
Diputados neuquinos exigen declarar emergencia presupuestaria del Servicio Nacional del Fuego
NeuquenNews
La iniciativa surge en medio de la creciente devastación de extensas hectáreas de bosque nativo, donde comunidades enteras se ven amenazadas y la respuesta operativa se vuelve insuficiente. Según el proyecto, la situación se agrava por la limitada capacidad del Servicio Nacional del Fuego, que actualmente cuenta con apenas un avión, un parque automotor en pésimas condiciones y un equipo humano en situación de desguace.
Medidas integrales para la reconstrucción y prevención
Además de declarar la emergencia presupuestaria, el proyecto plantea una serie de acciones orientadas tanto a mitigar los daños actuales como a prevenir futuras catástrofes:
- Prohibición de la comercialización de tierras afectadas: Se solicita que el Ejecutivo nacional impida la venta de terrenos dañados por los incendios para evitar la especulación y asegurar su recuperación.
- Reconstrucción socioambiental: Se exige el establecimiento de un plan de viviendas para las familias damnificadas, la exención impositiva en los servicios públicos para estas zonas y medidas específicas para la reconstrucción del tejido social.
- Prevención y control ambiental: La propuesta incluye la implementación de un plan de erradicación y control de especies exóticas, la reforestación del bosque nativo y la prohibición del cultivo de pinos, considerados de alto riesgo en la propagación del fuego.
- Bono de emergencia ígnea: Se sugiere la creación de un bono destinado a recuperar los fondos invertidos en la atención de la emergencia, el cual sería cargado a las grandes empresas que desarrollen su actividad en las provincias afectadas, en proporción a sus ganancias.
- Financiamiento mediante impuestos especiales: Se plantea que los recursos para estas medidas provengan de un impuesto especial dirigido a grandes fortunas, así como a las ganancias de multinacionales y grandes empresarios.
Crítica al manejo gubernamental y al negacionismo ambiental
Los diputados denuncian que, en un contexto donde la acción de pobladores organizados y brigadistas, que se encuentran mal equipados y remunerados, es la principal línea de defensa contra el fuego, el gobierno se ha mostrado insensible ante la magnitud de la crisis.
Además, acusan al Ejecutivo de mantener una postura de negacionismo antiambiental, ignorando cómo el cambio climático –potenciado por la quema de combustibles fósiles y negocios extractivistas beneficiados con exenciones impositivas y fiscales– intensifica las condiciones de riesgo, como las altas temperaturas y los fuertes vientos.


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