Neuquén se moviliza contra una ley que pone en remate la tierra argentina

Este jueves Neuquén tendrá una cita con la defensa de su territorio. A las 17, organizaciones sindicales, sociales, políticas, ambientales y de derechos humanos se concentrarán en el Monumento a San Martín para rechazar el proyecto de ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, impulsado por el Gobierno nacional.

La movilización coincidirá con la reanudación de la sesión del Senado en la que se discutirá la iniciativa. El 16 de julio, la Cámara alta aprobó pasar a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto para tratar el expediente PE-13/2026, que ya cuenta con dictamen de mayoría y permanece pendiente de resolución.

La convocatoria neuquina forma parte de una jornada nacional de protesta. La Multisectorial de Tierra informó que, además de la marcha, impulsó una campaña para explicar el contenido del proyecto y reclamó a los representantes de la provincia en el Congreso que rechacen cualquier modificación que elimine los controles existentes.

Una ley con un nombre engañoso

El título elegido por el Gobierno pretende presentar el proyecto como una defensa abstracta de la propiedad privada. Sin embargo, detrás de esa denominación se encuentra una reforma mucho más amplia, que interviene sobre el régimen de expropiaciones, los procedimientos de desalojo, la Ley de Tierras Rurales y aspectos de la Ley de Manejo del Fuego.

En relación con las tierras rurales, el dictamen oficialista propone que sean las provincias las que decidan si mantienen restricciones para la venta a personas o empresas extranjeras. La propia información difundida por el Senado señala que el proyecto busca dejar en manos de cada jurisdicción la regulación de esas operaciones. 

Esa aparente defensa del federalismo implica, en los hechos, eliminar un piso nacional de protección. Sin una regulación común, cada provincia podría quedar sometida a las presiones de grandes corporaciones, fondos de inversión y capitales internacionales con una capacidad económica muy superior a la de los productores y habitantes locales.

La tierra no es una mercancía cualquiera. Es el espacio donde se encuentran el agua, los bosques, los minerales, los alimentos, las rutas estratégicas, las fronteras y las reservas energéticas. Su propiedad determina quién controla esos recursos y quién decide sobre su utilización futura.

Los límites que se pretenden remover

La Ley 26.737, vigente desde 2011, no prohíbe la inversión extranjera ni impide la compra de campos por parte de ciudadanos o empresas de otros países. Establece límites razonables para evitar una concentración que pueda comprometer la soberanía territorial.

La norma fija en el 15% el máximo de tierras rurales que pueden quedar bajo titularidad extranjera, tanto en el conjunto del país como dentro de cada provincia y municipio. También dispone que una misma nacionalidad no puede concentrar más del 30% de ese cupo y limita a mil hectáreas la superficie que puede poseer un mismo titular extranjero en la zona núcleo, o su equivalente en otras regiones. 

Además, la ley prohíbe que personas o sociedades extranjeras sean propietarias de inmuebles que contengan o sean ribereños de grandes cuerpos de agua permanentes. También mantiene controles especiales sobre las tierras ubicadas en zonas de seguridad de frontera.

Eliminar estas protecciones no significa favorecer la inversión productiva. Significa permitir que espacios estratégicos puedan quedar sometidos a decisiones empresariales tomadas fuera del país y orientadas exclusivamente por la rentabilidad.

El promedio nacional oculta las zonas en disputa

Uno de los argumentos utilizados para relativizar el problema es que alrededor del 5% de las tierras rurales argentinas se encuentra actualmente en manos extranjeras, por debajo del límite nacional establecido por la ley.

Pero el promedio esconde la verdadera dimensión del conflicto. La concentración no se distribuye de manera uniforme: las mayores presiones se encuentran en zonas de frontera, áreas cordilleranas, regiones mineras, territorios con acceso al agua y lugares de alto valor ambiental o logístico.

Durante una reunión informativa realizada en el Senado, investigadores vinculados al Conicet advirtieron sobre los riesgos del proyecto y señalaron que el territorio ya extranjerizado equivale aproximadamente a la superficie de la provincia de Santa Fe. También alertaron que la discusión no debe reducirse a una cifra nacional, sino considerar qué territorios y recursos están siendo adquiridos. 

En Neuquén, esta discusión adquiere una gravedad particular. La provincia contiene recursos hidrocarburíferos, cursos de agua, áreas cordilleranas, minerales, bosques y extensas zonas fronterizas. Abrir la compra de tierras sin límites no es una decisión administrativa: es modificar las condiciones futuras de control sobre el patrimonio provincial.

El riesgo de convertir los incendios en oportunidad inmobiliaria

El proyecto también introduce cambios en la Ley de Manejo del Fuego. El dictamen oficialista reconoció que se incorporaron modificaciones vinculadas con las zonas agropecuarias, aunque distintos sectores reclamaron que ese capítulo sea sometido a audiencias públicas y a un análisis ambiental específico. 

La legislación vigente prohíbe durante 60 años cambiar el uso de bosques, humedales y áreas naturales protegidas afectadas por incendios. Para zonas agropecuarias, praderas, pastizales y matorrales, establece restricciones durante 30 años para impedir emprendimientos inmobiliarios o actividades diferentes de las existentes antes del fuego. 

Estas disposiciones fueron creadas para quitarles rentabilidad económica a los incendios intencionales. Debilitarlas podría volver a instalar un incentivo peligroso: quemar un territorio para modificar luego su destino productivo, inmobiliario o comercial.

Una movilización en defensa del futuro

La concentración convocada para este jueves no expresa un rechazo a la inversión extranjera ni una defensa de territorios improductivos. Plantea algo más elemental: que el desarrollo económico debe realizarse bajo reglas que protejan el interés público, el ambiente y la soberanía.

La Argentina necesita inversiones, pero no necesita entregar el control de su tierra para conseguirlas. Un país puede promover la producción, generar empleo y recibir capital sin renunciar a establecer límites sobre quién puede apropiarse de sus recursos estratégicos.

Los senadores y senadoras que representan a Neuquén tienen una responsabilidad concreta. No fueron elegidos para facilitar el remate del territorio provincial, sino para defender los intereses de sus habitantes. Frente a un proyecto que reduce controles y fragmenta la protección nacional, el voto responsable es el rechazo.

La convocatoria será este jueves 6 de agosto, a las 17, en el Monumento a San Martín de la ciudad de Neuquén. La consigna resume el fondo de la discusión: la tierra argentina no se vende y la soberanía no puede quedar subordinada al mejor postor.

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