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El Decreto 383/2025, firmado recientemente por el Poder Ejecutivo Nacional, establece un nuevo marco normativo para la actuación de las fuerzas de seguridad que, bajo la premisa de “eficacia operativa” y “respuesta inmediata”, amplía significativamente sus facultades. Pero detrás de este tecnicismo burocrático se esconde un hecho alarmante: el Estado se concede a sí mismo la potestad de vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos, debilitando pilares esenciales del Estado de derecho como la intimidad, la libertad personal y las garantías judiciales.
Libertad personal bajo sospecha permanente
Uno de los puntos más controversiales del decreto es la habilitación para que las fuerzas policiales puedan realizar detenciones, requisas o controles de identidad sin orden judicial previa, ni sospecha fundada. Esta disposición abre la puerta a detenciones arbitrarias disfrazadas de operativos de “averiguación de antecedentes”, una práctica que en muchas ocasiones se traduce en hostigamiento y violencia institucional, especialmente en sectores populares o hacia los jóvenes.
En un país con historia de abusos por parte de las fuerzas de seguridad, esta medida no solo es peligrosa: es regresiva. La presunción de inocencia se sustituye por una sospecha generalizada. Todos los ciudadanos pueden ser tratados como culpables en potencia sin que exista control judicial previo que resguarde su derecho a la libertad.
Vigilancia sin límites: el ojo invisible del Estado
Otro eje preocupante es la legalización del ciberpatrullaje sin orden judicial. Según el nuevo régimen, la policía podrá monitorear redes sociales y “espacios digitales públicos” sin intervención previa de un juez. En un contexto donde la mayoría de la interacción social, política y cultural ocurre en línea, esta práctica erosiona la privacidad y coarta la libertad de expresión.
La delgada línea entre seguridad preventiva y vigilancia masiva queda completamente desdibujada. ¿Qué garantiza que opiniones críticas al gobierno no sean motivo de seguimiento? ¿Cómo saber si un simple posteo en una red social no terminará en un expediente policial sin tu conocimiento?
Discrecionalidad, impunidad y riesgo de abuso
La ampliación de facultades sin mecanismos de control acentúa el riesgo de prácticas abusivas y discriminatorias. En un país donde los registros de apremios ilegales, violencia institucional y detenciones sin justificación son reiterados, darle a las fuerzas mayor margen de discrecionalidad sin reforzar los canales de supervisión es, como mínimo, imprudente.
Sin trazabilidad, sin registro público y sin intervención judicial inmediata, estos operativos pueden volverse terreno fértil para el hostigamiento selectivo, el disciplinamiento social y el debilitamiento del tejido democrático.
Garantías procesales debilitadas
El debido proceso no es un obstáculo para la seguridad: es su marco. Sin reglas claras, el poder policial corre el riesgo de escapar del control judicial y convertirse en una estructura autónoma que define cuándo y cómo puede restringir tu libertad.
El decreto no incorpora protocolos de supervisión independientes, ni obliga a las fuerzas a rendir cuentas ante organismos judiciales o de derechos humanos sobre estas nuevas intervenciones. La consecuencia es un escenario de inseguridad jurídica para cualquier ciudadano: lo que antes era un derecho garantizado por la Constitución, ahora puede ser objeto de evaluación policial discrecional.
¿Seguridad o sumisión?
El argumento central del gobierno —la necesidad de mayor seguridad— no puede ni debe justificar la degradación de los derechos individuales. Seguridad sin libertad no es seguridad: es sumisión.
Lo que el Decreto 383/2025 instala no es una sociedad más segura, sino una más temerosa. La amenaza ya no viene solo del delito, sino también de un Estado que se arroga el derecho de intervenir tu cuerpo, tus movimientos y tu vida digital sin necesidad de dar explicaciones previas a nadie. Una sociedad vigilada no es una sociedad libre.
El avance del Estado sobre la intimidad y la libertad de las personas bajo pretexto de control y prevención es un camino peligroso que, una vez habilitado, es difícil de revertir. El Decreto 383/2025 no representa una solución sino un síntoma de un modelo autoritario en construcción. Y como toda erosión de derechos, no será inmediata, pero será constante. Hoy la excusa es la seguridad; mañana, quizás, el silencio.
