NeuquenNews
Marcha Federal Universitaria
La situación de las universidades públicas en Argentina está atravesando una crisis significativa, impulsada por problemas presupuestarios y salariales. Los docentes universitarios denuncian una pérdida de poder adquisitivo de aproximadamente el 75% desde finales de 2023, y más del 70% de los trabajadores del sector se encuentran bajo la línea de pobreza. Este escenario ha llevado a una serie de medidas de protesta, incluyendo un paro nacional de 48 horas entre el 25 y 26 de septiembre, y una marcha nacional el próximo 2 de octubre.
El motivo central de la movilización es la defensa de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue aprobada por el Senado, pero que el presidente Milei ha manifestado su intención de vetar. Al mismo tiempo, el presupuesto propuesto para 2025 por el Ejecutivo nacional es solo la mitad de lo solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), lo que ha generado gran preocupación en la comunidad académica.
La movilización del 2 de octubre busca presionar para que se garantice el financiamiento adecuado para el sistema universitario.
La marcha nacional del 2 de octubre en defensa de las universidades públicas en Argentina contará con la participación de diversas organizaciones y actores clave del ámbito académico y sindical. Entre ellos se destacan:
La marcha está pensada como una movilización masiva y federal, con el objetivo de presionar al gobierno nacional para que no vete la Ley de Financiamiento Universitario y se revise el presupuesto 2025.
El gobierno Intenta desactivar la marcha
En las últimas horas, el gobierno argentino ha intentado desactivar la marcha universitaria del 2 de octubre ofreciendo una mejora salarial a los docentes universitarios y no docentes. Propusieron un aumento del 5,8%, adicional al 1% que ya estaba previsto para octubre, lo cual fue calificado por el gobierno como una oferta "histórica". Sin embargo, los gremios rechazaron esta propuesta por considerarla insuficiente, alegando una pérdida de poder adquisitivo acumulada de entre el 35% y 55% debido a la inflación.
La amenaza del traspaso a las provincias
El gobierno de Javier Milei ha estado considerando la posibilidad de traspasar la administración de las universidades públicas nacionales a las provincias. Esta idea surge como parte de su visión de descentralización y autonomía económica para las universidades, buscando que estas no dependan de negociaciones anuales con el Poder Ejecutivo y el Congreso. Sin embargo, esta medida ha generado mucha controversia.
Los rectores y representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) han calificado la propuesta como un "retroceso histórico", señalando que crearía asimetrías entre provincias, ya que aquellas con mayor capacidad fiscal podrían financiar mejor sus universidades, lo que afectaría la igualdad de oportunidades a nivel educativo en todo el país. También se ha mencionado que esta medida podría fragmentar los salarios y las condiciones laborales del personal universitario en cada provincia, agravando las disparidades regionales.
A pesar de estos debates, el proyecto aún no ha sido formalizado y enfrenta obstáculos legales y políticos significativos. Para que el traspaso de las universidades sea viable, sería necesario que el Congreso lo apruebe, además de obtener la aceptación de cada una de las legislaturas provinciales involucradas.
