La industria del financiamiento de litigios está transformando el panorama legal internacional, con graves consecuencias para las naciones en desarrollo y la lucha contra el cambio climático. Empresas financieras de Wall Street están obteniendo ganancias astronómicas al respaldar demandas multimillonarias contra gobiernos, aprovechando un controvertido sistema de arbitraje internacional.
DE NUESTRA REDACCIÓN18/12/2024
NeuquenNews
Este lucrativo negocio no solo amenaza las arcas públicas de países vulnerables, sino que también podría frenar los esfuerzos globales para implementar políticas ambientales cruciales. Mientras los inversores celebran rendimientos de dos dígitos, los contribuyentes del Sur Global pagan la factura, planteando serias preguntas sobre la equidad y el futuro de la acción climática mundial.
Un revelador artículo de Inside Climate News ha puesto de manifiesto una práctica financiera que está generando preocupación en el ámbito internacional: el financiamiento de litigios contra gobiernos de países en desarrollo. Este fenómeno, que ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, está teniendo un impacto significativo en las políticas ambientales y climáticas a nivel global.
El auge del financiamiento de litigios
El financiamiento de litigios se ha convertido en un sector multimillonario que está transformando el panorama legal internacional. Estas empresas financieras, muchas de ellas con sede en Wall Street, se dedican a financiar demandas y departamentos legales corporativos, especialmente en casos de arbitraje internacional.
El modelo de negocio es simple pero efectivo: las empresas financieras acuerdan cubrir los costos legales a cambio de un porcentaje sustancial de cualquier indemnización o acuerdo que se logre. Este porcentaje suele oscilar entre el 20% y el 50% del monto total recuperado.
En la última década y media, este tipo de financiamiento ha experimentado un crecimiento vertiginoso, coincidiendo con un aumento significativo en el número de demandas presentadas contra gobiernos. Esta tendencia ha llevado a muchos críticos a argumentar que Wall Street está actuando como un catalizador para este incremento en los litigios.
Varias empresas y fondos corporativos se han especializado en el financiamiento de litigios en los últimos años.
Algunas de las principales compañías que utilizan este método son:
Empresas destacadas
- Burford Capital: Es el proveedor de financiamiento de litigios más grande del mundo que cotiza en la bolsa de Londres. Se ha beneficiado significativamente de casos contra gobiernos, especialmente en Argentina.
- Qanlex: Es el primer fondo tecnológico de financiación de litigios que opera en Europa y Latinoamérica. Recientemente captó 30 millones de dólares para su tercer fondo de inversión.
- Claims Funding Europe: Empresa con sede en Dublín, Irlanda, especializada en financiar grandes casos colectivos en Europa y otros países.
Otros actores importantes
- Juridica Investments
- Bentham Capital
- Parabellum Capital
Estas empresas se han convertido en actores importantes en el mercado de financiamiento de litigios.
Tipos de inversores
El financiamiento de litigios atrae a diversos tipos de inversores, incluyendo:
- Firmas especializadas en litigios
- Compañías de seguros
- Bancos de inversión
- Fondos de cobertura (hedge funds)
Estos inversores ven el financiamiento de litigios como una clase de activos alternativa y no correlacionada, que ofrece la perspectiva de rendimientos de dos dígitos en un momento en que otras clases de activos tienen un rendimiento inferior.
El atractivo de este método radica en que los inversores pueden obtener rendimientos promedio del 30-50% en casos de arbitraje de inversiones, a pesar de que los costos de financiamiento a menudo superan los millones de dólares.
El caso YPF
Burford Capital es quien compró los derechos de litigio contra Argentina por la expropiación de YPF. Algunos puntos clave sobre la participación de Burford Capital en este caso son:
1. Burford Capital adquirió en 2015 el derecho a litigar en nombre de las sociedades Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, que quebraron luego de la expropiación de YPF en 2012.
2. Inicialmente, la empresa tenía derecho al 70% de la recuperación en el caso de Petersen.
3. Burford también financió la demanda de Eton Park, otra empresa afectada por la expropiación.
4. A lo largo del tiempo, Burford ha ido vendiendo partes de sus derechos sobre el litigio a otros inversores. Actualmente, se estima que Burford mantiene alrededor del 30% de los derechos del caso, habiendo colocado el resto a inversores privados.
