La votación se aplaza hasta el viernes tras un receso en la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados decidió hacer un receso y aplazó hasta este viernes la ratificación del proyecto de ley de Bases, con la inclusión de nuevas modificaciones en el apartado de privatizaciones, en una sesión especial marcada por la tensión debido a los incidentes entre las fuerzas de seguridad y los militantes que protestaban contra esa propuesta frente al Congreso.

En la segunda sesión especial y después de un debate de veinticuatro horas, repartido en dos días, quedaban unos 17 oradores para hablar antes de la votación en general, en la que el oficialismo contaba con el apoyo de los bloques dialoguistas.

La sugerencia de hacer un receso fue propuesta por el líder del grupo parlamentario de LLA, Oscar Zago.

El Gobierno contaba con el respaldo de unos 143 diputados para aprobar en general el dictamen de mayoría con la contribución de 38 diputados de La Libertad Avanza, 34 de la UCR, 18 de Hacemos Coalición Federal, 37 del Pro, 9 de Innovación, 2 de Producción y Trabajo, 2 Buenos Aires Libre, 1 de Creo, 1 Avanza Libertad, y 1 Unidad Mendocina.

La sesión especial, presidida por Martín Menem, se llevaba a cabo en un ambiente de tensión debido a los graves incidentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso entre las fuerzas de Seguridad y los militantes de izquierda y organizaciones sociales que se oponen al proyecto promovido por el Gobierno.

En cada uno de los discursos de Unión por la Patria se hacía referencia a los graves incidentes cerca del Parlamento, e incluso apoyaron una petición de la diputada de izquierda Romina del Pla de hacer un receso “por la represión” que fue rechazada por la LLA, el Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal, e Innovación.

En ese contexto y en un ambiente de gran tensión, el presidente del grupo parlamentario de UxP Germán Martín presentó una moción para establecer un receso por la “terrible represión que se vive en la calle”, que fue rechazado por otros grupos parlamentarios de la oposición e incluso el presidente de Hacemos, Miguel Pichetto, señaló que “no se puede interrumpir la labor de un poder del Estado”.

También respaldó la propuesta de su grupo Máximo Kirchner, a través de una cuestión de privilegio, en la que planteó: “Vamos a ver qué sucede afuera, es solamente para que haya la menor cantidad de argentinos y argentinas lastimados, trabajen en una fuerza de seguridad o no”.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el portavoz presidencial, Manuel Adorini, asistieron este jueves por la tarde a Diputados y a la noche se unió el ministro del Interior, Guillermo Francos, para seguir de cerca el desarrollo de la sesión.

A lo largo del día también se sucedieron reuniones entre diputados oficialistas y opositores para superar las diferencias sobre seguridad, facultades delegadas y privatizaciones, y a la noche LLA envió un nuevo borrador de modificaciones donde se tomaron algunas sugerencias de los bloques de la UCR y Hacemos.

En ese sentido, La Libertad Avanza propuso a los bloques llamados “dialoguistas” eliminar de la lista de privatizaciones nueve empresas estatales que el Gobierno había solicitado autorización para su venta en el proyecto de ley Bases y estableció nuevos requisitos con la participación del Congreso para las licitaciones de esas empresas públicas.

Las empresas que no se privatizarán son el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A; Fabrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.

En ese borrador que contienen los cambios, el Gobierno mantiene la privatización parcial de Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT, y otras 27 empresas entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos, los medios públicos (Telam y RTA), Belgrano Cargas, Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. y Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SAPEM, entre otras.

El nuevo capítulo divide en tres artículos con sus anexos las empresas a privatizar en forma total con sus respectivos anexos, y otro para las privatizaciones parciales, para que así no se rechacen todas las ventas de las empresas públicas.

En cambio, mantuvieron la declaración de emergencia en materia económica, financiera, administrativa, tarifaria, energética, seguridad y administrativa, y el capítulo sobre deuda donde se elimina la obligación de pedir autorización al Congreso previo a tomar un endeudamiento como establece la ley vigente.

