Una celda para silenciar: Castillo denuncia que Betssy Chávez podría ser asesinada

Desde su reclusión en el penal de Barbadillo, Pedro Castillo Terrones, quien fuera presidente constitucional del Perú hasta su destitución y encarcelamiento en diciembre de 2022, emitió una declaración pública en la que advierte sobre una amenaza directa contra la vida de su ex primera ministra, Betssy Chávez, y denuncia lo que califica como una persecución política sistemática. El texto, difundido en la red social X, expone una serie de acusaciones que, de comprobarse, representarían una grave vulneración a los derechos humanos y al Estado de Derecho en Perú.

Solidaridad y alerta sobre una amenaza de muerte
Castillo inicia su mensaje expresando su "total solidaridad" con Betssy Chávez Chino, quien fuera presidenta del Consejo de Ministros durante su mandato, y denuncia que ella "ha tenido el coraje de denunciar ante las autoridades judiciales la existencia de una organización criminal al interior del Penal Anexo Mujeres de Chorrillos, donde permanece secuestrada".

La palabra “secuestrada” es central en esta declaración: al utilizar este término, Castillo sugiere que la detención de Chávez no responde al debido proceso legal, sino que se enmarca en un contexto de persecución política con tintes represivos.

Más grave aún es su advertencia: “Betssy Chávez ha señalado que su vida corre peligro al haberse puesto en marcha un posible intento de eliminación física en su contra.” Esta afirmación sitúa la denuncia en un plano crítico, que compromete directamente a las autoridades penitenciarias, judiciales y políticas del actual gobierno, al insinuar un posible “crimen de Estado”.

Denuncias de mafias carcelarias y complicidad oficial

Castillo detalla que, según el testimonio de Chávez, en el penal existiría una “organización criminal” dedicada a prácticas como: 

“chantaje sexual”
“cobros ilegales por celdas”
“restricciones selectivas de visitas”
“toques de queda arbitrarios”
y “otros actos propios de mafias que operan con la tolerancia y complicidad de las autoridades”

Estas acusaciones no sólo exponen irregularidades dentro del sistema penitenciario, sino que sugieren un entramado de corrupción y violencia institucional que afectaría particularmente a los presos considerados disidentes políticos o símbolos del gobierno depuesto.

Contexto político: una “dictadura” y la persecución a líderes democráticos
Castillo enmarca estas denuncias dentro de lo que denomina una "escalada intolerable de la persecución política que venimos sufriendo los líderes democráticos que fuimos derrocados por la dictadura que hoy gobierna el Perú."

Este señalamiento refuerza su postura de que su destitución fue ilegal y parte de un “golpe institucional”, lo cual ha sido objeto de debate tanto en el ámbito nacional como internacional. La expresión “dictadura que hoy gobierna el Perú” es una acusación directa a la administración de Dina Boluarte y a los poderes que sostienen su mandato, particularmente el Congreso y sectores del aparato judicial.

Llamado a la comunidad internacional y a organismos de derechos humanos

Castillo hace un llamado urgente a actores clave:

“Hago un llamado urgente a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, a la Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru), a los movimientos sociales y al pueblo peruano para que acudan de inmediato a verificar la situación, brinden garantías a su integridad y exijan el cese de estos crímenes de Estado.”

Aquí se destaca la búsqueda de respaldo externo ante lo que considera una clausura de las vías institucionales internas. El uso de la expresión “crímenes de Estado” sugiere una acusación formal de violaciones sistemáticas a los derechos humanos desde los aparatos del Estado peruano actual.

Implicancias regionales: el avance del “sistema destituyente” en América Latina

Más allá del caso puntual, el mensaje de Castillo se inscribe en una narrativa que denuncia una forma de usurpación del poder mediante mecanismos institucionales, que se ha repetido en otros países de América Latina. Este fenómeno ha sido señalado por distintos analistas y movimientos sociales como el "lawfare" o guerra jurídica, que utiliza las herramientas legales y judiciales para deslegitimar y destituir gobiernos populares o progresistas, sin recurrir a la fuerza armada directa.

Casos similares se han observado en la destitución de Dilma Rousseff en Brasil, el encarcelamiento de Lula da Silva (posteriormente revertido), la inhabilitación de Rafael Correa en Ecuador o el golpe institucional en Bolivia contra Evo Morales en 2019.

En este contexto, la situación de Pedro Castillo y Betssy Chávez podría interpretarse —desde esta óptica— como parte de una estrategia regional para desarticular liderazgos políticos disruptivos respecto al statu quo económico y político.

Advertencia
El mensaje de Pedro Castillo desde prisión no es sólo un gesto de apoyo a una exfuncionaria detenida, sino una advertencia seria sobre las condiciones del sistema institucional peruano y una denuncia frontal a lo que considera una persecución política encubierta bajo legalidades formales. La gravedad de los hechos denunciados por Betssy Chávez —incluyendo una supuesta amenaza contra su vida— requiere una investigación inmediata y transparente, así como atención internacional urgente.

Castillo se presenta, en su rol de "Presidente Constitucional de la República del Perú", como víctima de una estructura de poder que —según él— ha traicionado la voluntad popular y pone en riesgo la democracia misma.