Las tensiones entre el gobernador Rolando Figueroa y la vicegobernadora Gloria Ruiz han desencadenado un enfrentamiento político que evidencia prácticas controvertidas y un uso estratégico de las instituciones. Este conflicto refuerza la desconexión entre la clase política y las prioridades de los ciudadanos.
DE NUESTRA REDACCIÓN18/12/2024
NeuquenNews
La política en Neuquén atraviesa un momento crítico que pone en evidencia tensiones profundas dentro de las instituciones democráticas. Lo que comenzó como un conflicto interno entre el gobernador Rolando Figueroa y su vicegobernadora Gloria Ruiz ha derivado en un escenario de crisis institucional que plantea serias interrogantes sobre las prácticas empleadas, su legitimidad y los impactos que generan tanto en el sistema democrático como en la percepción ciudadana de la política.
El conflicto: una disputa de poder con repercusiones institucionales
El desencuentro entre las principales figuras del Ejecutivo provincial, originado en desacuerdos políticos y presupuestarios, escaló rápidamente hasta transformarse en un complejo entramado de acciones que involucran a distintos poderes del Estado y medios de comunicación.
El proceso tuvo su primer gran movimiento cuando el poder judicial, en una inusual muestra de celeridad, inició investigaciones sobre presuntas irregularidades administrativas que involucraban tanto a Gloria Ruiz como a su hermano Pablo.
Simultáneamente, el poder legislativo actuó con rapidez y una sorprendente erudición constitucionalista para suspender a la vicegobernadora por "inhabilidad moral", una figura cuya aplicación plantea debates sobre su alcance y fundamentación en este caso específico y su selectiva aplicación.
Finalmente, los medios de comunicación se encargaron de amplificar en forma curiosamente sincronizada el impacto de estas acciones, instalando un discurso altisonante que asoció la presunción de culpabilidad con una condena social, reduciendo al mínimo las posibilidades de defensa efectiva al menos en el terreno de lo político.
El giro hacia nuevas acusaciones
Ante la creciente exposición mediática del conflicto, y su potencial para salpicar a todos los actores involucrados, el discurso político comenzó a reconfigurarse.
La narrativa inicial, centrada en deslegitimar a la vicegobernadora, dio paso a una nueva acusación: supuestas maniobras para desviar fondos públicos con fines electorales, en alianza individual por fuera del Frente Neuquinizate con La Libertad Avanza, de cara a las elecciones de medio término del próximo año.
Paralelamente, la vicegobernadora contraatacó con un pedido de renuncia al gobernador y la convocatoria a una nueva elección por los cargos que ambos ocupan y también denuncias sobre posibles irregularidades administrativas en la gestión de Figueroa, incluyendo una contratación directa de valores millonarios con una empresa de seguros.
Este intercambio de acusaciones elevó el tono del conflicto y agravó la crisis institucional, poniendo en cuestión no solo la capacidad de gestión de ambos líderes, sino también la estabilidad del sistema político provincial.
En el entramado de tensiones políticas de Neuquén, la figura del Dr. Mariano Mansilla aparece sorpresivamente como un actor clave en la escalada de acusaciones y denuncias que alimentan el clima de crisis institucional. Su denuncia por peculado contra la diputada nacional Nadia Márquez destacando su cercanía con Gloria Ruíz se suma al repertorio de estrategias que buscan reconfigurar el tablero político mediante el uso de mecanismos judiciales y mediáticos. Este tipo de acciones, aunque enmarcadas dentro de la legalidad, generan interrogantes sobre su oportunidad y finalidad, dado el contexto de disputas cruzadas que dominan la agenda provincial.
Prácticas y dinámicas en el sistema democrático
Este episodio evidencia una serie de prácticas que, aunque legales en su superficie, erosionan y debilitan los principios fundamentales del sistema democrático. Entre ellas, destacan:
Judicialización de la política: La utilización del poder judicial como herramienta en disputas políticas, acelerando procesos en casos puntuales mientras otros de mayor impacto social permanecen rezagados, afecta la percepción de imparcialidad y equidad del sistema judicial.
Condena social mediática: La difusión selectiva de información y su tratamiento en los medios genera un clima de prejuzgamiento y sospecha que vulnera la presunción de inocencia y limita la posibilidad de debate informado, interpelando también la objetividad de los medios.
Uso estratégico del legislativo: La rapidez con que se tomó la decisión de suspender a la vicegobernadora plantea dudas sobre si se actuó en función de los intereses institucionales o de dinámicas políticas internas.
Estas prácticas, lejos de fortalecer las instituciones, amplían la brecha entre la política y los ciudadanos, debilitando la confianza en el sistema democrático como garante de justicia y representatividad.
Impactos en la ciudadanía y en la credibilidad del sistema
El principal afectado por esta situación es el ciudadano común, cuyas preocupaciones diarias –como la inflación, el empleo, la vivienda y los servicios básicos– quedan relegadas frente a una lucha de poder que parece ajena a sus necesidades. La exposición constante de estos conflictos transmite la idea de que la política se centra en intereses personales o de grupo, en lugar de priorizar el bienestar colectivo.
Esta desconexión profundiza el escepticismo hacia las instituciones y refuerza la percepción de que los espacios de poder no responden a los valores democráticos. La sensación de impotencia frente a un sistema que parece orientado al conflicto y no a la solución de problemas genera enojos, apatía, desmovilización y una creciente desconfianza en los procesos democráticos.
Hacia un debate necesario
La situación actual en Neuquén no solo plantea un desafío político inmediato, sino también una oportunidad para reflexionar sobre como estas prácticas afectan la calidad de la democracia. Es necesario un debate amplio sobre el rol de las instituciones, la transparencia en la gestión pública y la ética en el ejercicio del poder.
El fortalecimiento del sistema democrático requiere que los actores políticos prioricen la resolución de los conflictos en términos institucionales, promoviendo el diálogo y evitando prácticas que erosionen la confianza ciudadana. Solo de esta manera será posible reconstruir la legitimidad del sistema y garantizar que la política vuelva a centrarse en las necesidades del pueblo.
Más allá de los nombres y las posiciones, lo que está en juego es la estabilidad del sistema democrático y su capacidad para responder a las demandas de la ciudadanía. En un contexto de creciente descreimiento de la política, resulta imprescindible que las instituciones sean más fuertes que los intereses individuales, demostrando que la democracia sigue siendo un proyecto viable y necesario.
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