neuquén-Plottier es una excepción positiva dentro de este mapa sombrío: el aglomerado Neuquén-Plottier logró reducir su desempleo 1,6 puntos porcentuales, siendo uno de los tres aglomerados con mejor desempeño del país en el último año, lo que refleja el efecto dinamizador de Vaca Muerta sobre el mercado laboral local.
Pero el desempleo oficial también tiene su versión ampliada. Un informe del Instituto Argentina Grande identifica un "desempleo blue" del 7,2%, y al sumarlo al oficial, la desocupación encubierta alcanzaría al 13,8% de la población, incorporando a quienes trabajaron muy pocas horas en actividades precarias o de alta informalidad.
El frente financiero externo es el que le pone fecha de vencimiento a toda la ecuación. El Tesoro enfrenta en 2026 vencimientos de deuda en moneda extranjera por US$19.505 millones, de los cuales US$8.446 millones corresponden a títulos públicos con pagos de US$4.200 millones en enero y otro monto equivalente en julio, más US$4.401 millones al FMI y US$4.716 millones a otros organismos multilaterales.
El problema estructural es la falta de reservas para afrontarlos. Según la metodología del FMI, Argentina mantiene reservas netas negativas en torno a US$17.000 millones, lo que implica que cada pago en dólares no solo reduce el margen sino que profundiza la fragilidad externa. El gobierno logró cubrir el primer vencimiento de enero combinando una colocación de bonos locales, compras de divisas del BCRA y el ingreso por la concesión de las centrales hidroeléctricas del Comahue.
El riesgo país refleja esa tensión. Con 634 puntos básicos a fines de marzo de 2026, Argentina figura con uno de los niveles más altos de la región, muy por encima del promedio latinoamericano de 304 puntos, y a más de 500 puntos de Uruguay, el país más estable del continente. El nivel implica que cualquier emisión de deuda soberana le cuesta al país tasas superiores al 10% anual en dólares, cerrando prácticamente el acceso al mercado internacional.
El nudo central es que el ajuste tarifario y la quita de subsidios —indispensables según la estrategia oficial para reducir el déficit fiscal y acumular reservas con las que honrar la deuda externa— se trasladan directamente al costo de vida en un contexto donde los salarios crecen por debajo de la inflación y el mercado laboral formal se contrae.
La ecuación que debe resolver el gobierno es difícil: necesita superávit fiscal para generar confianza en los mercados y bajar el riesgo país, pero ese mismo ajuste erosiona la demanda interna y profundiza la restricción alimentaria de millones de hogares.
Para Neuquén y la cuenca de Vaca Muerta, el escenario energético sigue siendo el principal amortiguador de este impacto, aunque los neuquinos no escapan a la presión sobre los servicios y los alimentos que sufre el conjunto del país.
