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Cuando un Estado dice que necesita protegerse de quienes “erosionan la confianza pública”, conviene hacer una pausa. Más aún si se trata del mismo Estado que, en paralelo, se otorga el poder de vigilar a periodistas, economistas y ciudadanos comunes por el simple hecho de expresar disenso. El nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN) aprobado por el gobierno de Javier Milei, y revelado en los últimos días, pone en jaque no sólo los límites del sistema democrático argentino, sino también los principios más elementales de control civil sobre los aparatos de inteligencia.
Según consta en el documento oficial —un extenso plan de 170 páginas aprobado mediante decreto— el Gobierno establece como amenaza a todo aquel que, de forma directa o indirecta, “incida negativamente en la percepción ciudadana sobre la conducción política y económica”. Esto incluye a quienes “manipulen el discurso público”, “generen pérdida de confianza” o incluso “promuevan narrativas de desestabilización”, sin precisar claramente qué criterios se utilizarán para definir estas categorías ni bajo qué jurisdicción serán fiscalizadas.
¿Inteligencia o censura encubierta?
A la luz de estos lineamientos, queda planteada una pregunta incómoda: ¿el Estado argentino se está protegiendo de amenazas reales o de las voces que cuestionan su narrativa? Que el foco del nuevo sistema de inteligencia se desplace desde amenazas externas o delitos complejos hacia la opinión pública y la crítica política interna sugiere un retroceso peligroso, más propio de un aparato de control social que de un servicio moderno de inteligencia.
No es casual que entre las herramientas contempladas por el PIN figuren mecanismos de ciberinteligencia, inteligencia artificial y vigilancia de redes sociales. La posibilidad de monitorear y clasificar ciudadanos en función de sus opiniones deja la puerta abierta a un uso profundamente arbitrario del aparato estatal, disfrazado de neutralidad técnica.
Los fondos reservados: opacidad institucional garantizada
Como si esto fuera poco, el relanzamiento del sistema de inteligencia viene acompañado de un presupuesto millonario. En mayo de 2025, el Ejecutivo destinó $25.000 millones adicionales a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), de los cuales $8.000 millones corresponden a gastos reservados, es decir, fondos que no requieren rendición pública ni aprobación parlamentaria. No es la primera vez que se intenta: en agosto de 2024, una partida de $100.000 millones había sido rechazada por el Congreso justamente por los riesgos de discrecionalidad en su uso.
La insistencia en ampliar el poder presupuestario sin mecanismos efectivos de control parece revelar una intención más profunda: blindar el sistema de inteligencia no sólo de amenazas externas, sino también del escrutinio democrático. En una democracia saludable, los servicios de inteligencia deben operar bajo reglas claras, límites precisos y control civil. En Argentina, estamos asistiendo al proceso inverso.
Un déjà vu institucional
El regreso de la SIDE, disuelta en 2015 por su vinculación con maniobras de espionaje interno y escándalos políticos, es en sí mismo una señal preocupante. El ciclo parece repetirse: la reconversión de agencias, los nuevos nombres, los viejos métodos. La transparencia, una vez más, queda como promesa pendiente.
Y mientras el Gobierno insiste en que estas medidas buscan fortalecer la seguridad nacional, lo cierto es que lo que se refuerza es el cerrojo sobre la disidencia. Porque si todo aquel que cuestiona la gestión puede ser catalogado como amenaza a la "confianza pública", entonces la democracia deja de ser un sistema de garantías para convertirse en una herramienta de exclusión.
Riesgo institucional y moral
La vigilancia nunca es neutra. Y cuando el Estado decide a quién observar y a quién no, sin control, sin límites y sin explicaciones, el riesgo no es sólo institucional. El riesgo es moral. La democracia no necesita más ojos ocultos; necesita más transparencia. El nuevo Plan de Inteligencia Nacional no parece diseñado para eso.