Las reformas que habían transcendido generaron la queja del diputado de UxP Germán Martínez, quien señaló: "Pasaron 9 horas de la segunda jornada de debate de la ley ómnibus. Si sumamos las 11 horas de ayer (por el miércoles), llevamos 20 horas de debate" y "aún no tenemos el texto que se pretende votar".

El plenario legislativo retomó a las 12.30 de este mediodía el debate con varias cuestiones de privilegio planteadas por parte de diputados de la oposición contra funcionarios del Poder Ejecutivo, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el operativo policial del miércoles en las afueras del Congreso, donde se registraron incidentes entre efectivos de las fuerzas de seguridad y militantes.

Al iniciarse la sesión, y luego de que los diputados de todos los bloques expusieran en el recinto sobre los incidentes ocurridos anoche, los legisladores rechazaron las amenazas que habría sufrido la diputada de la UCR, Carla Carrizo, a través de sus redes sociales, y se solidarizaron con la legisladora que se mostró muy sensibilizada y con lágrimas en los ojos, por lo que varios colegas se acercaron a su banca a brindarle su apoyo.

Al retomar el debate del proyecto, el diputado nacional de Hacemos Coalición Federal, Carlos Gutiérrez, afirmó que "la grieta sigue" en el Congreso y defendió a las provincias, en medio de la controversia entre el gobierno de Javier Milei y los gobernadores por el Impuesto PAIS.

"Muchos de nosotros tenemos nuestra referencia en las provincias que gobernamos y ya estamos hartos de ser un papelito al viento, de ser la cenicienta de este Congreso. Nos conducen nuestros gobernadores a nosotros", afirmó Gutiérrez.

Por su parte, la diputada libertaria por Santa Fe, Romina Diez, defendió las privatizaciones de empresas públicas, uno de los capítulos que incluyó el Gobierno en la Ley de Bases, y dijo que se trata de "dos conceptos antagónicos que tratan de disfrazarlos de patria para justificar aguantaderos de militantes. Una empresa no debería ni puede ser pública. Las manejan empresarios, los naturales benefactores sociales".

Desde la oposición, en tanto, la diputada de Unión por la Patria por Córdoba, Gabriela Estévez, sostuvo que la ley "modifica todos los aspectos de la vida de los argentinos" y cuestionó al asesor presidencial, Federico Sturzenegger, al señalar: "Ese funcionario sin cargo y sin funciones que, sin embargo, otra vez le devuelven la potestad de que entregue en bandeja a nuestro país. No sabemos quién escribió la ley, pero sí quiénes son sus principales beneficiarios y perjudicados".

En esa línea, la diputada de UxP, Paula Penacca, sostuvo que "en realidad es la ley de bases y condiciones para la venta de la Argentina".

Para el diputado de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, la delegación de facultades que solicitó Milei "no es igual de las que se le dio a otros presidentes como de (Fernando) De la Rúa, (Carlos) Menem, Cristina Kirchner, Néstor Kirchner y Alberto Fernández. Esta es una delegación de facultades que intenta cambiar la matriz de la Argentina, la matriz social, institucional y cultural de Argentina" y adelantó que votará en contra del proyecto, tras citar en su discurso las estrofas del Himno Nacional Argentino.

A lo largo del debate, la diputada del Pro Silvia Lospenatto dijo que con esta iniciativa se trata de otorgar "herramientas para que pueda llevar adelante su plan de Gobierno" y "yo les deseo de corazón el mejor de los éxitos. La Patria está en peligro cada vez que nuestros hijos no puedan desarrollar su vida".

El diputado cordobés de Hacemos, Juan Brugge, señaló: "Nosotros vamos a acompañar el proyecto en general porque creemos en la institucionalidad y en que es necesario avanzar en establecer reglas de juego claras, pero peca de algo importante: mezcla las emergencias con la desregulación económica".