La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó este martes los argumentos del caso González vs. Google, una demanda que pone en tela de juicio la responsabilidad legal de las empresas tecnológicas por el contenido que promueven sus algoritmos y que podría sentar un precedente y cambiar los cimientos de las leyes de Internet, informa The Washington Post.

El caso deriva de la muerte de Nohemí González, una estudiante estadounidense de 23 años, víctima de los atentados perpetrados el 13 de noviembre de 2015 en París, atribuidos a miembros del Estado Islámico (EI) y que se cobraron la vida de 130 personas.

Su familia sostiene que Google actuó como una plataforma de reclutamiento al sugerir en YouTube, sitio web de su propiedad, videos y contenido relacionado con el grupo terrorista a través de un algoritmo que identificó a posibles interesados.

De este modo, Google está siendo acusado de violar las leyes de EE.UU. contra la ayuda y la instigación de terrorista y tácitamente del daño infringido por el EI.

Sin embargo, lo que realmente está en juego es la sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones, aprobada en 1996, antes de la aparición de la mayoría de los gigantes tecnológicos, y que protege a las plataformas en línea de la culpabilidad por las publicaciones que las personas comparten. En concreto, establece que ningún proveedor debe tratarse "como editor o difusor de información facilitada por otro proveedor de contenidos", recoge la agencia EFE.

Al respecto, los abogados de la familia de Nohemí argumentan que tal disposición incentiva la promoción de contenido dañino e impide que cualquier víctima sea reparada cuando pueda demostrar que esas recomendaciones le causaron lesiones o incluso la muerte.

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Entretanto, Google, que ya ha logrado anular con éxito la demanda de los González en tribunales inferiores, se defiende bajo la premisa de que la sección 230 la protege de la responsabilidad legal por los videos de terceros que aparecen en sus algoritmos de recomendación, independientemente de cómo los promocionen o no entre sus usuarios.

Según la abogada de la compañía, Lisa Blatt, la inmunidad que otorga dicho inciso es esencial para que ese tipo de empresas puedan brindar contenido útil y seguro a sus usuarios.

Luego de escuchar por más de dos horas a las partes, los jueces de la Corte Suprema aseguraron sentirse confundidos por los argumentos de la parte demandante y no consideran del todo coherentes las pruebas de sus abogados para decidir cuándo las empresas de tecnología, blindadas contra el contenido de terceros, podrían ser responsables de clasificar y recomendar contenido.

Al mismo tiempo, los magistrados expresaron preocupación por las implicaciones legales derivadas de un hipotético fallo a favor de la familia González. En ese caso, las redes sociales y demás plataformas similares podrían quedar expuestas a una potencial avalancha de demandas, ya que eso facilitaría que las personas reclamaran por la forma en que sus algoritmos clasifican y recomiendan material.

"Cada día se realizan miles de millones de consultas en Internet. Cada una de ellas abriría la posibilidad de una demanda", afirma el juez Brett Kavanaugh.

Por otro lado, los jueces también intentan determinar si debería haber alguna distinción legal entre hospedar contenido de un usuario y fomentar su difusión cuando se trata de evaluar responsabilidades; una discusión que consideran sería mejor dejar en manos del Congreso. 

En este sentido, algunos críticos acusan a tribunales inferiores de brindar a la industria tecnológica más protección de la necesaria en la medida en que sus empresas muchas veces han sido absueltas de la responsabilidad por el discurso de odio y las falsedades que, con frecuencia, circulan por sus sitios.

Las repercusiones del fallo en este caso histórico continúan siendo cuestionadas y analizadas porque podrían transformar Internet al eliminar décadas de protección legal de las empresas tecnológicas frente a contenidos nocivos en sus plataformas. De acuerdo con la agencia AFP, la decisión final del Supremo será dada a conocer antes del 30 de julio.

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