NeuquenNewsLa discusión argentina sobre la deuda suele quedar atrapada en una pregunta aparentemente sencilla: ¿qué gobierno endeudó más al país? La respuesta depende de qué deuda se mida. No es lo mismo hablar de deuda pública nacional que de deuda externa bruta, porque esta última incluye obligaciones con no residentes del Gobierno, el Banco Central, bancos y empresas privadas. Tampoco alcanza con observar el stock nominal: una administración puede emitir deuda para cancelar vencimientos anteriores, refinanciar pasivos o modificar su composición sin que todo ese movimiento represente dinero nuevo disponible para gastar.
Hecha esa aclaración, hay un dato difícil de soslayar. El período iniciado en diciembre de 2015 produjo un cambio significativo en la estructura financiera argentina. De acuerdo con una serie reproducida por el propio FMI, la deuda bruta del Gobierno Federal pasó de US$240.700 millones en 2015 a US$323.400 millones en 2019, un incremento nominal de alrededor de US$82.700 millones. Al mismo tiempo, la deuda en manos de acreedores oficiales y privados pasó de US$102.900 millones a US$206.500 millones. (eLibrary IMF)
El fenómeno fue particularmente relevante porque cambió también quién le prestaba a la Argentina y bajo qué condiciones. En 2015 el FMI prácticamente no aparecía entre los acreedores del Estado argentino. Para 2019, la exposición con el organismo alcanzaba aproximadamente US$44.100 millones. El propio Fondo registra que, hasta julio de 2019, había desembolsado esa cifra como parte del acuerdo Stand-By firmado durante la administración de Mauricio Macri. (IMF)
El gobierno de Mauricio Macri apostó inicialmente por financiar la transición económica mediante acceso al mercado internacional de capitales. La estrategia buscaba reducir gradualmente el déficit fiscal evitando un ajuste inmediato de mayor magnitud. El problema apareció cuando el financiamiento voluntario comenzó a cerrarse y la Argentina recurrió en 2018 al FMI.
Los números muestran la magnitud del cambio. Según información oficial del Ministerio de Economía, entre 2016 y 2019 la deuda denominada en moneda extranjera aumentó en más de US$100.000 millones. (Argentina)
Ese proceso dejó una consecuencia que trascendió al gobierno que lo generó: una parte importante del problema financiero argentino pasó a ser también un problema de disponibilidad de dólares. Un Estado puede refinanciar deuda denominada en pesos dentro de su propio sistema financiero; afrontar grandes vencimientos en moneda extranjera requiere, en cambio, generar o conseguir divisas.
La cuestión central, por lo tanto, no es solamente que aumentó la deuda, sino que una porción importante quedó denominada en una moneda que la Argentina no emite.
Alberto Fernández recibió una economía sin acceso normal al mercado internacional de crédito y con vencimientos importantes. Su administración reestructuró en 2020 alrededor de US$65.000 millones de títulos bajo legislación extranjera y posteriormente renegoció el programa con el FMI.
En marzo de 2022, el organismo aprobó un nuevo acuerdo de facilidades extendidas por US$44.000 millones. Pero sería incorrecto interpretar esos US$44.000 millones como otros US$44.000 millones completamente adicionales destinados al gasto público: el nuevo programa estuvo estrechamente relacionado con la refinanciación de las obligaciones originadas en el acuerdo de 2018. (IMF)
La deuda pública bruta, sin embargo, siguió aumentando nominalmente. El problema adoptó otra forma: creció el peso del financiamiento en moneda local y de los instrumentos vinculados a inflación o tipo de cambio, mientras continuaban las restricciones externas.
Esto demuestra una característica recurrente del problema argentino. Reducir el acceso al endeudamiento externo no equivale necesariamente a eliminar la necesidad de financiamiento del Estado. Si persiste el déficit, ese desequilibrio puede financiarse mediante deuda doméstica, emisión monetaria o acumulación de obligaciones. Cambia el mecanismo, pero no desaparece necesariamente el problema fiscal.
La administración de Javier Milei modificó nuevamente la estrategia. El Gobierno convirtió al equilibrio fiscal en uno de los ejes centrales de su política económica y sostiene que eliminar el déficit constituye la condición necesaria para terminar con el endeudamiento originado por las necesidades corrientes del Tesoro.
Los números fiscales muestran efectivamente un cambio. En los primeros ocho meses de 2026, el Sector Público Nacional acumuló un superávit primario cercano al 1,1% del PIB y un superávit financiero de aproximadamente 0,2%, según el Ministerio de Economía. Sólo durante agosto, el Estado registró un superávit financiero de $635.529 millones después del pago de intereses. (Argentina)
Pero tener superávit fiscal no significa que el stock de deuda automáticamente disminuya. El Tesoro continúa refinanciando vencimientos, realizando operaciones de administración de pasivos y modificando la composición de sus obligaciones.
Además, en abril de 2025 la Argentina volvió a celebrar un acuerdo de deuda importante con el FMI. El programa vigente contempla US$20.000 millones bajo un acuerdo de Facilidades Extendidas. En mayo de 2026, tras completar la segunda revisión, el Fondo habilitó otros US$1.000 millones y señaló que los desembolsos acumulados bajo este programa habían alcanzado aproximadamente US$15.800 millones. (IMF)
Por eso tampoco sería correcto afirmar que durante el gobierno de Milei simplemente "se pagó deuda" o, en el extremo contrario, sumar cada colocación de títulos y cada desembolso como si todo constituyera endeudamiento neto nuevo. Para evaluar el período hay que observar simultáneamente el stock, las amortizaciones, los nuevos desembolsos, los intereses, los cambios de valuación y quién posee finalmente esos pasivos.
