Contratos dudosos y desvío de fondos en la Legislatura, ¿Qué se sabe hasta el momento?

La Legislatura de Neuquén fue protagonista de una serie de episodios que conmocionaron a la escena política local, luego de que la Fiscalía ordenó un allanamiento en la propia sede del Poder Legislativo, el complejo cultural Casa de las Leyes y la vivienda particular de Pablo Ruiz, hermano de la vicegobernadora y señalado de un presunto desvío de casi 30 millones de pesos de las cuentas institucionales a su propia cuenta en el Banco Provincia de Neuquén (BPN).

El fiscal Pablo Vignaroli lideró este viernes al mediodía una conferencia de prensa en la que brindó más detalles de la investigación que inició de oficio el Ministerio Público Fiscal (MPF) a partir de un artículo periodístico que afirmaba que la vicegobernadora y presidenta de la Legislatura, Gloria Ruiz, había designado al menos a 10 familiares en distintos cargos dentro de esa estructura de gobierno.

El letrado recordó que no hay leyes que castiguen la designación de familiares directos, y aclaró que esos actos de nepotismo podrían ser cuestionados solo desde otros puntos de vista. De este modo, dio a entender que la contratación que hizo Gloria Ruiz de su esposo, su hermano y otros primos o familiares solamente puede tener una condena ética o moral, pero no está sujeta a una investigación judicial. "No es reprochable desde el punto de vista judicial", señaló.

En este escenario, ¿Cómo es que un artículo periodístico por la contratación de familiares derivó en una investigación por presunto peculado o fraude a la administración pública? La punta del ovillo de la causa que derivó en los tres allanamientos de este viernes fue, en realidad, la divulgación de contratos irregulares en la planta política de Gloria Ruiz.

Los contratos sospechosos en la Legislatura

Vignaroli aclaró que los mismos artículos daban cuenta de que el jefe de prensa de la Legislatura de Neuquén, llamado Pablo Schapira, solamente había tenido contrato por uno o dos meses tras la asunción de la vicegobernadora. "Después, ese contrato fue dado de baja, siguió en su cargo y se dio de alta el contrato de su esposa que no sabemos qué funciones cumple", expresó el fiscal, quien aclaró que esa irregularidad, de una persona contratada sin funciones y otra trabajando sin contrato, ya generan un marco de irregularidad que sembró las sospechas de la Justicia.

Por otro lado, la investigación pudo determinar que otro periodista, Leonardo Boela, también había sido contratado como asesor. Dependía directamente de Presidencia; es decir, de la vicegobernadora Ruiz. Sin embargo, la información que recabó la Justicia indica que el encargado de la comunicación institucional seguía siendo Shapira, por lo que no pudieron encontrar funciones claras que cumplía Boela y que justificaban su salario.

Vignaroli recordó que la planta política tiene un modo de contratación en la que no rige ningún tipo de régimen de control de las funciones. Los integrantes de esa planta tampoco deben cumplir horario ni trabajar de manera presencial en las instituciones públicas. "No tienen obligación de asistencia y aquellos que los contratan no están obligados a certificar sus funciones", afirmó. El letrado consideró que estos contratos tienen tal grado de discrecionalidad que se prestan a maniobras tendientes a defraudar el Estado.

Para el fiscal, solicitar servicios de un profesional a través de un contrato con un tercero es una presunta defraudación al Estado. "Sería responsable quien decide la contratación, con conocimiento de la situación igualmente hace el contrato, pero todavía no sabemos quién firmó ese contrato", dijo y aclaró que falta obtener los resultados de los contratos secuestrados durante los allanamientos para saber quién contrató a personas que no tenían funciones evidentes.

Allanamientos y más funcionarios en la mira

El fiscal aclaró que en el allanamiento que realizaron en la Legislatura de Neuquén se buscaron los contratos de personas involucradas para saber en qué condiciones están trabajando en la Legislatura. "También fuimos a buscar los contratos de otros grupos de personas, como el de Pablo Ruiz, y todo el trámite administrativo que tiene que ver con las transferencias y las rendiciones que él debería haber hecho", afirmó.

El fiscal Juan Narváez, también a cargo de la investigación, aclaró que están investigando a un grupo de personas que van más allá del coordinador de Casa de las Leyes, Pablo Ruiz, y los comunicadores contratados de manera irregular.

"La investigación se podría ampliar en base a la documentación secuestrando, que será útil para dilucidar mejor la maniobra", dijo Narváez y aclaró "Hoy por hoy todo circunscribe a la cuenta de Pablo Ruiz pero no se descarta que eso ocurra en otras cuentas" de otros funcionarios.

En ese sentido, aclaró que el Ministerio Público Fiscal investiga las auditorías que se hacen de la situación financiera y patrimonial de otras personas vinculadas al Poder Legislativo para detectar si hubo irregularidades. "Hay más personas investigadas que no fueron mencionadas para resguardar el avance de la investigación", aclaró.

¿Cuál es la situación de Gloria Ruiz?

Desde el MPF aclararon que la vicegobernadora Gloria Ruiz no está siendo investigada por designar al menos a 10 familiares dentro de la estructura del Poder Legislativo, ya que no existen leyes que prohíban esta acción. Tampoco hay, hasta el momento, pruebas concretas que demuestren que participó de la contratación de dos asesores de Presidencia de manera irregular.

Vignaroli aclaró que no podían confirmar ni tampoco descartar que ella estuviera al tanto de los movimientos que se daban en la cuenta bancaria de su hermano. "Es una hipótesis que no podemos descartar", dijo y aclaró: "Todavía estamos al inicio de la investigación y cualquier hipótesis puede ser válida".

El fiscal aclaró que la presidenta de la Legislatura no estaba presente en la institución durante el allanamiento de este viernes. Sin embargo, sí estaba en el domicilio particular de Pablo, en Plottier, donde mostró "un grado de enojo" pero luego se prestó a colaborar con el operativo policial.

Trascendió que la presidenta de la Legislatura se trasladó luego a Casa de Gobierno, citada por el gobernador Rolando Figueroa, mientras que su hermano, Pablo Ruiz, fue a la Fiscalía, donde quedó demorado en el marco de la investigación.

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