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El Gobierno de Javier Milei anunció este lunes el cierre “definitivo” de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial. La medida se dio a conocer en la víspera del vencimiento de las facultades delegadas por el Congreso de la Nación mediante la Ley Bases, cuya finalización opera el próximo 8 de julio de 2025.
Según expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni, la decisión será publicada en el Boletín Oficial de este martes y dispondrá la eliminación del organismo estatal responsable del diseño, construcción, conservación y planificación de rutas nacionales. Sus funciones serán traspasadas al Ministerio de Economía y a un nuevo ente regulador: la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
Cabe destacar que la Dirección Nacional de Vialidad es el organismo que se ocupa del mantenimiento de los más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales con más de 5.500 trabajadores en todo el país. Su desguace fue justificado por el vocero presidencial, que afirmó que "La corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el presidente Javier Milei”. Adorni aseguró que “se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte”, y que “el Gobierno dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de ruta que, tras décadas de despilfarro y corrupción, se vieron degradadas como nunca antes”. Cabe destacar que debido a las políticas de desregulación impulsadas por el Gobierno, no se realizó ningún tipo de inversión en obra pública desde diciembre de 2023.
Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien también participó de la conferencia, aseguró que el Gobierno no buscará “prorrogar las facultades delegadas como hacía el kirchnerismo”. Es de destacar con la vigencia de la Ley Bases y el DNU 70/2023, las políticas de desregulación implementadas desde esta cartera ministerial afectaron al empleo público, los derechos del Trabajo a partir de la reforma laboral, así como los precios en alquileres, entre otros.
Una letal advertencia
La secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, hizo responsables al presidente Milei y al ministro Sturzenegger, del impacto de la medida anunciada que generará “rutas nacionales de la muerte”.
Según señaló la dirigente, al disolver el organismo clave en el mantenimiento, se va a profundizar la peligrosidad de las rutas argentinas.
“Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y está armando este decreto para hacer negocios, como fue también desviar escandalosamente el Impuesto a los Combustibles, que son miles de millones de pesos, a otros fines que no fueron las rutas”, denunció Aleñá.
Para la referente sindical, “la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) es una decisión profundamente ideológica que se enmarca en el plan del gobierno de Javier Milei de achicar el Estado a su mínima expresión, avanzando sobre estructuras fundamentales con el argumento de la falta de eficiencia, lo cual es mentira”.
En ese sentido, hizo “un fuerte llamado a los gobernadores y fuerzas políticas a oponerse a este decreto que también destruye otras áreas de transporte”.
Por otra parte, alertó que con esa decisión, “más de 5500 trabajadores quedan en la calle, 118 rutas nacionales a la deriva y más de 40 mil kilómetros sin mantenimiento ni cobertura”. Asimismo, agregó: “Son personas malignas, sin escrúpulos y con un desconocimiento técnico enorme” y sentenció: “son los responsables del genocidio en las rutas”.
Aleñá explicó que “esto no es una simple reorganización administrativa” como lo presenta el Gobierno, ya que "significa desmantelar la capacidad operativa del Estado para intervenir en el desarrollo de infraestructura vial, en favor de un esquema centralizado, vertical y con mayor lugar para la tercerización y privatización de funciones”.
Asimismo, desmintió al Gobierno que justificó el decreto al señalar que Vialidad tiene una supuesta estructura onerosa y desproporcionada entre el número de empleados y las tareas que desarrolla.
La referente gremial también criticó el traspaso de las funciones de Vialidad al ámbito del Ministerio de Economía ya que "aleja las decisiones de los territorios y debilita el carácter técnico de la planificación vial, que estaba resguardado por la DNV”.
“La nueva agencia queda atada a una lógica político-fiscalista, no técnica ni federal. Además, es una forma de eludir el control parlamentario y suprimir derechos laborales al desdibujar el marco institucional vigente”, advirtió.
Según Aleñá, "sin un organismo estatal que piense las obras estratégicamente y en función de las necesidades de la gente, lo que se impone es una lógica de mercado, donde la inversión se direccionará según rentabilidad y no necesidad social o conectividad federal”.
Por último, la secretaria General del sindicato planteó que la desregulación de Vialidad Nacional establece una pérdida de la soberanía vial que implicará que las decisiones sobre rutas, licitaciones y obras pasarán a estar en manos de privados o funcionarios sin anclaje territorial, lo que generarán más riesgo para la seguridad y el control de obras.
