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Argentina es uno de los mayores reservorio de agua dulce de Latinoamérica, junto a Brasil. Alberga más de 16.000 glaciares, que representan reservas de agua dulce vitales. Especialistas advierten que permitir explotaciones en áreas cercanas a los glaciares podría agravar la pérdida de estos ecosistemas únicos y vitales en un contexto global de crisis climática.
La nueva disposición busca reducir las restricciones en áreas donde hoy está limitada la actividad económica. El objetivo oficial, según fuentes del Ministerio de Economía, es otorgar “seguridad jurídica” a las inversiones privadas que deseen desarrollarse en esos territorios. Las autoridades remarcaron que se exigirán estudios de impacto ambiental para cada proyecto.
Las zonas periglaciares son las que rodean a los glaciares propiamente dichos. Son espacios frágiles y fundamentales para el almacenamiento de agua. En estas regiones de montaña, el suelo permanece congelado durante todo el año, actuando como reserva hídrica. Por eso, su protección fue considerado siempre como un punto central de debates ambientales durante la última década.
El glaciar Perito Moreno se derrite por el calentamiento global, lo que provocó un retroceso de aproximadamente 2.000 metros en los últimos siete años
Qué es la ley de Glaciares
En 2019, la Corte Suprema reafirmó la constitucionalidad de la ley de Glaciares, que fue sancionada en 2010 tras una intensa discusión pública y política. En aquel fallo, se subrayó que la protección de los glaciares es responsabilidad conjunta entre Nación y provincias. La norma vigente obliga a realizar un inventario de glaciares y monitoreos periódicos del impacto de las actividades humanas.
No es la primera vez que el Gobierno intenta flexibilizar esta legislación. La intención de modificar la ley ya había estado incluida en borradores de la llamada “Ley Bases”, aunque finalmente fue retirada por falta de consenso político. Esta vez, la vía elegida es un decreto presidencial.
La medida de explotación de áreas protegidas fue impulsada desde el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, junto con la Secretaría de Energía y técnicos de Casa Rosada. El objetivo declarado es abrir camino a la inversión privada y facilitar infraestructura en territorios que, hasta ahora, estaban bajo fuerte protección legal.
Organismos internacionales y agrupaciones ambientales reaccionaron con preocupación. La ONU había calificado previamente una medida similar como “regresiva” y advirtió que podría afectar el trabajo de los defensores del medio ambiente.
