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La administración liderada por el presidente Milei ha dejado en estado de parálisis a más de 2.100 obras públicas, sumiendo a la industria de la construcción en una crisis sin precedentes.
Los expertos del sector ya advierten sobre la posibilidad de que esta situación resulte en la pérdida de aproximadamente 200 mil puestos de trabajo. Este impactante recorte en la actividad constructora ha generado un aumento alarmante del desempleo y de las suspensiones laborales.
Entre finales de 2023 y los datos más recientes disponibles en febrero pasado, un total de 2.117 proyectos de obras públicas han sido detenidos debido a la falta de financiamiento por parte del gobierno. Esta abrupta interrupción se traduce en una disminución del 87,6% en el número de proyectos en ejecución, según datos del Banco de Proyectos de Inversión Pública.
El drástico recorte en el gasto en obra pública, equivalente al 82,3% en términos reales hasta febrero pasado, ha sido una medida central del gobierno de Milei para lograr un superávit financiero, como parte de su estrategia para combatir la inflación. Sin embargo, esta política ha dejado a miles de trabajadores en la incertidumbre y sin sustento económico.
El enfoque del gobierno se ha centrado únicamente en finalizar obras consideradas estratégicas, como aquellas relacionadas con la seguridad vial, la construcción de cárceles y el control de inundaciones. Sin embargo, esta selección no ha sido suficiente para evitar la grave situación de desempleo que enfrenta el país.
El ajuste presupuestario también ha afectado negativamente a otras áreas, como las transferencias a las provincias y los programas de asistencia social, que han experimentado recortes significativos. A pesar de la gravedad de la crisis, el gobierno ha continuado con proyectos específicos, como la ampliación del Gasoducto Néstor Kirchner, lo que genera controversia sobre sus verdaderas prioridades.
La eliminación del déficit fiscal ha sido el objetivo principal del gobierno de Milei, aunque a costa de sacrificar el bienestar de miles de trabajadores y el desarrollo del país. La falta de una ley integral que regule estas medidas ha dejado a la población vulnerable ante decisiones unilaterales que afectan su sustento y su calidad de vida.
La gestión de Milei ha llevado a una crisis sin precedentes en el sector de la construcción y ha dejado a miles de familias sin ingresos ni seguridad laboral.
Es fundamental que se revisen estas políticas y se adopten medidas que protejan los intereses de los trabajadores y promuevan un crecimiento económico sostenible y equitativo.
