En 1982, la dictadura militar tomó una de las decisiones económicas más gravosas de la historia argentina: estatizó miles de millones de dólares de deuda privada. Lo que había sido contraído por grandes grupos económicos pasó a ser responsabilidad de todos los argentinos. Décadas después, los beneficios y perjuicios de aquella maniobra siguen marcando la economía y la política del país.
DE NUESTRA REDACCIÓN20/09/2025
NeuquenNews
No olvidar el pasado no es un acto de nostalgia, es un deber de defensa propia. La estatización de la deuda privada en 1982 demostró que, en la Argentina, las trampas de los poderosos siempre terminan pagándose con el bolsillo del pueblo. Quienes insisten en borrar la memoria no lo hacen por amor al olvido o por una reconciliación social: lo hacen porque tienen demasiado que esconder.
El silencio de la Justicia, la complicidad del Congreso y la impunidad de los beneficiados convirtieron aquella maniobra en una estafa histórica. Recordarla hoy no es remover heridas viejas, es impedir que vuelvan a repetirse. Porque cada vez que la sociedad baja la guardia, alguien ya está preparando la próxima factura.
El contexto: un país arrasado.
Hacia fines de la dictadura, tras la derrota en Malvinas, el gobierno de facto estaba en retirada. La economía argentina estaba exhausta: inflación alta, caída de la actividad, un sistema financiero devastado por la circular 1050, que había ahogado a familias y pequeños productores con deudas indexadas imposibles de pagar.
En paralelo, el endeudamiento externo se había multiplicado: en 1976, la deuda externa argentina rondaba los 7.000 millones de dólares; en 1983, superaba los 45.000 millones. Buena parte de esa deuda había sido contraída por grandes empresas privadas, locales y extranjeras, a tasas internacionales elevadísimas.
La maniobra: del bolsillo de los grupos económicos al Estado
En noviembre de 1982, el presidente del Banco Central, Domingo Cavallo, dictó la famosa Comunicación “A” 251. Esa norma permitió que las empresas privadas con deuda en dólares “canjearan” sus pasivos por títulos del Banco Central. En la práctica, el Estado se hacía cargo de pagar a los acreedores externos, y las compañías quedaban liberadas de sus compromisos.
La excusa oficial fue “evitar una crisis financiera” que arrastrara al país si las empresas caían en default. La realidad fue otra: se diseñó un salvataje a medida de los grandes grupos económicos, trasladando las pérdidas privadas al conjunto de la sociedad.
Empresas beneficiadas por la estatización de la deuda (1982)
Grupos económicos locales
Multinacionales y filiales extranjeras
Bancos y entidades financieras
Banco Galicia, Banco Francés, Citibank y otras entidades privadas transfirieron deudas al Estado, asegurando que los préstamos obtenidos en el exterior quedaran cubiertos con títulos del Banco Central.
El costo total
En total, se estima que el Estado absorbió 17.000 millones de dólares en deudas privadas. Eso representó cerca del 40 % de la deuda externa argentina en 1983.
¿Quiénes fueron los perjudicados?
Los perdedores fueron todos los argentinos:
El Estado, que vio cómo su deuda se disparaba, comprometiendo presupuestos futuros. Las familias y trabajadores, que ya sufrían la inflación y el ajuste, y que luego soportarían más impuestos y menos inversión pública. Las pequeñas y medianas empresas, que no tenían acceso a este “seguro de cambio” y quedaron expuestas a tasas usurarias y a la falta de financiamiento.
Es decir, mientras las grandes corporaciones quedaban protegidas, el pueblo pagaba con inflación, recortes y deuda.
Las irregularidades: una deuda “trucha”
Lo que la dictadura presentó como un “rescate” técnico del sistema financiero se convirtió, en la práctica, en una de las mayores transferencias ilegales de riqueza de la historia argentina. El fallo de la Causa Olmos en el año 2000 dejó asentado que gran parte de la deuda que se traspasó al Estado estaba plagada de irregularidades y operaciones fraudulentas.
Maniobras más comunes:
El resultado fue doblemente perverso: no solo se socializaron las deudas reales de las grandes empresas, sino que también se legalizaron estafas privadas, validando operaciones fraudulentas que nunca debieron ser aceptadas por el Estado.
En palabras del juez Jorge Ballesteros, el proceso de endeudamiento durante la dictadura fue “ilegítimo e ilegal”. Sin embargo, por prescripción no hubo sanciones penales. Esa impunidad permitió que muchos de los beneficiarios de la estatización continuaran ampliando sus fortunas en democracia, mientras el pueblo argentino cargaba con una deuda que nunca había contraído.
El rol del Congreso: silencio y complicidad
Al recuperar la democracia en 1983, el Congreso tuvo la oportunidad de investigar y revertir la maniobra. Sin embargo, salvo algunos intentos aislados, nunca se avanzó en serio. Los acuerdos con organismos internacionales y la presión de los acreedores hicieron que la estatización de la deuda se consolidara como un hecho consumado.
El Congreso argentino, durante años, optó por mirar para otro lado, convalidando lo actuado por la dictadura. Esa falta de control parlamentario permitió que la carga de la deuda siguiera creciendo, hipotecando el futuro del país.
Responsabilidades del gobierno militar
La decisión de estatizar la deuda fue tomada por el último gobierno de facto, bajo la presidencia de Reynaldo Bignone y con Domingo Cavallo en el Banco Central. El argumento fue evitar la “quiebra” de las empresas estratégicas, pero la medida respondió a la lógica de un Estado puesto al servicio de los grandes grupos económicos.
Fue un acto político y económico deliberado: proteger a los poderosos y transferir el costo al pueblo.
Consecuencias que aún pagamos
La estatización de la deuda privada no fue solo una medida coyuntural. Fue el origen de un ciclo de endeudamiento crónico, renegociaciones, ajustes y condicionamientos externos que marcaron toda la democracia posterior.
Cada vez que se habla del peso de la deuda externa sobre la economía argentina, hay que recordar que una parte sustancial de esa mochila nació del salvataje a los grupos económicos más poderosos del país.
La estatización de la deuda privada en 1982 fue una estafa monumental. Permitió que un puñado de empresas y bancos salvaran sus fortunas a costa de hipotecar el futuro del pueblo argentino.
La Justicia no sancionó a los responsables. El Congreso no investigó con la profundidad necesaria. Y los gobiernos posteriores se limitaron a administrar esa herencia envenenada.
En un país donde la deuda externa sigue condicionando cada presupuesto, cada política social y cada intento de desarrollo, recordar cómo se gestó esta estafa no es un ejercicio de historia: es un acto de memoria y de responsabilidad política.
"El ajuste lo paga la casta"
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