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La Defensoría del Pueblo, junto a vecinos del Loteo Social de Gran Neuquén Norte, presentaron una acción de amparo ambiental contra la Municipalidad de Neuquén, la Provincia del Neuquén y Comarsa por el daño ambiental que provoca la actividad industrial de esta empresa y el proceso denominado de Biorremediación, el que afecta la calidad de vida de los vecinos del sector.
A través de la medida que se presentó en el Juzgado Laboral N° 1, Riva solicitó el cierre total y definitivo de la empresa, sin condonaciones ni prórrogas que dilaten como hasta ahora el fin de la actividad en el sector.
Además, instó al juez obrante a impedir la instalación de cualquier actividad similar en la zona y solicitó ordene a la empresa demandada la remediación del suelo dañado y la posterior devolución de las tierras al Órgano Ejecutivo Municipal.
El defensor justificó la presentación en este momento en virtud de la cristalización del daño ambiental y sus consecuencias en la salud de las familias que se evidenció en el proceso de cierre total y remediación del espacio el que consolida la acumulación de esta basura industrial, la ausencia de un proceso participado y con información suficiente acerca de las consecuencias a la ciudadanía, principalmente para quienes conviven con dicha contaminación.
En el texto del amparo, el defensor del pueblo narró las acciones desarrolladas por el organismo en torno a la problemática ambiental en el sector, en la que se tomó intervención a partir de la solicitud de vecinos que acudieron a pedir ayuda al observar a diario el aumento de tierras “en tratamiento” en las instalaciones de Comarsa. El juez Sergio Cosentino declaró el lunes la admisibilidad del recurso.
Mediante el recurso de amparo, la Defensoría del Pueblo y los vecinos requirieron el cierre total y el traslado definitivo de la planta individualizada, erradicando toda actividad posible de la firma Comarsa y/o cualquier empresa que se dedique al tratamiento/ acumulación de residuos de la industria petrolera en Parque Industrial de la ciudad de Neuquén, en inmediaciones de zonas residenciales urbanas.
Además, pidieron la revocación de la autorización de venta dada mediante Ordenanza 12912 e iniciar el proceso de recuperación del área para el dominio municipal, previo saneamiento y remediación por Comarsa de todo el sector que ocupa.
Paralelamente, y hasta tanto se dicte sentencia, Riva solicitó como medida cautelar la instalación de medidores de la calidad del aire, tanto en la empresa como en lugares aledaños a determinar en el loteo social Gran Neuquén Norte, a los efectos de mantener informada oficialmente a la ciudadanía respecto de las acciones que deben considerar para mitigar efectos nocivos.
Asimismo, pidió que se inste a una urgente intervención para garantizar la no volatilización de los barros producidos por la industria petrolera y/o fracking acopiados en las instalaciones de la empresa; y que se extremen las medidas para evitar olores nauseabundos del proceso de remediación de los pasivos ambientales dentro de Comarsa.
Respecto a la situación de los vecinos que residen en tierras aledañas, Riva solicitó como parte de las medidas precautorias la relocalización de las familias que deseen trasladarse a viviendas en sectores no afectados por las emanaciones y tierras contaminadas.
Además, solicitó la conformación de una comisión de participación ciudadana de seguimiento del proceso de biorremediación, integrada por vecinos, autoridades provinciales y municipales, la Defensoría del Pueblo, representantes de la empresa, especialistas designados de común acuerdo y referentes del Colegio de Profesionales del Ambiente de la provincia del Neuquén.
Entre los argumentos, la medida interpuesta por el defensor Riva denuncia la omisión del Órgano Ejecutivo Municipal respecto del cumplimiento de la Ordenanza 12912 que, entre otras cuestiones dispone como condición de venta la obligación de la empresa de forestar la tierra pública.
De igual modo, la Defensoría acusa la autorización del gobierno provincial al llamado proceso de “biorremediación” por parte de la empresa, mediante la que se avaló el acopio y acumulación de basura industrial contaminante. Así, las personas que habitan las urbanizaciones colindantes a Comarsa conviven con grandes volúmenes de residuos peligrosos.
Además, en el desarrollo de los antecedentes del caso queda expuesto el debilitado e ineficiente ejercicio del poder de policía y responsabilidad de control ambiental por parte del Gobierno provincial, en el marco de la obligatoriedad de cumplimiento de los principios que establece la Ley General del Ambiente. La demanda cuenta también con aportes de profesionales del Colegio de Profesionales del Ambiente.
También, el defensor señala el cercenamiento a los mecanismos de participación ciudadana y al acceso a información transparente respecto de la contaminación en el suelo, napas y aire generada por la empresa Comarsa, y las posibles afectaciones a la salud debido a la presencia de residuos peligrosos provenientes de la industria petrolera.
En el documento presentado en el Juzgado Laboral N° 1 se acreditó con imágenes satelitales del crecimiento urbano hacia el sector, así como el crecimiento de superficie de tierras afectadas a la actividad de la empresa de saneamiento y recuperación de materiales.
Cabe recordar que en 2015 se determinó un plazo de cierre y traslado de la empresa, en el marco del decretó que estableció la imposibilidad de realizar actividades afines en sitios ubicado a menos de 8 km de las urbanizaciones.
La dilación en este proceso motivó la presentación de la medida judicial, considerando también la falta de certezas de su cumplimiento en el extenso plazo otorgado a Comarsa para su traslado antes de diciembre de 2022.
Fuente: Defensoría del Pueblo de Neuquén
