El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, promulgó su ley de pensiones, lo que pone fin a una importante reforma legislativa sin el tipo de protestas violentas que se han visto en otros países después de que los gobierno impulsaran cambios similares.

El senado uruguayo aprobó una versión suavizada de la ley que incorporó cambios de última hora exigidos por dos partidos de coalición en la cámara baja. 

El proyecto elevará la edad de jubilación para muchos uruguayos de 60 a 65 años y dice que fomentará el ahorro personal, entre otras medidas.

Trabajar más tiempo para cobrar lo mismo o menos

Pedirle a la gente que trabaje más tiempo por el mismo, o menos, dinero de jubilación está resultando políticamente polémico en todo el mundo. Aunque la impopular iniciativa de Lacalle Pou desencadenó huelgas sindicales, el descontento no desembocó en la violencia que se vivió Francia cuando Macron promulgó su reforma previsional.

En Argentina un proyecto de Mauricio Macri provocó masivas protestas y enfrentamiento con fuerzas represivas frente al congreso. Irlanda y Canadá han vivido procesos similares y estas iniciativas de cambios en las pensiones  también se han enfrentado el rechazo público.

Según sondeos publicados en marzo solo el 27% por ciento de la población aprobaba la iniciativa del gobierno y casi el 60% la rechazaba.

Tanto la izquierda como la derecha coincidieron en que había que hacer algo para estabilizar el gasto en pensiones en niveles sostenibles. Pero tenían puntos opuestos sobre cómo arreglar uno de los sistemas de jubilación mas profundos de la región que prácticamente ha erradicado la pobreza en la vejez en un país de 3.5 millones de personas.

El Frente Amplio de oposición exigió una revisión más ambiciosa de todo el sistema de seguridad social financiado con aumento de impuestos.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, criticó a través de sus redes sociales la reforma del gobierno.

En una publicación en su cuenta de Facebook, Pereira señaló que esta reforma es “únicamente” una reforma del sistema de jubilaciones y pensiones, que “no asegura los recursos para otras políticas necesarias como el ataque a la pobreza infantil, más recursos para la educación o más y mejores políticas de cuidados”.

Pereira agregó que “hay problemas de sustentabilidad financiera” que el proyecto no atiende.

En ese sentido, apuntó que, con esta reforma, el gobierno incumple una promesa de campaña del presidente Luis Lacalle Pou, que se había comprometido a no aumentar la edad de jubilación.

Además, señaló que “la esperanza de vida no es la misma entre los pobres que entre los ricos”, y que habrá trabajadores que pasarán a estar desempleados alrededor de los 60 años, por “el impacto de las nuevas tecnologías”.

“Los propios estudios de que disponía la comisión de expertos alertaban que para los países más desarrollados, cuando se subía la edad de jubilación, de cada cien trabajadores, solamente cincuenta seguían trabajando y el resto atravesaba situaciones de desempleo, enfermedad o debía jubilarse por incapacidad”, agregó Pereira.

A su juicio, es “más adecuado” atender a la sustentabilidad financiera con sustentabilidad social, permitiendo que las personas sigan jubilándose con la edad actual, pero con menores montos de retiro, “cuidando que los más débiles no sean tan afectados y que se sigan percibiendo mínimos decorosos”.

Fuentes: Bloomberg y debate.com.uy