Neuquén y Río Negro lograron un acuerdo histórico con la Nación para que se reconozca su propiedad sobre el agua y se rediseñe el esquema de concesiones hidroeléctricas. El pacto trae más ingresos, un canon por uso del recurso, obras de seguridad y mayor control provincial. Pero el verdadero desafío será que este triunfo no termine diluyéndose en la maraña de la política y la administración ineficiente.
ACTUALIDAD13/08/2025
NeuquenNews
Cuando la política provincial se viste de “defensora de los recursos”, conviene prestar atención a la letra chica y al largo plazo. El flamante acuerdo por las represas del Comahue —que involucra a Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila— se presenta como un triunfo federal: más regalías, un canon inédito por uso de agua, posibilidad de cobrar en especie y un fondo específico para obras de seguridad hídrica. Y, lo más resonante, el reconocimiento formal de que el agua es propiedad de Neuquén y Río Negro.
En un país donde el discurso y la realidad suelen caminar por veredas separadas, este paso tiene peso político. Es cierto: por primera vez se admite que el recurso hídrico no es un insumo gratuito para el Estado Nacional ni para las empresas concesionarias, sino un bien de valor que genera derecho a contraprestación. Además, el precio de la energía pactado en dólares da previsibilidad a los ingresos provinciales, algo poco común en un sistema energético atado al vaivén inflacionario.
Pero la experiencia argentina obliga a desconfiar de las victorias que se proclaman en conferencia de prensa. Que las provincias puedan disponer de una porción creciente de energía para venderla en el mercado suena tentador… siempre que la gestión no la dilapide en acuerdos opacos o en prebendas políticas. Lo mismo vale para el canon por uso del agua: un ingreso adicional no garantiza un destino productivo, y la historia provincial está llena de ejemplos donde el “federalismo de recursos” terminó alimentando gastos corrientes o clientelismo.
Otro aspecto que merece seguimiento es el compromiso de realizar en 24 meses las obras necesarias para garantizar la seguridad de las represas frente a la “máxima crecida probable”. Este plazo responde a un fallo de la Corte Suprema que lleva 16 años de espera. Si el antecedente es que se demoró más de una década y media en cumplirlo, la pregunta es obvia: ¿por qué ahora sí se hará en tiempo y forma? Y más aún: ¿quién fiscalizará que se cumpla?
En el plano político, el acuerdo marca un ejemplo inusual de unidad entre dos provincias con agendas propias, algo que les permitió negociar con mayor peso específico. Pero ese mismo “frente común” deberá sostenerse cuando haya que discutir la distribución interna de los fondos, las prioridades de inversión y la transparencia en el manejo de regalías y cánones.
En resumen, el acuerdo por las represas del Comahue corrige viejas inequidades y fortalece el federalismo energético. El problema es que en la Argentina los logros suelen medirse en el papel y no en los hechos. Si Neuquén y Río Negro logran convertir esta mejora en infraestructura real, seguridad hídrica efectiva y desarrollo productivo, estaremos frente a un verdadero cambio de época. Si no, solo habrán sumado otro capítulo a la larga lista de oportunidades desperdiciadas.
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