Los representante de La Libertad Avanza, auto percibidas "Fuerzas del cielo", preparan una arremetida sobre una ley emblemática que simboliza un avance paradigmático en los derechos de las mujeres, la reducción de las muertes y secuelas en abortos clandestinos, la ampliación de la autonomía y la igualdad de género.
DE NUESTRA REDACCIÓN07/02/2024
NeuquenNews
A los efectos de poner en valor la importancia de lo logrado realizamos un breve recorrido por lo que implica la aprobación y aplicación de la ley 27.610, sus beneficios e impactos sustanciales en la sociedad argentina.
El 24 de enero de 2021, Argentina implementó la Ley Nº 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que garantiza la cobertura integral y gratuita del aborto en todas las formas que la Organización Mundial de la Salud recomienda.
Esta ley ha tenido un impacto significativo en la salud y los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar en Argentina, al reducir la mortalidad materna, las complicaciones y las secuelas derivadas de los abortos clandestinos, y al ampliar la autonomía y la igualdad de género.
Beneficios de la Ley del Aborto Legal
Salud y Derechos
La ley establece que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir la interrupción del embarazo, requerir y acceder a la atención del aborto en los servicios del sistema de salud, y recibir atención postaborto. Estos derechos se reconocen hasta la semana 14 de gestación, y más allá de ese plazo en casos de violación o de riesgo para la vida o la salud integral de la persona gestante.
La ley también dispone que el aborto se debe realizar en un plazo máximo de diez días corridos desde su requerimiento, y que será siempre gratuito, al igual que las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo. Además, la ley establece que el personal de salud solo podrá objetar su participación en la práctica por motivos de conciencia, y que deberá derivar de buena fe a la persona gestante para que sea atendida por otro u otra profesional.
Estas disposiciones buscan garantizar el acceso efectivo al aborto legal, seguro y gratuito, y evitar las barreras y obstáculos que históricamente han impedido o dificultado el ejercicio de este derecho. Así, la ley contribuye a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas gestantes, al prevenir las muertes evitables, las infecciones, las hemorragias, las perforaciones uterinas, las esterilidades y otras consecuencias graves que pueden provocar los abortos inseguros.
Acceso a Servicios de Salud
Según el último reporte anual del Proyecto Mirar, una iniciativa del Centro de Estudio de Estado y Sociedad (CEDES) e Ibis Reproductive Health que monitorea la implementación de la ley de aborto, los abortos realizados en el sector público se incrementaron en un tercio entre el primero y el segundo año de implementación de la ley. Mientras en 2021 se registraron 73.487 interrupciones del embarazo, la cifra fue de 96.664 en 2022.
Este aumento se explica por la mayor demanda de abortos legales por parte de las personas gestantes, que se sienten más informadas, empoderadas y respaldadas por la ley para ejercer su derecho. También se debe a la mayor oferta de servicios de salud que brindan la atención del aborto, que pasaron de 417 en 2021 a 1.026 en 2022, lo que implica un incremento del 146%.
El reporte también destaca que el 98% de los abortos realizados en el sector público se hicieron mediante el método de medicación, que consiste en la administración de misoprostol y mifepristona, dos fármacos que inducen la interrupción del embarazo de forma segura y efectiva. Este método es el recomendado por la Organización Mundial de la Salud para los abortos hasta la semana 12 de gestación, y tiene la ventaja de que puede realizarse en el primer nivel de atención y en forma ambulatoria, lo que reduce los costos y los riesgos para el sistema de salud y para las personas gestantes.
Igualdad y Justicia Social
La ley del aborto legal, seguro y gratuito también tiene un impacto positivo en la igualdad y la justicia social, al reconocer y proteger los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, especialmente de las más vulnerables y excluidas.
Antes de la ley, el aborto clandestino era una práctica discriminatoria y violenta, que afectaba de manera desproporcionada a las personas pobres, jóvenes, rurales, migrantes, indígenas y racializadas, que no podían acceder a servicios de salud de calidad ni a métodos anticonceptivos eficaces.
La ley del aborto legal, seguro y gratuito busca revertir esta situación, al garantizar el acceso universal y equitativo al aborto, sin importar el nivel socioeconómico, la edad, la etnia, la nacionalidad o el lugar de residencia de las personas gestantes. Así, la ley contribuye a reducir las brechas de género y las desigualdades sociales, al promover la autonomía, la dignidad y la libertad de las mujeres y personas con capacidad de gestar, y al permitirles decidir sobre sus proyectos de vida, su educación, su trabajo y su bienestar.
Contraste con el Aborto Clandestino
Antes de la implementación de la ley, la situación del aborto en Argentina era preocupante. Se estima que se producían unos 500 mil abortos clandestinos al año. Estas prácticas clandestinas a menudo resultaban en graves secuelas o la muerte de la persona gestante, debido a hemorragias graves, infecciones, peritonitis, traumatismo de cérvix, rotura uterina, lesiones varias en vagina y útero.
Según datos oficiales, entre 2015 y 2019 hubo 79 muertes por abortos clandestinos en Argentina, lo que representa el 13% de las muertes maternas en ese período. Sin embargo, se cree que el subregistro oculta muchas más muertes, ya que muchas personas gestantes no declaran haberse practicado un aborto o mueren en sus domicilios sin asistencia médica.
El aborto clandestino también implicaba un costo económico y social para el sistema de salud y para la sociedad en general. Se calcula que el tratamiento de las complicaciones por abortos inseguros demandaba unos 300 millones de pesos al año al sistema público de salud. Además, el aborto clandestino generaba un impacto negativo en la productividad, el ingreso familiar, la educación, la igualdad de género y el bienestar de las personas gestantes y sus hijos e hijas.
Conclusión:
La implementación de la Ley Nº 27.610 ha demostrado ser un paso crucial para garantizar el derecho a la salud y la vida de las mujeres y personas con capacidad de gestar en Argentina.
Aunque todavía hay desafíos por enfrentar, como la objeción de conciencia, la falta de información, la estigmatización y la resistencia de algunos sectores conservadores, los beneficios de esta ley son evidentes al contrastar la situación actual con la del aborto clandestino.
La ley del aborto legal, seguro y gratuito es una conquista histórica del movimiento feminista y de la democracia argentina, que debe ser defendida y consolidada como una política de Estado.
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