
Veto a la Ley de Financiamiento Universitario: gremios, oposición y estudiantes convocan a una masiva marcha
La marcha tendrá lugar en la fecha en que la Cámara de Diputados convoque a una sesión para intentar revertir la decisión de Javier Milei.
El Gobierno avanza con un plan para fusionar el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Los trabajadores del organismo señalan que podría derivar en 1500 despidos en el sector de Extensión. Protestas este miércoles y este jueves en la sede central
NACIONALES24/04/2025El Gobierno a través de un decreto que tiene previsto publicar en los próximos días en medio de un paquete de medidas que buscarán disolver, transformar, centralizar y hasta absorber algunos organismos descentralizados. Esta reestructuración incluye fusionar el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Sobre la absorción del INTI al INTA, en efecto confirmaron fuentes al tanto de los cambios que hay un proyecto para fusionarlos. Sin embargo mantienen la prudencia porque sabe que esto podría generar un clima de enojo en el sector agropecuario, en un contexto en el que el Gobierno necesita del campo para vender y por ende liquidar los granos de la cosecha gruesa.
Los trabajadores del organismo llamaron a protestas para este miércoles y también para este jueves. Señalan que la fusión implicaría el cierre del sistema de extensión y eso implicaría que se detonen 1500 despidos en el organismo. La concentración será en la sede central a las 12 horas.
Además, los empleados reclamarán la reapertura de los programas cerrados por los libertarios: Pro huerta y Cambio rural.
En el Gobierno saben que el principal obstáculo para avanzar con cambios en el INTA es su estructura: el organismo cuenta con un Consejo Directivo interno en el que el 50% de los representantes pertenecen a las entidades de la Mesa de Enlace, además de CREA y facultades de Veterinaria y Agronomía.
Incluso, la semana pasada, ese Consejo Directivo aprobó la creación de una Secretaría de Coordinación Técnica que absorberá funciones clave como las de la Dirección General de Administración (DGA), a pesar de que por ley esta debe responder a la Dirección Nacional. En ese contexto, se puso a disposición una nueva propuesta de retiro voluntario y quedaron pendientes de resolución iniciativas como la reestructuración de centros, la reformulación del Centro de Investigación para la Agricultura Familiar (Ciapaf) y se decidió bajar un 70% las direcciones y un 20% las gerencias. Es decir, en el INTA ya se han venido realizando cambios importantes en la estructura.
Vale recordar que las funcionalidades del INTA y el INTI son distintas: el primero está enfocado en la investigación, el desarrollo y la extensión tecnológica aplicada al sector agropecuario, con presencia territorial en todo el país y una red activa de vinculación con productores. En tanto, el segundo, se enfoca en la asistencia técnica, control de calidad, certificaciones y desarrollo tecnológico para el sector industrial. Es decir, el INTA es estratégico para mejorar la productividad y sostenibilidad del campo. El INTI cumple un rol clave en la innovación y la competitividad de las industrias, aunque con menor articulación territorial y mayor dependencia del Estado.
Estas competencias son conocidas en el Gobierno y reconocen que mientras el INTA tiene cuadros técnicos de alto nivel, con agentes que acceden por concurso, el INTI es visto como una estructura más desordenada y de alto riesgo de conflicto interno. No obstante, pese a esto, la discusión genera una fuerte tensión dentro del Gobierno, entre quienes apuestan por una reestructuración total del aparato estatal y quienes entienden que avanzar sobre áreas sensibles para el agro podría tener costos económicos y políticos difíciles de sostener. La gran pregunta hasta ahora es quién liderará esta fusión.
La marcha tendrá lugar en la fecha en que la Cámara de Diputados convoque a una sesión para intentar revertir la decisión de Javier Milei.
La decisión se suma al rechazo de la Ley de Financiamiento Universitario, en medio de tensiones con los gobernadores por la Ley de ATN.
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