5. Por una inversión inicial de US$ 16,6 millones para adquirir los derechos del litigio, el fondo podría obtener ganancias de al menos US$ 6.200 millones si se paga el fallo completo de US$ 16.000 millones contra Argentina.
6. Burford es actualmente el principal demandante en la causa y está buscando formas de cobrar la sentencia, incluyendo solicitar a la jueza que le otorgue las acciones de YPF que posee el Estado argentino.
Este caso representa uno de los mayores éxitos en la historia de Burford Capital, una empresa especializada en el financiamiento de litigios.
El sistema de arbitraje inversor-Estado: Un mecanismo controvertido
El mecanismo legal que permite estas demandas se conoce como "solución de controversias inversor-Estado" (ISDS, por sus siglas en inglés). Este sistema está incorporado en miles de acuerdos y contratos internacionales de inversión, otorgando a las empresas extranjeras derechos formidables frente a los gobiernos.
Características clave del sistema ISDS:
- Los árbitros son generalmente abogados corporativos, lo que ha generado críticas sobre posibles conflictos de interés.
- El sistema opera sin precedentes vinculantes ni posibilidad de apelación, lo que puede llevar a decisiones inconsistentes.
- Las corporaciones pueden invocar este mecanismo cuando consideran que las acciones gubernamentales afectan sus inversiones, incluyendo situaciones como confiscación de activos, cancelación de contratos o aumentos de impuestos.
El impacto en los países en desarrollo
La mayoría de los casos ISDS son presentados por inversores de países ricos contra naciones en desarrollo, lo que ha llevado a cuestionar la equidad del sistema. Hasta la fecha, los contribuyentes han pagado más de $110 mil millones en indemnizaciones y acuerdos a través de este mecanismo.
Un caso emblemático que ilustra esta problemática es el de Greenland Minerals contra Groenlandia:
- La empresa minera australiana demandó al gobierno groenlandés después de que el parlamento aprobara restricciones a la minería de uranio.
- La compañía podría buscar una indemnización de hasta $11.5 mil millones.
- Esta cifra es aproximadamente seis veces mayor que el gasto gubernamental total de Groenlandia del año pasado.
Este caso pone de manifiesto cómo las demandas ISDS pueden representar una amenaza significativa para las finanzas públicas de países pequeños o en desarrollo.
Críticas y preocupaciones crecientes
El sistema ISDS y el financiamiento de litigios asociado han sido objeto de críticas cada vez más intensas:
1. Sesgo inherente: Muchos argumentan que el sistema está intrínsecamente sesgado contra los gobiernos, favoreciendo los intereses corporativos sobre las políticas públicas.
2. Influencia de los financiadores: Existe preocupación de que las empresas financieras no solo deciden qué demandas se persiguen, sino que también influyen en cómo se litigan estos casos.
3. Extracción de riqueza: Algunos expertos describen este mecanismo como un sistema que transfiere riqueza de los contribuyentes y las arcas públicas de países en desarrollo hacia empresas financieras en centros como Nueva York y Londres.
4. Impacto en políticas ambientales: A medida que los gobiernos intentan implementar medidas para reducir el uso de combustibles fósiles y combatir el cambio climático, se prevé un aumento significativo en el número de disputas inversor-Estado.
El futuro de la acción climática en juego
El financiamiento de litigios en casos ISDS plantea serias interrogantes sobre el futuro de las políticas climáticas y ambientales a nivel global. Mientras los países luchan por implementar regulaciones más estrictas para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, este sistema podría representar un obstáculo significativo.
Algunos aspectos preocupantes incluyen:
- La posibilidad de que las empresas de combustibles fósiles utilicen este mecanismo para desafiar políticas de transición energética.
- El efecto disuasorio que estas demandas podrían tener en gobiernos que consideran implementar regulaciones ambientales más estrictas.
- La carga financiera que estas demandas representan para países en desarrollo, limitando sus recursos para invertir en adaptación y mitigación del cambio climático.
El financiamiento de litigios en casos de arbitraje inversor-Estado se ha convertido en un negocio lucrativo para Wall Street, pero plantea serias preocupaciones éticas y prácticas. Este sistema no solo representa una amenaza para las finanzas públicas de los países en desarrollo, sino que también podría obstaculizar los esfuerzos globales para combatir el cambio climático.
Con información de: insideclimatenews.org
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