
La designación de Osvaldo Llancafilo como secretario de Enlace Institucional dentro de la Jefatura de Gabinete no es un movimiento administrativo sino una señal política.
Tras una serie de episodios de violencia registrados en escuelas y hospitales de la provincia, los diputados provinciales Darío Martínez y Darío Peralta, del bloque de Unión por la Patria, presentaron un proyecto de ley en la Legislatura de Neuquén para garantizar entornos laborales seguros y libres de agresiones para docentes y trabajadores de la salud.
POLÍTICA28/04/2025
NeuquenNews
La iniciativa busca implementar medidas de prevención, protección, asistencia y sanción frente a cualquier conducta que atente contra la integridad física, psicológica y moral de estos agentes públicos. Según indicaron los legisladores, la propuesta responde a una problemática creciente que afecta tanto a profesionales de la educación como de la salud, quienes han sido objeto de agresiones de alumnos, pacientes o familiares en el ejercicio de sus funciones.
El proyecto contempla su aplicación a todo el personal de salud y educación, tanto de instituciones públicas como privadas, incluyendo profesionales, técnicos, administrativos, personal de apoyo, docentes y no docentes que se desempeñen en Neuquén.
Medidas de protección y sanciones
Además de medidas preventivas y de asistencia, el proyecto crea un marco normativo para sancionar las agresiones. Se propone la modificación del Código de Faltas Provincial para establecer penas de arresto de cinco a 30 días o multas a quienes hostiguen, maltraten, insulten o ejerzan violencia física o psicológica contra trabajadores de la educación o la salud, ya sea de manera presencial, telefónica, a través de redes sociales u otros medios de comunicación.
Asimismo, se prevén sanciones para quienes ingresen sin autorización a establecimientos educativos o sanitarios o perturben de cualquier forma el normal desempeño de sus funciones. En el caso de agresiones ocurridas frente a alumnos, las penas se duplicarán.
Los fondos recaudados por las multas serán destinados a la institución afectada por los hechos de violencia, buscando así reparar parte del daño causado.
Inspiración en otras provincias
Martínez y Peralta señalaron que leyes similares ya existen en provincias como Buenos Aires, Entre Ríos, Tucumán y Santa Fe, donde además de sancionar la violencia, se impulsan campañas de sensibilización ciudadana para concientizar sobre el impacto de las agresiones hacia docentes y profesionales de la salud.
"Los episodios de violencia vulneran la dignidad, la seguridad y el bienestar de quienes dedican su labor al servicio público, y por eso es indispensable establecer medidas concretas para prevenir estas situaciones, proteger al personal y sancionar las conductas que atenten contra su integridad", explicó Darío Martínez, presidente del bloque del PJ en la Legislatura.
Por su parte, Darío Peralta destacó la importancia del proyecto: "Contar con una ley es un avance significativo. Reconoce las condiciones adversas en las que, muchas veces, los equipos de salud y educación deben desempeñar sus funciones y valora el compromiso del Estado con su seguridad".
El proyecto establece como principios rectores el respeto a los derechos humanos, la prevención y la equidad, para garantizar que todas las medidas de protección alcancen a la totalidad del personal, sin distinción de género, función o ubicación geográfica.
Ahora, el debate queda abierto en la Legislatura, donde se espera que la iniciativa reciba el acompañamiento de los distintos bloques políticos.

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