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El equilibrio precario en la política exterior (El Tábano Economista)
Una alarmante realidad emerge de un reciente informe de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD): aproximadamente 3300 millones de personas viven en países donde el peso de los intereses de la deuda supera la inversión en pilares fundamentales para el desarrollo humano como la salud y la educación.
DE NUESTRA REDACCIÓN15/04/2025
NeuquenNews
Esta situación, calificada por la secretaria general de la UNCTAD, Rebeca Grynspan, como una "crisis de deuda y desarrollo", pone de manifiesto cómo el alto endeudamiento de las naciones en desarrollo se ha convertido en un freno para su progreso, perpetuando la pobreza y obligándolos a tomar decisiones desgarradoras entre el pago de sus obligaciones financieras y la atención de las necesidades básicas de su población.
En los últimos seis años, cerca del 70% de los países en desarrollo han experimentado serios problemas para mantener la sostenibilidad de su deuda externa. En 2023, estos países destinaron, en promedio, un 16% de sus ingresos por exportaciones únicamente al servicio de la deuda. Esta sangría de recursos, como señala Grynspan, desvía fondos cruciales que deberían estar destinados a impulsar el desarrollo, obligando a los gobiernos a descuidar o incluso abandonar programas esenciales para su crecimiento a largo plazo.
La paradoja es evidente: la deuda, concebida como una herramienta para financiar el desarrollo y construir un futuro próspero, se ha transformado en una pesada carga que presiona las economías y obstaculiza el progreso. Como bien apunta Grynspan, la clave radica en una gestión responsable de los recursos, recordando que los préstamos deben utilizarse para generar valor y, con el tiempo, los medios para su propio reembolso. La transparencia, la lucha contra la corrupción y la correcta priorización de las necesidades nacionales se erigen como pilares fundamentales en este proceso.

La arquitectura financiera global actual también juega un papel crucial en esta crisis. Los países en desarrollo enfrentan altos costos de capital y carecen de una red de seguridad robusta que los proteja de los shocks externos. La ausencia de un sistema financiero multilateral capaz de proporcionar recursos asequibles a largo plazo y atraer inversión privada agrava aún más la situación.
La UNCTAD revela un dato escalofriante: en casi todos los países en desarrollo, los pagos de intereses de la deuda superan las inversiones destinadas a combatir el cambio climático. Esta priorización de las obligaciones financieras sobre la acción climática no solo hipoteca el futuro de estas naciones, sino que también tiene consecuencias negativas para el planeta en su conjunto.
La complejidad de la reestructuración de la deuda se ve aumentada por el cambiante panorama de los acreedores. Actualmente, casi dos tercios de la deuda de los países en desarrollo están en manos de acreedores privados, con incentivos muy diferentes a los de los donantes bilaterales tradicionales. Grynspan advierte que algunos tenedores de bonos privados se han convertido en acreedores principales, incluso por encima de las instituciones multilaterales y oficiales, mostrando una disposición a litigar agresivamente para proteger sus intereses.
La falta de un mecanismo de suspensión de pagos mientras se negocian las reestructuraciones es otro obstáculo significativo. Los países se ven impedidos de acceder a los mercados de capital o refinanciar sus deudas, lo que a menudo los obliga a elegir entre incumplir sus obligaciones de desarrollo o sus obligaciones financieras. Como señala Grynspan, la realidad es que no hay moratorias de deuda, sino "moratorias de desarrollo".
Ante esta crítica situación, la UNCTAD aboga por reformas urgentes y profundas en la arquitectura financiera internacional. Se han propuesto medidas como la suspensión de los intereses durante las negociaciones de reestructuración, aunque aún no se han implementado de manera efectiva. El Pacto para el Futuro insta al Fondo Monetario Internacional (FMI) a iniciar una revisión exhaustiva de la arquitectura de la deuda, reconociendo la urgencia de encontrar soluciones más equitativas.

En este contexto de crisis global de deuda, la disyuntiva que enfrentan muchos gobiernos es desgarradora: ¿pagar la deuda o garantizar el derecho a la alimentación de su población? El relator especial sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, durante un diálogo en el Consejo de Derechos Humanos, expuso cómo la utilización de fondos públicos para asegurar el acceso a una alimentación adecuada puede llevar a un gobierno a retrasarse en el pago de su deuda, agravando los problemas financieros. Por el contrario, priorizar el pago de la deuda puede generar más hambre y malnutrición.
Fakhri fue contundente al afirmar que el actual sistema internacional de financiamiento obstaculiza la capacidad de los gobiernos para cumplir con su obligación fundamental de garantizar el derecho a la alimentación. Esta situación exige una transformación radical de los sistemas alimentarios, repensando su finalidad, sus normas y sus estructuras de poder.
La crisis de la deuda no es un evento aislado, sino un síntoma de problemas estructurales profundamente arraigados. Los ciclos de crisis con aumentos en las tasas de hambre y malnutrición se han intensificado en las últimas décadas. Para pagar sus préstamos, muchos gobiernos realizan recortes drásticos en el gasto público, afectando servicios sociales esenciales para los más vulnerables. El ejemplo de Argentina, con un aumento previsto en el pago de intereses de la deuda a expensas de programas sociales, ilustra esta dolorosa realidad.
La comunidad internacional se encuentra ante un momento crucial. La UNCTAD, a través de su secretaria general, hace un llamado urgente a compartir herramientas, estrategias y experiencias para encontrar soluciones concretas y prácticas a la crisis de deuda y desarrollo. La próxima Conferencia Internacional de Financiamiento al Desarrollo en Sevilla, España, en junio, se presenta como una oportunidad vital para construir un sistema financiero que priorice a las personas y al desarrollo a largo plazo, dejando atrás un modelo que favorece la especulación y conduce a impagos recurrentes. El futuro de miles de millones de personas depende de la capacidad de la comunidad global para responder a este desafío con urgencia y solidaridad.
Fuente: Naciones Unidas

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