NeuquenNewsLa Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a colocar al Gobierno nacional frente a una obligación que el Poder Ejecutivo intentó postergar por distintas vías: cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, al menos en los puntos que ya habían sido protegidos por una medida cautelar.
El máximo tribunal desestimó el recurso del Estado nacional contra la decisión judicial que ordenaba aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. Esos artículos establecen la actualización de los salarios docentes y nodocentes de las universidades públicas y la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
La resolución no implica todavía una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad del decreto con el que el Gobierno buscó suspender la aplicación plena de la ley. Pero sí deja en pie una definición de enorme peso político: mientras la causa principal siga en trámite, el Ejecutivo no puede usar la demora judicial como excusa para seguir congelando derechos salariales y estudiantiles reconocidos por una ley vigente.
El fallo también rechazó el pedido de excusación impulsado por el Gobierno y ordenó intimar al Estado para que cumpla con el depósito previsto por la normativa procesal. En otras palabras, la Corte no solo desestimó el planteo central, sino también una maniobra lateral que pretendía correr a jueces del expediente bajo el argumento de que tenían vínculo con la docencia universitaria.
La discusión excede largamente una disputa técnica entre abogados del Estado y representantes del sistema universitario. En el fondo, lo que está en juego es si un gobierno puede promulgar una ley aprobada por el Congreso, pero al mismo tiempo vaciarla de efecto práctico invocando razones presupuestarias. Esa fue la lógica del Decreto 759/2025: reconocer formalmente la norma, pero condicionar su ejecución hasta que aparecieran partidas específicas.
El problema es que la Ley de Financiamiento Universitario no fue un gesto testimonial. Fue aprobada por el Congreso, resistió el veto presidencial y volvió al Ejecutivo con la fuerza institucional que le otorga el artículo 83 de la Constitución Nacional. Frente a ese recorrido, la insistencia oficial en bloquear su aplicación aparece menos como una defensa del equilibrio fiscal que como una pulseada política contra una decisión legislativa incómoda.
El Gobierno nacional intenta presentar cada partida destinada a educación, salud, ciencia o jubilaciones como una amenaza al orden fiscal. Pero el equilibrio de las cuentas públicas no puede construirse sobre la licuación indefinida de salarios, becas y presupuestos esenciales. La universidad pública no es una caja discrecional del poder de turno: es una institución del Estado, con autonomía, trabajadores, estudiantes, investigación, extensión y presencia territorial.
En Neuquén y Río Negro, la discusión tiene nombre propio: Universidad Nacional del Comahue.
La UNCo no es una abstracción presupuestaria. Es formación profesional, investigación aplicada, movilidad social, presencia en ciudades medianas y pequeñas, carreras estratégicas para la región y producción de conocimiento en una Patagonia atravesada por desafíos energéticos, ambientales, sanitarios y sociales.
El impacto del desfinanciamiento ya dejó marcas concretas. Las autoridades universitarias advirtieron en los últimos meses sobre pérdida salarial, renuncias docentes y dificultades para sostener el funcionamiento cotidiano. No se trata solamente de aulas con menos recursos. Se trata de laboratorios, carreras, becas, programas de permanencia estudiantil y equipos académicos que se desarman cuando el salario deja de ser compatible con la vida cotidiana.
El acuerdo parcial firmado semanas atrás entre el Ministerio de Capital Humano, el Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios universitarios introdujo una recomposición salarial del 24,33%, una actualización del 20% para gastos de funcionamiento, fondos para hospitales universitarios y una mejora en las Becas Manuel Belgrano. Pero el propio sistema universitario dejó claro que ese entendimiento no reemplazaba la aplicación plena de la ley.
La Corte, con su decisión, vuelve a poner el conflicto en su lugar. El Gobierno puede discutir prioridades presupuestarias, puede defender su programa económico y puede plantear sus objeciones políticas. Lo que no puede hacer es convertir una ley vigente en una recomendación optativa. Menos aún cuando esa ley protege salarios de trabajadores y becas de estudiantes en un sistema que viene soportando una pérdida de recursos sostenida.
El fallo es, por ahora, una victoria cautelar. No clausura el litigio. No ordena todavía la aplicación integral de todos los artículos de la ley. Pero sí golpea una estrategia oficial que consistió en demorar, apelar, condicionar y trasladar el costo del ajuste a las universidades.
El mensaje institucional es claro: las leyes se cumplen, incluso cuando incomodan al Poder Ejecutivo. Y en una democracia, la voluntad presidencial no está por encima del Congreso, de la Justicia ni de los derechos de una comunidad universitaria que viene reclamando algo elemental: poder enseñar, estudiar, investigar y trabajar sin que cada mes dependa de una negociación de emergencia.
Para el Gobierno nacional, el fallo representa un revés judicial. Para las universidades, un respaldo parcial pero significativo. Para la sociedad, debería ser una advertencia: cuando el ajuste se naturaliza como método permanente de gobierno, la educación pública deja de ser una prioridad y pasa a ser una variable contable.
La Corte no resolvió todo. Pero esta vez le recordó al Ejecutivo que gobernar no es suspender leyes hasta que encajen en el relato oficial. La universidad pública, en la Argentina y en la Patagonia, no puede seguir esperando.