La comparación histórica deja una conclusión económica más importante que la disputa entre gobiernos. Argentina arrastra un problema estructural para generar de manera sostenida los recursos fiscales y, especialmente, las divisas necesarias para atender sus compromisos sin atravesar periódicamente crisis de financiamiento.
La deuda puede ser una herramienta legítima de desarrollo. Prácticamente todos los Estados y las grandes empresas del mundo se endeudan. El problema aparece cuando la deuda no contribuye a ampliar suficientemente la capacidad futura de generar ingresos.
Un país que toma US$10.000 millones para financiar infraestructura capaz de aumentar exportaciones, productividad o generación de energía queda con una deuda, pero también con un activo que puede contribuir a pagarla. Si esos mismos dólares se utilizan para cubrir déficits persistentes, financiar salida de capitales, sostener desequilibrios cambiarios o simplemente cancelar obligaciones anteriores, el resultado económico es diferente.
Ése es uno de los puntos centrales para analizar la experiencia argentina.
Existe, sin embargo, una diferencia relevante respecto de otros momentos de la historia reciente. Argentina está aumentando su capacidad estructural de generación de dólares mediante energía, minería y otros sectores exportadores.
Vaca Muerta, los oleoductos de evacuación, los proyectos vinculados al GNL, el crecimiento minero y el complejo agroindustrial ofrecen una posibilidad que durante buena parte de las crisis anteriores era considerablemente menor: aumentar persistentemente la oferta de divisas provenientes de la producción.
Esto no resuelve automáticamente el problema de la deuda. Pero modifica una variable fundamental: la capacidad potencial de pago.
El verdadero desafío consiste en transformar esa disponibilidad de recursos naturales en exportaciones, infraestructura, inversión, empleo y reservas internacionales. Si los dólares adicionales simplemente compensan nuevas salidas de capital o nuevas obligaciones externas, la restricción reaparecerá bajo otra forma.
La relación con el Fondo constituye quizás la expresión más visible de esa restricción. El organismo no sólo continúa siendo uno de los principales acreedores externos del Estado argentino sino que mantiene una participación relevante sobre la política económica mediante las revisiones del programa.
El calendario continúa. Al 31 de agosto de 2026, el FMI registraba obligaciones argentinas por aproximadamente DEG 1.470 millones entre septiembre y diciembre de este año, incluyendo amortizaciones, cargos e intereses. (IMF)
Esto ayuda a explicar por qué reservas, resultado fiscal, política cambiaria y acceso al mercado internacional siguen siendo variables centrales incluso cuando las cuentas públicas muestran superávit.
Cada administración puede construir un relato parcialmente cierto sobre la deuda. El kirchnerismo puede señalar el fuerte endeudamiento externo ocurrido durante la presidencia de Macri y el regreso al FMI. El macrismo puede argumentar que recibió un déficit fiscal elevado y utilizó deuda para financiar una transición gradual. La administración de Alberto Fernández puede destacar la reestructuración de los bonos privados y que el acuerdo de 2022 refinanció obligaciones anteriores. El gobierno de Milei puede mostrar el superávit fiscal como evidencia de que dejó de financiar gasto corriente mediante déficit.
Todos esos elementos pueden formar parte de una explicación. Ninguno, aislado, alcanza para describir el problema completo.
La Argentina necesita responder preguntas más incómodas: cuánto debe, en qué moneda, a quién, a qué tasa, cuándo vence, qué activos generó con ese endeudamiento y de dónde saldrán los recursos para pagarlo.
El Ministerio de Economía continúa publicando mensualmente la evolución y composición de la deuda pública; la serie oficial disponible ya llega hasta agosto de 2026. (Argentina)
La discusión sobre quién endeudó más puede servir para determinar responsabilidades históricas. Pero la pregunta económica decisiva es otra: qué capacidad productiva construyó la Argentina a cambio de las obligaciones que acumuló.
Después de décadas de defaults, reestructuraciones, controles cambiarios, acuerdos con organismos internacionales y refinanciaciones permanentes, la deuda argentina no puede analizarse exclusivamente como un número contable. Es también una manifestación de una economía que reiteradamente tuvo dificultades para compatibilizar el nivel de gasto, la recaudación, el ahorro doméstico, la inversión y la generación de divisas.
El país tiene hoy una oportunidad distinta por el crecimiento de sus exportaciones energéticas y el potencial minero. Pero esa oportunidad no elimina la restricción: simplemente ofrece mejores herramientas para enfrentarla.
Porque el verdadero desendeudamiento no consiste únicamente en reducir una cifra en una planilla. Consiste en lograr que la economía, las exportaciones y la capacidad fiscal crezcan más rápido que las obligaciones que el país debe afrontar. Cuando eso ocurre, la deuda puede convertirse en una herramienta financiera. Cuando no ocurre, termina convirtiéndose, una vez más, en un condicionante de la política económica argentina.
