Protegiendo el derecho a protestar: Una amenaza global

En los últimos días, países como Alemania, Francia, Irlanda del Norte y Argentina han sido escenario de protestas ciudadanas que buscan reclamar el cumplimiento de diversos derechos fundamentales, desde migración y defensa del ambiente hasta salarios dignos. Sin embargo, esta marea de demandas se enfrenta a una amenaza creciente y sin precedentes: la restricción del derecho a la protesta.

Amnistía Internacional alerta sobre la tendencia mundial de sancionar leyes y medidas que limitan la libertad de manifestación, criminalizan a quienes reclaman y fomentan el uso indebido de la fuerza, así como la expansión de la vigilancia ilegal.

Argentina, a pesar de ser un país con una rica tradición de movilización social, se suma a la lista de naciones que buscan restringir y criminalizar el derecho de la sociedad a expresar su disenso. La nueva administración encabezada por el presidente Javier Milei ha presentado propuestas de reforma estructural, incluyendo el "Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación" y el Proyecto de Ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos".

Estas iniciativas buscan calificar toda protesta pacífica como un delito, y no como una legítima expresión de desacuerdo, lo cual contraviene tanto la Constitución como los tratados internacionales.

El Protocolo, según la resolución 943/2023, define la reunión o manifestación como la "congregación intencional y temporal de tres (3) o más personas en un espacio público", lo que podría ser interpretado como un intento de silenciar a quienes piensan diferente. Además, se imponen medidas como la obligatoriedad de pedir autorización para manifestarse y asumir los costos de la protesta, creando cargas económicas inesperadas.

El gobierno ya ha intimado a organizaciones para que paguen más de 60 millones de pesos argentinos en concepto de "gastos por los operativos de seguridad", convirtiendo esta medida en una herramienta intimidatoria.

EUROPA

En Europa, la situación no es muy diferente. Alemania presenció la movilización de más de 1.4 millones de personas contra el racismo y la xenofobia del partido opositor de extrema derecha Alternativa.

En Francia, las protestas se dirigieron contra la nueva Ley Migratoria, que incluye restricciones en la reunificación familiar y medidas que afectan a trabajadores sin papeles. Irlanda del Norte también registró una huelga de 24 horas en reclamo de incremento salarial.

Ante estas amenazas a la libertad de protestar, Amnistía Internacional ha lanzado la campaña global "Protect the protest" (Protejamos la protesta), que busca denunciar las violaciones a este derecho fundamental. La campaña insta a los gobiernos a proteger a quienes protestan y a eliminar obstáculos injustificados para ejercer el derecho a la protesta pacífica.

En el caso específico de Argentina, la organización aboga por que cualquier regulación del derecho a la protesta se debata y lleve a cabo en un marco de amplia deliberación y participación democrática. Se propone rechazar la aprobación de la Sección Organización de las Manifestaciones del proyecto de ley "Ómnibus", que criminaliza la protesta social. Además, se solicita dar marcha atrás a reformas al código penal que promuevan la criminalización e intimidación de la protesta pacífica.

En un mundo donde las voces ciudadanas son esenciales para la construcción de sociedades justas, la protección del derecho a la protesta es un pilar fundamental de la democracia. La sociedad civil, organizaciones internacionales y ciudadanos comprometidos deben unirse para resistir estas amenazas y garantizar que el derecho a expresar libremente nuestras opiniones y demandas se mantenga robusto y sin restricciones indebidas.

Fuente: amnistia.org.ar