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Las autoridades de la Administración de Parques Nacionales (APN) enviaron contratos de sólo un mes a 600 profesionales, administrativos, técnicos y brigadistas fuera del AMBA con entre 5 y 20 años de antigüedad. Esto fue calificado como un "verdadero maltrato" y producto de una "arbitrariedad ilegítima" por la gremial. Un día después de las primeras notificaciones, las autoridades informaron que hacia el fin de semana se firmarán nuevos contratos por tres meses.
Virginia Gallardo, trabajadora del Parque Nacional Lanín, atribuyó el retroceso de la medida a "las denuncias mediáticas, las asambleas gremiales y el estado de alerta permanente en la mayoría de las áreas protegidas". Sin embargo, la inestabilidad de los contratos continúa en áreas clave: "los trabajadores de los Parques Nacionales somos los que defendemos más de 18 millones de hectáreas de bienes ambientales comunes que no son nuestros ni son de ningún presidente --actual o futuro--, son de todos los argentinos y argentinas", enfantizó y agregó: "Por eso la preocupación de desfinanciar un organismo de tantos años como parques nacionales, vaciarlo de trabajadores tiene que ver con lo que están pensando hacer con el organismo".
Excusas y pruebas
Alejo Fardjoume, trabajador de la Coordinación Nacional de Atención de Parques Nacionales, leyó esto en el contexto de lo que pasa en otros organismos estatales como el INTA y el INTI; y en la lógica con la que opera la administración nacional en los organismos: "despidos por mail, a las 12 de la noche, y después sin decir 'agua va', mandar la firma de los contratos por un mes". Los 600 trabajadores afectados representan una gran proporción de la planta de la APN, ya que tras los más de 150 despidos del año pasado --incluyendo brigadistas durante los incendios--, hoy cuentan con menos de 2 mil trabajadores en todo el país.
La nueva gestión --encabezada por el arquitecto Sergio Alvarez, pero que mantiene el 90% del personal del directorio-- excusó la renovación mensual en "una revisión de los contratos en las áreas protegidas y en las áreas técnicas que están fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)", mencionó Fardjoume. A diferencia de quienes trabajaban en los alrededores de la Capital Federal --que tienen contrato hasta diciembre-- en las otras provincias no se realizó el examen para trabajadores estatales y, por esto, los contratos eran renovados cada 3 meses.
Si bien no hay una comunicación oficial que explique los motivos, afrontar una evaluación tan extensa territorialmente es un problema logístico y de recursos. "Como el porcentaje de aprobación fue muy alto, no sabemos si lo van a seguir implementando o no. En primer momento quizás tomaban este examen como una manera de sacar gente... y el porcentaje de desaprobación fue mínimo", detalló Gallardo.
Una cuestión de soberanía
Entre los bajos salarios y la incertidumbre laboral, los trabajadores buscan alternativas para llegar a fin de mes: algunas de ellas son postularse a otros trabajos. Gallardo resaltó que un contrato de un mes no sirve ni en la vida personal ni en la laboral: "Nosotros somos parte de proyectos en cualquier área protegida que no se hacen ni se terminan en un mes ni en tres meses tampoco. Lo que nosotros estamos pidiendo como trabajadores que nos pasen a planta o que mínimamente vuelvan a hacer los contratos anuales, que teníamos antes".
Gallardo alertó sobre la relación de las medidas del gobierno --como la intención de modificar la ley de glaciares y cambiar la ley de manejo del fuego-- y la precarización en los Parques Nacionales. "Nuestro organismo tiene el control y la guarda de muchos bienes ambientales comunes que son de interés para capitales extranjeros. Eso siempre sucedió, no es de ahora. Entonces, ante eso le pedimos a la población que esté alerta y que sepa que no son sólo los trabajadores y trabajadoras los que están en peligro, sino que están en peligro los bienes que son de todo el país", concluyó la trabajadora.
