Milei gasta 100 millones de dólares en armas mientras ajusta en educación, salud y hambrea a los jubilados

Mientras miles de docentes y trabajadores de la salud marchan para reclamar lo mínimo indispensable, el Gobierno Nacional acaba de firmar un contrato por 100 millones de dólares para comprar 8 vehículos blindados Stryker 8x8 al Ejército de los Estados Unidos. La noticia, difundida con orgullo por los voceros oficiales, deja al desnudo una verdad incómoda: la austeridad es selectiva, y la “falta de plata” parece aplicarse solo cuando se trata de la educación pública, la atención sanitaria o las jubilaciones.

El ministro de Defensa, Luis Petri, viajó a Washington para rubricar el acuerdo bajo la modalidad FMS (Foreign Military Sales), con pompa diplomática y agradecimientos cruzados por “estrechar la cooperación estratégica”. Sin embargo, el gesto tiene poco de estratégico y mucho de simbólico: una nueva muestra de subordinación geopolítica ante la potencia que domina el mercado mundial de armas, aún en países en crisis.

¿No había que ajustar?

La narrativa oficial repite como mantra que “no hay plata”. Bajo esa bandera, el Gobierno ha recortado partidas para universidades, cerró organismos de ciencia y técnica, desmanteló programas de salud mental, frenó obras públicas esenciales y congeló salarios estatales. Pero al parecer sí hay fondos —100 millones de dólares, nada menos— para blindados 8x8 que se entregarán recién entre fines de 2025 y 2026, sin amenaza concreta ni conflicto que justifique semejante gasto.

El costo unitario de estos vehículos Stryker ronda los USD 12,5 millones por unidad, incluyendo equipamiento, armas, soporte técnico y capacitación. Mientras tanto, una universidad nacional funciona con menos de USD 10 millones anuales, y los hospitales públicos enfrentan desabastecimiento de insumos básicos.

Stryker: símbolo de alineamiento

El Stryker es un vehículo blindado multipropósito fabricado por General Dynamics, una de las principales contratistas del Pentágono. Fue diseñado para conflictos como Irak y Afganistán, donde Estados Unidos desplegó su maquinaria de guerra con resultados catastróficos. Comprar Strykers no es solo adquirir hardware militar: es adoptar una doctrina, una logística, y una dependencia estratégica.

Argentina, país sin guerras, sin fronteras en disputa bélica activa y con fuerzas armadas ya escuálidas en presupuesto, invierte el dinero que no tiene en adaptarse a un esquema de defensa ajeno. Una defensa que, además, no protege de la pobreza, del hambre ni del desmantelamiento institucional.

Una política exterior genuflexa

La compra también debe leerse como parte de un alineamiento más amplio con Estados Unidos. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, la política exterior ha dado pasos concretos hacia una “diplomacia de obediencia”, rompiendo relaciones con China e Irán, y privilegiando la agenda de Washington.

Con este gesto, el Ejecutivo se asegura una sonrisa del Departamento de Estado, aunque el costo lo pague la sociedad argentina. Cada blindado nuevo es un aula sin calefacción, una sala sin pediatra, una biblioteca que no abre, una deuda más con la realidad.

Entre la defensa y la indefensión

La pregunta que queda flotando es brutal en su simpleza: ¿a quién defienden esos blindados?

En un país donde las fuerzas de seguridad ya están militarizadas en la práctica para el control de protestas sociales, donde se criminaliza la pobreza, y donde el protocolo antipiquetes parece tener más prioridad que la vacunación infantil, el gasto militar se convierte en un mensaje político.

No es para la guerra externa. Es para la disuasión interna. No es para defender soberanía. Es para blindar un modelo que ajusta hacia abajo y rinde tributo hacia arriba.

Radiografía moral

Argentina podría haber pagado unas 325.000 jubilaciones mínimas en julio de 2025.

La compra de los Stryker es mucho más que una operación militar. Es una radiografía moral del presente argentino: un país donde se compran tanques mientras se apagan las aulas, donde se celebra la obediencia estratégica y se castiga la dignidad social. No se trata de estar en contra de modernizar las fuerzas armadas. Se trata de elegir prioridades. Y hoy, la prioridad parece ser la fuerza, no el futuro.