Fiscal-IA: Se creó el Programa de Inteligencia Artificial en el Ministerio Público Fiscal, los puntos positivos, pero también los riesgos e interrogantes

Se creó el Programa de Inteligencia Artificial en el Ministerio Público Fiscal para la incorporación de este tipo de tecnología en sus distintas áreas. Para la Procuración General, la incorporación progresiva de estas herramientas "permitiría mejorar la eficiencia y eficacia institucional"

TECNOLOGÍA17/05/2025Neuquén NoticiasNeuquén Noticias
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Fiscal IA - Ministerio Público Fiscal

La Inteligencia Artificial (IA) dio un nuevo paso dentro de la Justicia argentina. En este sentido, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, creó el Programa de IA del Ministerio Público Fiscal para “desarrollar un abordaje estratégico e integral para la incorporación de este tipo de tecnología en sus distintas áreas para así fortalecer sus funciones y emplearla para la mejora de procesos internos, la automatización de tareas y la generación de información para la toma de decisiones”.

La Secretaría de Coordinación Institucional tendrá a su cargo el desarrollo y seguimiento del programa, en conjunto con las Secretarías Disciplinaria y Técnica y de Administración y Recursos Humanos, que intervendrán conforme a sus respectivas competencias.

Según la Resolución PGN 14/25,“la irrupción de nuevas tecnologías, particularmente aquellas vinculadas al desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, representa el más reciente y profundo avance en la materia, con capacidad para transformar radicalmente los procesos institucionales”.

“La incorporación progresiva de herramientas basadas en inteligencia artificial permitiría mejorar la eficiencia y eficacia institucional en las distintas áreas de actuación del Ministerio Público Fiscal, en tanto podría abarcar la gestión administrativa, la investigación criminal, la intervención en casos no penales y la planificación estratégica”, explica el texto.

“La inteligencia artificial representa una herramienta que podría tener un amplio potencial de aplicación en el Ministerio Público Fiscal, tanto en el fortalecimiento de sus funciones sustantivas como en la optimización de sus procesos internos”, argumentó Casal y añadió que “su utilización podría abarcar, entre otros ámbitos, la gestión, análisis y clasificación de información judicial y administrativa; la detección de patrones delictivos mediante técnicas de análisis de datos; la automatización de tareas rutinarias; la generación de reportes estadísticos o indicadores de desempeño; y una mejora en las formas de atención al público y acceso a la justicia”.

Por último, Casal destacó la importancia de asegurar el control humano de las herramientas de inteligencia artificial para que las decisiones continúen siendo adoptadas por los actores responsables, y la de adoptar un enfoque de gestión de riesgos, que ajusta los requisitos según el impacto potencial de cada sistema de IA sobre derechos fundamentales y funciones institucionales.

El documento destaca los puntos positivos de esta nueva tecnología, pero a su vez advierte que su utilización debe contemplar los riesgos que conlleva, tales como la falta de transparencia, los sesgos algorítmicos o el impacto sobre derechos fundamentales, por lo que su incorporación requiere un abordaje estratégico a través del programa.

Asimismo, el titular del MPF contempló el surgimiento de herramientas de inteligencia artificial generativa -como ChatGPT,  Gemini, Copilot, Claude, entre otras-, que plantean interrogantes específicos en su uso por la privacidad y la seguridad de la información. El programa tomará como referencia las buenas prácticas y principios recomendados a nivel internacional -Reglamento de la Unión Europea sobre IA, el Convenio Marco del Consejo de Europa y las recomendaciones de la UNESCO y de la OCDE, entre otros- en materia de justicia y uso responsable de la inteligencia artificial.

Por último, Casal destacó la importancia de asegurar el control humano de las herramientas de inteligencia artificial para que las decisiones continúen siendo adoptadas por los actores responsables, y la de adoptar un enfoque de gestión de riesgos, que ajusta los requisitos según el impacto potencial de cada sistema de IA sobre derechos fundamentales y funciones institucionales.

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