NeuquenNews
La Comisión de Desarrollo Humano y Social de la Legislatura neuquina aprobó por unanimidad, en una sesión marcada por la presencia de un numeroso grupo de damnificados, el despacho del proyecto impulsado por el diputado César Gass para solicitar formalmente a la Inspección Provincial de Personas Jurídicas la intervención de la Cooperativa 127 Hectáreas.
La medida llega luego de años de incertidumbre, promesas incumplidas y aportes de familias que apostaron a acceder a una vivienda y hoy se enfrentan al riesgo de perderlo todo. Según los datos recabados por la comisión legislativa, existen más de 100 personas que han iniciado demandas civiles y al menos 50 denuncias penales activas, un número que puede ser incluso mayor debido a la constante actualización de las causas en trámite.
La justicia ha actuado sobre la base de estas denuncias: se han trabado embargos, incautado computadoras y bienes pertenecientes a la cooperativa, y se ha demorado a algunos de los presuntos responsables, actualmente bajo investigación penal. La situación se ha tornado crítica, con una creciente desconfianza de los asociados y una clara amenaza a la continuidad institucional de la cooperativa.
El diputado Gass fue contundente al presentar el proyecto: “Planteamos la necesidad de requerir a la Inspección Provincial de Personas Jurídicas que disponga lo necesario para que se ordene la intervención de la cooperativa, como medida de resguardo a efectos de evitar mayores perjuicios a los asociados”. La resolución busca que el Estado, a través de un interventor designado judicialmente, pueda garantizar cierto nivel de control y transparencia sobre el destino de los aportes de los socios.
Desde el punto de vista legal, tanto la Ley Nacional como la Ley Provincial establecen la competencia de la Inspección de Personas Jurídicas para intervenir ante situaciones que representen un riesgo grave para la existencia de una cooperativa. En este caso, las irregularidades de gestión, el incumplimiento de los objetivos estatutarios, y la ausencia de rendición de cuentas han escalado a niveles alarmantes.
La figura de la intervención no implica una disolución inmediata, sino una medida de emergencia orientada a ordenar el funcionamiento, revisar los libros contables, y eventualmente, garantizar mecanismos de reparación o cumplimiento de lo prometido a los asociados.
Este conflicto no es nuevo. Desde hace años, distintos vecinos vienen reclamando públicamente ante la falta de avances, la imposibilidad de acceder a sus lotes y viviendas, y la ausencia total de respuestas institucionales. Con la intervención, se abre una instancia que podría marcar un punto de inflexión.
Sin embargo, también pone de manifiesto una debilidad estructural del sistema cooperativo en la provincia, donde en más de una ocasión se han utilizado estas figuras para atraer aportes sin contar con los controles adecuados. El vacío de fiscalización efectiva durante largos períodos es lo que hoy deja expuestos a cientos de neuquinos a perder sus sueños y sus ahorros.
El Estado, entonces, no sólo está llamado a intervenir, sino también a repensar los mecanismos de prevención, supervisión y alerta temprana frente a este tipo de esquemas, que bajo la promesa de vivienda accesible, terminan arrastrando a miles de personas a un laberinto judicial y emocional del que es difícil salir.
Por lo pronto, el avance legislativo es un alivio para las familias organizadas que siguen pidiendo respuestas. La intervención, si se concreta, deberá estar acompañada por una auditoría integral, la reapertura de canales de diálogo con los damnificados y el compromiso concreto de no dejar que una promesa de techo termine, una vez más, en un fraude impune.
Cooperativa 127 Hectáreas
La trama de irregularidades que destapó la Cooperativa 127 Hectáreas en Neuquén avanzó a pasos concretos en el terreno judicial. El presidente de la entidad, Jorge Salas -exdirector provincial de Hábitat y Urbanismo-, junto a ocho integrantes del consejo directivo, fue demorado durante nueve allanamientos simultáneos ordenados por la fiscalía de Delitos Económicos, bajo la investigación del fiscal Juan Manuel Narváez, autorizada por un juez de garantías.
Estos procedimientos incluyeron secuestros de computadoras, celulares y documentación clave, entre la que sobresale una transferencia de la cuenta de la cooperativa hacia uno de los vocales, redirigida luego mediante una billetera virtual como Mercado Pago.
Además, la Justicia dictó una prohibición de innovar sobre los activos de la cooperativa —incluyendo dúplex en construcción y una franja de nueve hectáreas— luego de sumarse un embargo de 200 millones de pesos, tras pedidos de los damnificados agrupados en distintas causas civiles como Meseta, Docentes, Sirena Unificada y Coneu .
Acusaciones y alcance del proceso
En total ya se identificaron al menos 32 hechos de estafas, según el diputado César Gass, que motivaron su pedido formal de intervención ante Personas Jurídicas; la residencia de Salas fue allanada como parte de ese operativo. El legislador apuntó también que Salas ocupó recientemente un cargo público, lo que reavivó cuestionamientos sobre el control político a la cooperativa.
El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN) confirmó que al menos 50 de sus afiliados resultaron perjudicados tras aportar entre USD 4.000 y 5.000 cada uno, sin recibir lotes ni viviendas prometidas. El gremio formalizó su adhesión a la causa judicial y adelantó que exigirá justicia pública y devolución de fondos.
Estado actual de la causa
La jueza María Eugenia Grimau, en una resolución reciente, amplió los embargos y confirmó que los terrenos y viviendas proyectadas están fuera del ejido y no pueden urbanizarse, reforzando las restricciones legales sobre la entrega de lotes Lmneuquen.com. El fiscal jefe, Pablo Vignaroli, dispone ahora de un plazo de cuatro meses prorrogables para avanzar en la investigación y decidir si imputa formalmente a Salas por el delito de estafa, caso contrario podría dictarse el sobreseimiento o archivo del expediente.
¿Qué se investiga exactamente?
Ofertas inmobiliarias en zona de la meseta, fuera del ejido municipal, donde la cooperativa firmó convenios condicionados a su futura incorporación al área urbana, una incorporación que finalmente no se concretó.
Promesas de entrega de viviendas bajo planes como “La Sirena Unificada” a asociados con décadas de antigüedad, mientras se beneficiaron allegados recientes de la directiva.
Desvíos de fondos mediante transferencias a integrantes del consejo directivo, y usos dudosos de las cuentas bancarias, señalados por la querella judicial.
