Este miércoles, el intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpin, difundió un video donde confirmó que tiene covid-19: "ayer martes a la mañana tuve un pequeño malestar y al mediodía me hicieron un hisopado y hace minutos me acaban de informar que me dio positivo", explicó el mandatario y aclaró que tanto él como su familia tienen buenas condiciones de salud.
Además, les solicitó a los habitantes de la localidad del norte santafesino "extremar las medidas de precaución que ya todos conocemos", e informó que todas las personas que han estado en contacto con él los últimos días serán contactados por el área de Salud para hacer el seguimiento pertinente.
Lo que preocupa por estas horas en Avellaneda es que Scarpin participó el lunes pasado de la en contra del gobierno nacional que en su localidad convocó a un importante número de vecinos.
Por las redes circularon fotos donde se lo va al intendente conversando con distintas personas y sin el tapabocas colocado correctamente.
Scarpín, junto al senador del Departamento General Obligado, Orfilio Marcón, están al frente del Comité de Emergencias creados en cada distrito para afrontar la pandemia y hacer cumplir las medidas preventivas. Paradójicamente, los dos radicales fueron los principales organizadores del 17A.
Por lo pronto, el intendente dispuso asueto administrativo para este jueves y viernes para el personal municipal para desinfectar el edificio comunal y solo podrán salir de sus domicilios los trabajadores estatales que presten servicios esenciales.
Avellaneda estuvo en el centro de la escena periodística los últimos meses por ser la ciudad donde el almacén de ramos generales de los Vicentín se convirtió en una de las principales empresas agroexportadoras del país y una de las primeras diez en volumen de facturación.
Tras el default y el posterior intento del gobierno de intervenir y expropiar la cerealera, Dionisio Scarpin se convirtió en el principal defensor de la empresa y su directorio y el organizador de las movilizaciones.
Sin embargo, tras la retirada del gobierno provincial y nacional de las negociaciones, luego que los actuales administradores se negaran a entregar el mando de la empresa y las acciones a un fideicomiso mixto, Scarpin recibió la preocupación de los acreedores, sobre todo, de los productores que temen que el proceso judicial termine en quiebra y no puedan cobrar sus acreencias.
