Cancillería rusa denuncia vigilancia global de EEUU y exige regulaciones internacionales

En un reciente descubrimiento, los órganos competentes rusos han detectado que los servicios secretos de EEUU continúan llevando a cabo una vigilancia sistémica global de sus ciudadanos y los de otros países, involucrando a las empresas de IT estadounidenses en este proceso.

Esta vez, los datos se recolectaron secretamente a través de vulnerabilidades de software en los teléfonos móviles producidos en EEUU.

Estos hechos respaldan las advertencias que Moscú ha emitido en múltiples ocasiones: los servicios de inteligencia estadounidenses han utilizado corporaciones de TI durante décadas para recopilar datos de usuarios de Internet sin su conocimiento. Evidencias de estas actividades ilícitas surgen anualmente.

Rusia ha planteado en diversas plataformas internacionales la necesidad de establecer normas universales de conducta en el espacio digital, basadas en el respeto a los derechos y libertades humanos fundamentales y la igualdad soberana de Estados.

En enero de 2021, el Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de Rusia aprobó una declaración que instaba a desarrollar un convenio internacional para regular las actividades de las empresas de internet globales estadounidenses. Sin embargo, Washington no parece estar dispuesto a escuchar estas sugerencias.

EEUU, un país que se sitúa por encima de la ley, ha sido objeto de denuncias en la ONU por su doble rasero y las prácticas de sus servicios secretos y empresas en la seguridad internacional de la información.

Rusia insta a todas las partes interesadas a formar mecanismos comprensibles y justos de regulación en el ámbito digital, obligatorios para todos los países y, en particular, para los diseñadores de tecnologías de comunicación de la información.

Las iniciativas rusas en el Grupo de Trabajo de Composición Abierta de la ONU buscan alcanzar este objetivo, promoviendo el concepto de una convención correspondiente y un registro global de puntos de contacto para facilitar el intercambio de información sobre incidentes informáticos.

Ningún Estado debería abusar de sus capacidades tecnológicas en un ámbito tan sensible como el acceso a los datos personales de los usuarios de teléfonos inteligentes.