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La iniciativa busca implementar medidas de prevención, protección, asistencia y sanción frente a cualquier conducta que atente contra la integridad física, psicológica y moral de estos agentes públicos. Según indicaron los legisladores, la propuesta responde a una problemática creciente que afecta tanto a profesionales de la educación como de la salud, quienes han sido objeto de agresiones de alumnos, pacientes o familiares en el ejercicio de sus funciones.
El proyecto contempla su aplicación a todo el personal de salud y educación, tanto de instituciones públicas como privadas, incluyendo profesionales, técnicos, administrativos, personal de apoyo, docentes y no docentes que se desempeñen en Neuquén.
Medidas de protección y sanciones
Además de medidas preventivas y de asistencia, el proyecto crea un marco normativo para sancionar las agresiones. Se propone la modificación del Código de Faltas Provincial para establecer penas de arresto de cinco a 30 días o multas a quienes hostiguen, maltraten, insulten o ejerzan violencia física o psicológica contra trabajadores de la educación o la salud, ya sea de manera presencial, telefónica, a través de redes sociales u otros medios de comunicación.
Asimismo, se prevén sanciones para quienes ingresen sin autorización a establecimientos educativos o sanitarios o perturben de cualquier forma el normal desempeño de sus funciones. En el caso de agresiones ocurridas frente a alumnos, las penas se duplicarán.
Los fondos recaudados por las multas serán destinados a la institución afectada por los hechos de violencia, buscando así reparar parte del daño causado.
Inspiración en otras provincias
Martínez y Peralta señalaron que leyes similares ya existen en provincias como Buenos Aires, Entre Ríos, Tucumán y Santa Fe, donde además de sancionar la violencia, se impulsan campañas de sensibilización ciudadana para concientizar sobre el impacto de las agresiones hacia docentes y profesionales de la salud.
"Los episodios de violencia vulneran la dignidad, la seguridad y el bienestar de quienes dedican su labor al servicio público, y por eso es indispensable establecer medidas concretas para prevenir estas situaciones, proteger al personal y sancionar las conductas que atenten contra su integridad", explicó Darío Martínez, presidente del bloque del PJ en la Legislatura.
Por su parte, Darío Peralta destacó la importancia del proyecto: "Contar con una ley es un avance significativo. Reconoce las condiciones adversas en las que, muchas veces, los equipos de salud y educación deben desempeñar sus funciones y valora el compromiso del Estado con su seguridad".
El proyecto establece como principios rectores el respeto a los derechos humanos, la prevención y la equidad, para garantizar que todas las medidas de protección alcancen a la totalidad del personal, sin distinción de género, función o ubicación geográfica.
Ahora, el debate queda abierto en la Legislatura, donde se espera que la iniciativa reciba el acompañamiento de los distintos bloques políticos.
