El equipo especial de fiscales de Lava Jato, responsable por la mayor operación anticorrupción de la historia de Brasil, fue disuelto hoy luego de casi siete años, acusado de ejercer persecución política contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien estuvo preso durante 510 días, entre otras irregularidades procesales.
La decisión había sido tomada en diciembre pasado por el fiscal general, Augusto Aras, en el marco de la polémica causa por las ilegalidades ejercidas por el grupo de fiscales liderados por Deltan Dallagnol y el juez inicial del caso, Sérgio Moro, que dejó la magistratura para ser durante 17 meses ministro de Justicia de Jair Bolsonaro.
En un comunicado, el Ministerio Público de Curitiba, estado de Paraná, informó que sus integrantes pasarán a formar parte del grupo contra el crimen organizado, que heredará casos de la ya extinta Lava Jato.
"El equipo especial de Paraná deja de existir", dice el comunicado.
Según el comunicado del Ministerio Público, fueron recuperados 4.300 millones de reales por acuerdos de lenidad (devolución por parte de las empresas) y dinero de corrupción, sobre todo por parte de las mayores constructoras del país, como Odebrecht, Camargo Correa y Andrade Gutiérrez, que confesaron sobrefacturaciones en contratos con Petrobras, luego de haber pagado sobornos a funcionarios y financiado ilegalmente campañas.
Lava Jato condenó a 174 personas entre ellos dos veces a Lula, a su exjefe de gabinete José Dirceu y al exministro de Economía Antonio Palocci, al exgobernador de Rìo de Janeiro Sergio Cabral y al exdiputado Eduardo Cunha, quien abrió el juicio político que destituyó a Dilma Rousseff en 2016.
Todas las condenas siguen firmes, en principio, a pesar de la disolución del equipo investigador.
Los fiscales y el exjuez Moro están siendo investigados en una causa por imparcialidad que tramita el Supremo Tribunal Federal ante un pedido de Lula para anular la causa.
La operación Lava Jato tuvo ramificaciones en la Argentina, Estados Unidos y Perú, entre otros países.
