En los 12 días que lleva el 2022, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Neuquén presentó ya dos medidas autosatisfactivas para garantizar la provisión de agua en barrios del sector oeste de la ciudad. Lo hizo tras agotar las vías administrativas y en el contexto de la necesidad de disponer del recuso vital en el contexto de pandemia, en días en que se registran altas temperaturas y atento a que los vecinos del sector manifestaron la falta total del servicio. Debido a la urgencia, solicitó la habilitación de feria judicial. Los organismos demandados son los mismos, por iguales razones. La falta de respuesta no permite agilizar acuerdos administrativos que atiendan la necesidad de los vecinos de contar con la provisión de agua potable, por lo que la única vía de resolución inmediata es la judicialización.

Esta mañana, el defensor del pueblo de la Ciudad de Neuquén, Ricardo Riva, presentó una medida autosatisfactiva contra el Ente Provincial de Agua y Saneamiento –Epas-, el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo –IPVU- y la Municipalidad de Neuquén para que se las condene a garantizar la provisión de agua potable mediante las redes existentes en los sectores 2 y 7 de mayo de la ciudad, en cantidad y presión reglamentaria. En forma subsidiaria, solicitó se garantice el la distribución de agua mediante camiones en una cantidad de 150 litros diarios por persona.

En su presentación, la Defensoría del Pueblo justificó la apertura de feria en el contexto de temperaturas máximas históricas en la ciudad de Neuquén, la emergencia hídrica y las nuevas olas de contagio de Codi19.

En el escrito Riva indicó que desde la comunicación con los vecinos del sector en la noche de ayer, desde el organismo se intentó tomar contacto con las autoridades competentes de modo de avanzar en las gestiones administrativas necesarias y coordinadas para resolver con celeridad el conflicto. Sin embargo, no se obtuvo respuesta.  

Las familias, en su desesperación, se apersonaron en la calle Casimiro Gómez para visibilizar su padecimiento. Allí se acercó Riva para elaborar conjuntamente la medida judicial. Se trata de barrios gestionados por el Ipvu. Sus redes de agua fueron construidas mediante financiamiento del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y los trabajos fueron efectuados por Upefe, la Agencia de Desarrollos Urbano sustentable y el Ipvu.

De igual modo, el 5 de enero el defensor del pueblo presentó una medida autosatisfactiva para garantizar la provisión de agua potable a los vecinos del asentamiento Mapu Mew. La Jueza de Feria, María Eliana Reynals, hizo lugar a la medida autosatisfactiva el 7 de enero y ordenó a la Municipalidad de Neuquén y al Epas a que en el plazo de 24 horas restablezca el servicio en las redes habilitadas. Hasta entonces, determinó que las demandadas deben suministrar en forma eficiente, efectiva, coordinada y armónica agua potable a los habitantes de Mapu Mew, garantizando un mínimo de 150 litros diarios por persona.

En la medida, el defensor indicó que el agua escasea en el sector hace 5 semanas, lo que pone en riesgo la salud de las familias de Mapu Mew. De igual modo procedió hoy atento a la necesidad manifiesta de los vecinos de los sectores 2 y 7 de mayo, lindantes a Mapu Mew.

En ese marco, presentó una medida autosatisfactiva contra el Epas y el municipio local para garantizar la provisión de agua potable mediante camiones y/o mecanismos aptos y pertinentes, hasta tanto se restablezca el servicio.

La Defensoría acompañó los escritos judiciales con antecedentes jurisprudenciales tramitados por la Defensoría del Pueblo ante la afectación del derecho humano al agua. En el caso de Mapu Mew adjuntó también copia de las notas presentadas oportunamente por los vecinos al órgano ejecutivo Municipal donde consta que el reclamo lleva más de seis meses, y que en el último mes ya no tenía ni una gota de agua. En su misiva, los vecinos explicaron la gravedad del asunto para niños recién nacidos y madres puérperas sobre todo, y que, en la desesperación, han optado por sacar agua para higienizarse y beber proveniente del zanjón por el que baja agua contaminada por los desechos de la empresa Comarsa. De igual modo, la Defensoría del Pueblo anexó cada una de las notas elevadas a las autoridades competentes mediante las que solicitó se arbitren las vías necesarias para distribuir agua potable a las 300 familias que habitan el sector.

La jueza Reynals hizo lugar a la medida debido a la urgencia del caso, dado que se encuentra involucrada la tutela efectiva de un derecho humano fundamental. “El agua potable como elemento vital para la salud y subsistencia de la persona humana se encuentra protegido como derecho fundamental”, indicó. En ese sentido, la jueza justificó su decisión en la legislación vigente, tanto local como internacional que declaran el derecho al acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.

En sus escritos, la Defensoría insistió sobre la necesidad de establecer estrategias superadoras en torno a la crisis hídrica de la ciudad, ya que pueden verse derroches en la vía pública o la utilización de agua potable para el riego, mientras que hay otra parte de la ciudadanía sufriendo por la escasez del vital líquido.